Con la liquidación de Justo & Bueno, quedó en veremos la suerte de los públicos afectados, especialmente los arrendadores y proveedores, quienes estaban en la cola de las prioridades al momento de responder por las deudas que quedaron con el cierre.
Darío Laguado Monsalve, el liquidador de la compañía, dijo a Blu Radio que “la nómina de 5.800 trabajadores fue degradándose a 4.000 y luego a 3.000. Ese día, 4 de agosto (cuando se ordenó la liquidación), todos quedaron cesantes. Pero esa situación no hay cómo pagarles. Hemos pagado, de cuentas laborales, $6.000 millones a 3.700 trabajadores correspondientes al mes de mayo”.
“Queda una cola muy grande, de unos $180.000 millones. Muy fácil arreglar el problema si uno piensa en las 1.057 tiendas que tenía en funcionamiento, con la mercadería y funcionamiento. Pero no ha sido así, porque el cierre repentino generó una realidad muy compleja”, señaló.
El agente liquidador sostuvo que no hay caja para ponerse al corriente con los acreedores y mencionó que la pérdida de la cadena fue “gigantesca”. “Hay 15.000 reclamaciones, con proveedores de toda naturaleza, entre ellos tecnología y combustibles. Y pienso que todos los proveedores de alimentos perdieron su plata, no hay ni un solo peso para pagarles. Ese grupo de empresarios tiene razones para estar enojado. Y en arriendos, que el inquilino le deba a los arrendadores 22 meses estaría enojado. Formalmente, presentaré el estado de cuentas el 15 de enero y se confirmará que el desfalco es cercano al billón de pesos”, resaltó.
La liquidación de Justo & Bueno se ordenó en agosto de este año tras meses de expectativa ante posibles inversores interesados en rescatar la cadena. El auxilio financiero nunca se concretó y el negocio cerró teniendo unas deudas cercanas a los 1,7 billones. Tras su cierre, dejó más de 1.000 locales en toda Colombia
Rafael Felipe Gómez, experto en derecho comercial de la firma Deraíz Abogados, le había dicho a este diario que “hay que tener en cuenta que la afectación económica de una liquidación es de magnitudes considerables. Especialmente para una cadena como Justo & Bueno, que tiene un número significativo de empleados y acreedores”.
El jurista había explicado que, en este caso, se haría una sumatoria para conocer el valor total de los activos (bienes pertenecientes a la compañía con los que se cubriría la deuda) y hay unas obligaciones que tendrán prevalencia.
“Las primeras contingencias que se tendrán que cubrir son aquellas relacionadas con lo laboral y lo tributario. Una vez se agoten esos temas, pasamos a los tipos de garantías, como las hipotecas que se hubieren constituido”, detalló Gómez.
“Luego —agregó— llegamos al final, que es donde lamentablemente se van a terminar encontrando los acreedores, porque estos entran a ser el grueso de la deuda y muchas veces no alcanzan a ser cobijados con el activo total de la sociedad y quedan en vilo, pero la ley dice que la sociedad responde sobre el límite de su patrimonio”.
