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Solo hay algo peor que la indebida politización de la justicia, es la interesada judicialización de lo político. Dicen los expertos, que el Presidente Petro, sin el debido análisis, ni la adecuada consideración de los efectos macroeconómicos relacionados con el mantenimiento y promoción del empleo, el adecuado desarrollo empresarial y el manejo correcto de variables como el costo de vida y las proyecciones inflacionarias, expidió el decreto por medio del cual se estableció el nuevo salario mínimo, para beneficiar en la práctica, un relativamente reducido número de trabajadores, cuya remuneración real tiene relación directa o indirecta con el monto del salario mínimo. Podría decirse que la gran masa de trabajadores que actualmente se encuentran en el mercado informal o que pretenden comportarse como nuevos emprendedores de nacientes proyectos económicos y sociales, realmente no se benefician por el aumento del mínimo, por el contrario, pueden verse afectados de manera negativa, por el alza en el costo de insumos laborales.
Lo mismo puede afirmarse de otros actores del mundo económico, por ejemplo, los pensionados. Es cierto que quienes reciban una pensión cercana al mínimo, les debe subir hasta alcanzar niveles cercanos al mínimo, pero la mayor parte de quienes reciben la pensión van a recibir un incremento que solo alcanza los niveles de incremento del costo de vida, lo que en la práctica significa que el aumento del mínimo, no solo dejará de beneficiarlos, sino que en la práctica podría argumentarse que el nivel del incremento en la pensión, estaría por debajo de los alcanzados en el costo de vida.
Estos y otros elementos de análisis, así como la falta de una verdadera concertación en las mesas de trabajo previas a la imposición y expedición del decreto sobre incremento del salario mínimo, generaron una especie de desconcierto en distintos sectores económicos y sociales, quienes reclamaron una urgente y racional intervención de las autoridades judiciales, con el fin de obligar al gobierno a adoptar medidas tendientes a buscar niveles razonables de incremento.
Por razones de competencia material, el texto del decreto se demandó ante el Honorable Consejo de Estado, con intervención de prestantes juristas altamente versados en estos complejos temas laborales. Puede decirse que hubo una especie de clamor por parte de importantes sectores de la sociedad, clamando por una adecuada, inteligente y oportuna intervención del máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
Utilizando las facultades que le otorga la Constitución y la ley, el Consejo adoptó la medida cautelar de ordenar la suspensión provisional del decreto, dando al gobierno un término días para presentar los análisis y estudios que le permitieran sustentar adecuadamente su discutido decreto, de manera que el órgano judicial tuviese toda la información necesaria, antes de pronunciarse sobre la validez o nulidad del acto administrativo.
Lo curioso es que quienes solicitaron la intervención de la justicia para arreglar el supuesto error del gobierno, ahora claman porque se mantenga el decreto tal cual se encuentra. Es decir, sí, pero mejor no.
