Una de las propuestas más controvertidas en la reforma tributaria del Gobierno es la eliminación del Régimen Simple de Tributación, en el que se unifican el impuesto de renta, el Impuesto Nacional al Consumo o el de Industria y Comercio.
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El objetivo de este régimen es llevar a los pequeños comercios a formalizarse, pagando “todo en uno” con tarifas del 1,2% al 8,3% dependiendo de los ingresos brutos. Pero, según el Gobierno Petro, “la evidencia disponible indica que el Simple no ha cumplido con los objetivos para los que fue creado”.
Asegura que en lugar de fomentar la formalización empresarial ha sido utilizado como un mecanismo para reducir el pago de impuestos de personas naturales y jurídicas que ya hacían parte de los regímenes ordinarios. Por eso propone suprimirlo y reemplazarlo con una tarifa impositiva diferencial de 27% para pequeñas empresas que tengan una renta líquida menor a $295 millones.
Pero para algunos centros especializados la eliminación no es el camino correcto. Uno de ellos es el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que sugiere modificarlo en vez de acabarlo.
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El Observatorio dice que si bien no se puede demostrar que el Simple está cumpliendo los objetivos para los que fue creado, tampoco se puede demostrar que los está incumpliendo. Ejemplifica que la formalidad laboral ha venido creciendo en los últimos años, pero es complejo determinar cuánto ha contribuido el Régimen Simple porque el mercado laboral tiene varios factores complejos.
Agrega que existen muchas dudas sobre su impacto, pero es posible que gracias a este las empresas de bajos ingresos se hayan formalizado y logrado cumplir con sus obligaciones financieras en 2023 y 2024, años de bajo crecimiento económico.
La propuesta
Por eso propone repensar su fórmula y cambiar el límite para que las compañías puedan acogerse, que hoy están en 100.000 UVT de ingresos (aproximadamente $4.700 millones en 2024) y ha generado masivas migraciones desde el régimen ordinario —el 65% de las firmas que lo acogieron desde 2023 lo hicieron trasladándose—.
La sugerencia es bajar este umbral de ingresos a 44.769 UVT (aproximadamente $2.100 millones) y simplificar las tarifas agrupando las actuales en solo dos categorías. Esto, permitiendo enfocarse en las empresas más pequeñas.
Hacer el ajuste en vez de eliminarlo también ha sido propuesto por Anif, que califica ese régimen como un vehículo útil para “simplificar la carga tributaria de empresas de menor tamaño, que de aprobarse la reforma tendrían que pagar una tasa de renta corporativa del 27% y enfrentarían una gestión tributaria más compleja”.
Según ese centro de pensamiento, el mismo Gobierno reconoce que 35% de los contribuyentes del Simple en los últimos dos años no provienen del régimen ordinario. “Este número debería ser mucho mayor, pero para lograr dicho objetivo sería mucho mejor perfeccionar el actual régimen y no acabarlo”.
Desde el Gobierno, el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, ha asegurado que el régimen solo ha reducido la carga que antes pagaban algunos empresarios formales, por lo que se necesitan otras estrategias para formalizar compañías.
