La Cámara avanza en el trámite del Presupuesto General de la Nación de 2027, con propuestas para fijar metas de ahorro estatal y destinar $3,9 billones a los afectados por el terremoto del 10 de agosto.
La plenaria de la Cámara de Representantes avanzó en la votación de impedimentos relacionados con el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, mientras se acerca el plazo para definir el texto definitivo de la iniciativa.
El presupuesto, aforado en $634,9 billones, debe quedar decidido antes del 20 de octubre. La expectativa es que el documento final para las plenarias esté listo durante lo que resta de esta semana y que la aprobación se produzca, a más tardar, el lunes 19 de octubre.
En el trámite se presentaron dos proposiciones, del congresista Christian Garcés, que buscan introducir cambios en la iniciativa: una para establecer compromisos medibles de austeridad y eficiencia en el gasto público, y otra para garantizar recursos destinados a la atención de los damnificados por el terremoto del 10 de agosto.
La primera proposición busca complementar el artículo 92 del proyecto de PGN de 2027, que contempla la creación de un programa de austeridad y eficiencia del gasto para todas las entidades incluidas en el presupuesto nacional.
La propuesta establece que el Ministerio de Hacienda deberá formular y publicar el programa en un plazo máximo de tres meses. El documento tendría que incluir metas cuantificables de ahorro, indicadores de gestión y eficiencia, porcentajes de reducción del gasto y mecanismos de seguimiento y verificación.
El objetivo es que las medidas de austeridad no se limiten a lineamientos generales, sino que cuenten con compromisos concretos que permitan evaluar los resultados de cada entidad.
Entre los rubros que se plantea priorizar para reducir gastos no esenciales están los contratos por prestación de servicios, el suministro de trabajadores en misión, los viáticos, la organización de eventos, la publicidad y los viajes.
La iniciativa también contempla que cada entidad tenga metas específicas de ahorro. El cumplimiento de esos objetivos deberá ser objeto de monitoreo y la información estará disponible para consulta pública en la página web del Ministerio de Hacienda.
Con estas medidas, la proposición busca fortalecer el control sobre el gasto estatal, facilitar la verificación de los ahorros y aumentar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La segunda iniciativa plantea modificar el artículo 91 del proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2027 para establecer una destinación específica y exclusiva de $3,9 billones de los recursos apropiados en el Ministerio de Hacienda.
Según la propuesta, el dinero se utilizaría para atender a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto y financiar las acciones necesarias para la recuperación de las zonas afectadas.
La destinación prevista comprende la atención integral de las familias damnificadas, así como la recuperación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas y de infraestructura pública y social.
También se busca financiar el restablecimiento de las condiciones económicas y sociales de los territorios afectados, con el propósito de apoyar su recuperación después de la emergencia.
La proposición pretende asegurar que los recursos señalados tengan un uso definido dentro del presupuesto y estén dirigidos exclusivamente a atender las consecuencias del sismo.
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