El conflicto jurídico en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) por la decisión del Consejo de Estado de tumbar el nombramiento de Jorge Carrillo como presidente entró en una nueva fase de tensión.
Este medio conoció dos documentos en los que Julio César Yepes, accionista minoritario y demandante, solicitó la “intervención urgente” del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco.
¿Cuál es el motivo? Su petición es garantizar que la administración de ISA acate de manera inmediata el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, del pasado 26 de febrero, que declaró la nulidad de la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso.
Así las cosas, Yepes le pidió formalmente a la Procuraduría que vigile el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, ya que la decisión de la Junta Directiva de suspender el contrato, en lugar de terminarlo, es una maniobra para dilatar el proceso.
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Cuestionamientos a la “suspensión” del contrato de Jorge Carrillo en ISA.
La controversia central radica en la respuesta de la Junta Directiva de ISA ante la notificación judicial. El pasado 27 de febrero, tras una reunión extraordinaria, la empresa comunicó que decidió “suspender temporalmente su contrato de trabajo” hasta que la sentencia quede en firme, momento en el cual se daría por terminado.
Para Yepes, esta figura jurídica es improcedente. En su solicitud a la Procuraduría, el demandante sostiene que “no se entiende cómo puede ‘suspenderse’ un contrato de trabajo cuyo fundamento se declaró nulo”, argumentando que, al desaparecer el acto de elección del ordenamiento jurídico, el contrato generado de este tampoco debería existir.
Según Yepes, los miembros de la Junta estarían “abusando del derecho de las mayorías” al no finalizar el vínculo laboral de inmediato, lo que califica como una táctica para “dilatar su cumplimiento en el tiempo”.
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Fallas en la moralidad administrativa del caso Carrillo en ISA
El fallo del Consejo de Estado, citado en los documentos de Yepes, señala que la elección de Carrillo afectó el “principio constitucional de la moralidad administrativa”.
La sala advirtió que la Junta Directiva se apartó de los estándares de transparencia al modificar sustancialmente los criterios de evaluación cuando el proceso ya estaba avanzado y al desatender, sin justificación suficiente, los resultados de la firma experta Korn Ferry.
Ante este panorama, Yepes también envió una comunicación al presidente encargado de ISA, Gabriel Jaime Melguizo, exigiendo información sobre las medidas adoptadas para “retomar el proceso de selección a candidatos a presidente de ISA”.
El accionista advierte que la demora en este trámite continúa violando los estatutos sociales y el Código de Buen Gobierno Corporativo de la compañía, la cual, por su naturaleza de participación estatal y presencia en el mercado de valores, debe dar ejemplo de cumplimiento diligente de las decisiones judiciales.
Hasta el momento, Yepes asegura que “se desconoce qué actividades ha realizado ISA para cumplir esa orden judicial”, mientras insiste en que la intervención del Ministerio Público es vital para evitar que se siga socavando la confianza ciudadana en las instituciones.
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