Como un tablero de ajedrez con las fichas dispuestas estratégicamente para iniciar la partida, el Ministerio de Hacienda presentó ante el sector privado los pilares de lo que será la reforma fiscal que llevará al Congreso, para que sea debatida y aprobada.
Debido a la pandemia, la deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) como porcentaje del PIB creció sostenidamente del 50,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019 a 65,4 % este año, mientras que el déficit fiscal escaló de -3,1 % a -8,6 % del PIB en el mismo periodo.
En teoría, la apuesta de la reforma es obtener un recaudo de 25,4 billones de pesos, de los cuales 10,5 billones estarían asociados al IVA, y otros 16,8 billones al pago de las obligaciones de las personas naturales (ver gráfico)
En ese contexto, los analistas económicos del Banco Itaú señalaron que ante el deterioro de esas métricas fiscales, la reforma que se llevará al legislativo estaría fundamentada en tres pilares. En primer lugar, en materia de IVA, con el objetivo de generar recaudo para la inversión social, se eliminarían tratamientos preferenciales en algunas tarifas impositivas.
Por otro lado, con respecto a la renta de personas naturales, se propone incrementar la base gravable, manteniendo el supuesto de la progresividad en materia de ingresos. Y en tercer lugar, en cuanto a la renta de personas jurídicas, con el objetivo de la eficiencia y reactivación, se aplicará tarifa corporativa preferencial para micros y pequeñas empresas, y se eliminarán algunos beneficios tributarios, respetando derechos adquiridos.
Además, se establecen ciertas anotaciones con respecto a la regla fiscal, resaltando que actualmente este mecanismo de ajuste tiene métricas sobre el balance fiscal y no sobre el endeudamiento lo cual constituye un inconveniente para la consolidación fiscal.
“En Itaú notamos que las agencias de calificación crediticia se mantienen vigilantes a la propuesta del Gobierno para estabilizar la deuda y disminuir el déficit fiscal. En ausencia de un plan de consolidación fiscal, creemos que la posibilidad de que Colombia pierda el grado de inversión se incrementa considerablemente”, advirtieron los analistas de esa entidad (ver Paréntesis).
Pese a que la presentación de la propuesta ya comenzó en distintos escenarios, fuentes de la cartera de Hacienda indicaron ayer que por solicitud de los congresistas el proyecto de ley se radicaría después de Semana Santa.
Cautela
Entendiendo que la presentación del Ministerio de Hacienda ante el Consejo Gremial Nacional (CGN) sirvió para desplegar las fichas y enunciar los aspectos generales de la reforma, los empresarios fueron cautos y estimaron conveniente conocer el texto completo del proyecto antes de ser presentado al Congreso, para generar una reflexión constructiva que contribuya al desarrollo del país.
No obstante, sin iniciarse la partida desde las “torres” de algunos sectores productivos ya se advierten algunas consecuencias. Por ejemplo, Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, hizo referencia a la pretensión de gravar los plásticos de un solo uso, es decir empaques y envases, que tendrían una tarifa de dos pesos por gramo.
“El impuesto es bastante alto lo cual encarecería el precio de alimentos, bebidas y en general bienes de la canasta básica. Este debería aplicarse a productos de un solo uso de todos los materiales (vidrio, papel, cartón) dado que todos generan impacto ambiental, incluso tienen tasas de reciclaje menores al plástico”, señaló Mitchell.
A su turno, sobre la idea de eliminar la categoría de productos exentos de IVA, el presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), Gonzalo Moreno, mencionó que esta impactaría el mercado del huevo y el pollo y “significaría gravar a los consumidores por la puerta de atrás”.
Según explicó, la clave estará en garantizar que todos los insumos para producir estos alimentos permanezcan a una tarifa del cero por ciento y que todos los IVA transversales en la cadena de producción no se cobren o sean compensados.
“De no hacer esto, el pollo y el huevo estarían en desventaja frente a la importación de estas proteínas, porque a estos sí les van a devolver el IVA”, agregó el presidente de Fenavi.
Una preocupación similar planteó Jeffrey Fajardo, presidente de la Asociación Colombiana de Porcicultores (Porkcolombia), quien mencionó que según la propuesta la carne de cerdo pasaría a ser un bien excluido de IVA y los productores no podrían recuperar los IVA pagados en el proceso de producción (alimento balanceado gravado al 5 % y otros insumos gravados al 5 % y al 19 %).
“O, más aún, que se excluya del IVA la carne de cerdo, hoy exenta (IVA 0 %) y se aumenten los IVA pagados en los insumos de producción, ya que, de esta manera esos impuestos se convertirían en un costo que sería trasladado al consumidor encareciendo su canasta de alimentos”, precisó Fajardo.
De otro lado, el exministro de Minas, Amylkar Acosta, consideró conveniente introducir modificaciones al impuesto al carbono e incluir todos los combustibles fósiles como el carbón, con la meta de recaudar 1,2 billones de pesos.
“Es de las pocas propuestas que comparto de la anunciada reforma tributaria, primero porque esa es la tendencia en el mundo que está empeñado en la transición energética desde las energías de origen fósil, que son tan contaminantes, hacia las fuentes no convencionales de energías renovables”, declaró.
Y en segundo termino, porque el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son vinculantes para Colombia y el presidente, Iván Duque, aumentó su ambición de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. “De manera que esta propuesta va en la dirección correcta, de descarbonizar la economía”, enfatizó Acosta.
Otras miradas
El viernes, al término de la asamblea de Bancolombia, el presidente de esta entidad Juan Carlos Mora, reconoció la urgencia de implementar una nueva reforma tributaria.
Consultado por el gravamen a los movimientos financieros o 4 x 1.000, el banquero abogó por su eliminación.
“Este impuesto nació como 2 x 1.000 y evolucionó hasta el nivel actual, pese a que se presentó como una medida temporal hace más de 20 años. Creo que es un impuesto antitécnico en el sentido de que desestimula el acceso a la bancarización y le resta a las posibilidades que ofrece el sector financiero”, expresó.
Adicionalmente, comentó que hay una realidad y es que ese es un impuesto eficiente en su recaudo porque lo hacen los bancos, y en cada transacción estas entidades lo retienen y lo entrega a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
“Así que si el impuesto se desmonta, habría que sustituirlo por otra fuente de ingresos”, concluyó el presidente del Grupo Bancolombia
$1,7
billones se proyecta recaudar en el país con el impuestos sobre vehículos.
