En diciembre de 2024 se aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, uno de los instrumentos clave del Gobierno Nacional para fortalecer la descentralización fiscal.
El objetivo es que los entes territoriales puedan administrar más recursos y atender sus propias necesidades con fondos corrientes de la Nación.
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Para implementar este nuevo modelo, el Ejecutivo deberá radicar ante el Congreso un proyecto de ley de competencias, en el que se definirán las responsabilidades de las entidades territoriales y se establecerán los montos destinados a sectores como educación, salud, agua potable, saneamiento básico e infraestructura, entre otros.
¿Qué le hace falta al proyecto de ley?
Sin embargo, hasta la fecha el proyecto de ley de competencias aún no ha sido radicado, mientras los días de la legislatura siguen avanzando. Esta situación pone en riesgo la entrada en vigencia del nuevo modelo del SGP, que busca fomentar la descentralización fiscal.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, advirtió que al proyecto aún le restan seis debates para ser aprobado de manera satisfactoria en el Congreso.
Los dos primeros debates tendrían lugar en la Comisión Primera y la plenaria de la Cámara de Representantes.
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El tercer y cuarto debate se harían en la Comisión Primera y la plenaria del Senado. En caso de presentarse diferencias entre ambas corporaciones, se requeriría una conciliación como quinto paso, y finalmente, un sexto debate en la plenaria conjunta de Cámara y Senado para su aprobación definitiva.
“Tiempos para estudiar algo de tanta profundidad ya no le quedan a este Gobierno. Pero mientras no se apruebe una ley de competencias y recursos, seguirá funcionando el SGP de acuerdo con las normas que rigen actualmente. A esto se suma que el Ejecutivo no tiene las mismas mayorías que contaba cuando se aprobó el proyecto”, aseguró el congresista.
Pérez consideró que es difícil que la iniciativa salga en 2025, y aseguró que el Gobierno debe ser cuidadoso al definir las competencias de las regiones, con el fin de evitar excesos que desborden la capacidad operativa de los entes territoriales o que los recursos del sistema sean insuficientes para que se cumpla con proyectos de inversión pública en salud, educación e infraestructura.
“Una ley orgánica (como la ley de competencias) necesita la mayoría calificada, que es la mitad de los miembros de la corporación más un voto. Para el caso de la Cámara, son 94 votos por el sí. En el caso de la Comisión Primera de la Cámara, si son 35, se necesitarían 18 votos por el sí”, expresó Pérez.
¿Cuándo se radica el proyecto de ley?
Sin embargo, el Gobierno Nacional anunció que el proyecto se radicaría el 20 de julio, con la finalidad de asegurar el traslado de 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación a los entes territoriales.
Todo esto se daría en un plazo máximo de 12 años que se cuentan a partir de 2027, con la finalidad de lograr autonomía y descentralización fiscal en las regiones.
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Desde el Ejecutivo explicaron que la reforma no solo implica responsabilidades para las regiones, sino que también evitaría desbalances entre ingresos y gastos. En ese sentido, se plantea como un mecanismo para adelgazar el Estado central mientras se fortalecen las regiones.
El borrador de Fededepartamentos
La entidad señaló que en abril de 2025 alistó un borrador sobre el que se están haciendo ajustes. En el documento se advierte que la ley de competencias debe promover proyectos sostenibles a largo plazo, así como una articulación entre los departamentos para consolidar iniciativas.
El texto identificó rubros como infraestructura, educación, financiamiento de la salud, alimentación, entre otros, como los principales destinos de los recursos del SGP.
Asimismo, se advirtió que el sector de agua potable y saneamiento enfrenta un déficit de $8,19 billones, razón por la cual se considera indispensable priorizar esta área.
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