Jorge Iván González lamenta que los gobiernos quieran que sus planes nacionales de desarrollo se ejecuten y cumplan de un día para otro. Eso, justamente, fue lo que le pasó a la administración del presidente Gustavo Petro, cuyas iniciativas para el cuatrienio se quedaron sobre el papel.
González, filósofo, economista y exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el actual gobierno, ayudó a trazar una ambiciosa hoja de ruta no solo para el período de Petro, sino para el mediano y largo plazo. Entre otras cosas, propuso el catastro multipropósito, el Registro Universal de Ingresos para mejorar la focalización de subsidios y el presupuesto por programa para organizar el gasto de forma eficiente.
“¿Por qué no avanzaron? Por el desespero. Los gobiernos, y este en particular, se desesperan porque estas reformas no cambian un país en cuatro años. El catastro toma tiempo, el Registro Universal requiere ensayos y pagos electrónicos, el presupuesto por programa exige disciplina. Pero el político quiere resultados para la próxima semana”, dice.
Entérese: ¿Quién es Jorge Iván González y por qué renunció a la dirección del Departamento de Planeación?
En esta entrevista con EL COLOMBIANO, el exdirector del DNP asegura que el Gobierno privilegió los perfiles de activistas sobre los técnicos, menciona que Petro no ha tenido incidencia en los indicadores positivos de la economía y advierte que el próximo mandatario en Casa de Nariño tiene dos tareas de arranque: una reforma tributaria y una ley de competencias.
Al acercarnos al ocaso de la administración de Gustavo Petro, ¿cuál considera que ha sido el principal logro en materia económica y, por el contrario, cuál ha sido el punto más débil?
“Mire, para responderle con franqueza, yo creo que la dinámica de la economía ha estado, por decirlo de alguna manera, por fuera de las políticas del gobierno. Ha existido una especie de esquizofrenia institucional. La actividad económica que vemos hoy no es el resultado de políticas diseñadas desde el Ejecutivo, ni tampoco es el reflejo de los mensajes que se emiten desde la Casa de Nariño.
Lo que estamos presenciando es una notable resiliencia de la actividad económica y del sector privado. Lo que sucede en el mercado no es consecuencia de una hoja de ruta estatal, a pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo teníamos eso muy claro. En ese documento, nosotros vendimos y estructuramos las tesis de Mariana Mazzucato sobre el Estado como impulsor de la dinámica privada; pero, finalmente, el Gobierno no le hizo ningún caso al plan de desarrollo. Por lo tanto, no se logró estructurar una sinergia donde el Gobierno creara las condiciones para que el sector privado se desarrollara con potencia”.
Antes ha sido al revés...
“Lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario: discusiones constantes del presidente con los gremios. Así que, aunque la actividad económica no está en un momento de optimismo desbordante, tampoco está en el abismo, pero esos resultados son inerciales. El sector privado ha demostrado una capacidad de respuesta tal que terminó por no prestarle demasiada atención a las declaraciones diarias del presidente, manteniendo una dinámica endógena importante.
Por el lado del gobierno, mi mayor crítica es precisamente esa: tenían el Plan Nacional de Desarrollo, tenían los instrumentos para el cambio estructural en sus manos y simplemente decidieron no prestarle atención. Se prefirió la retórica al instrumento técnico”.
Es curioso, porque el exministro José Antonio Ocampo coincide en que no ve una influencia del Gobierno en indicadores como la reducción del desempleo o el crecimiento.
“Con José Antonio trabajamos muy de cerca y muy bien. Cuando él era ministro de Hacienda y yo director de Planeación Nacional, logramos un plan de desarrollo bastante integrado. Recuperamos una articulación entre Hacienda y Planeación que se había perdido completamente en el gobierno de Duque, donde Planeación fue marginada o convertida en una secretaría de Hacienda.
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Por eso nuestro diagnóstico suele coincidir. Mi respuesta a su pregunta es que existe una dinámica propia de los agentes económicos. No es que estemos ante una actividad económica maravillosa; de hecho, sería otra si el Gobierno hubiera desarrollado infraestructura de transporte o integrado proyectos alrededor de inversiones estratégicas”.
Si no es el Gobierno, ¿de dónde vienen esos empujones? Se habla mucho del impacto del gasto público o de la contratación estatal, ¿qué factores explican realmente que las cifras no sean tan dramáticas?
“Muchos dicen que es el gasto público el que mueve la aguja, pero me parece que, aunque tiene un impacto favorable, no es la variable determinante en este ciclo. Es más una dinámica del sector privado y de procesos que ya venían con fuerza. Usted ve los restaurantes llenos, los aeropuertos absolutamente copados y los aviones en su máxima capacidad. Hay dinámicas de consumo que este gobierno no ha interferido directamente. Algunos intentan comparar a Petro con Chávez, pero eso no tiene fundamento técnico ni institucional en el caso colombiano. Este gobierno ha intervenido en dos sectores y le ha hecho mucho daño a la economía: el energético y el de salud.
Pero, fíjese que no se ha metido con la propiedad de las empresas privadas. Chávez nacionalizó; aquí la institucionalidad colombiana no le permite al Gobierno tales acciones. Los gremios finalmente entendieron que podían seguir operando sin el temor a una expropiación, y aunque algunas inversiones de capital se han aplazado esperando a que pase este periodo, la operación base se ha mantenido porque saben que no habrá un decreto que mañana diga que su empresa es del Estado. Esa protección institucional ha sido el salvavidas”.
También le preguntaba sobre el tema de la reducción del desempleo...
“Ahí hay dudas enormes. Existe una asimetría permanente entre la dinámica del PIB y la tasa de desempleo, y no es un problema exclusivo de ahora. Siempre hemos tenido interrogantes sobre cómo la información de empleo conversa con la dinámica del PIB. En Colombia nos falta avanzar muchísimo más en estadísticas, especialmente en tener información de flujos de empleo.
El empleo lo calculamos usualmente como una foto de personas fuera o dentro del mercado, pero el PIB se mide en flujos. Por eso es tan complicado encontrar una relación lineal. La situación del desempleo hoy no es dramática, ha disminuido, pero no tenemos una forma técnica de estimar si esa relación es sostenible o si responde a una precarización que las estadísticas actuales no alcanzan a capturar con precisión”.
Ahora mencionaba el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND), del cual usted fue uno de los cerebros. ¿Siente que ese plan fracasó en su implementación? ¿Cuál fue la gran piedra en el zapato que impidió que esas propuestas estructurales se volvieran realidad?
“Para responderle, debo dividir el tema en algunos puntos. Primero, las propuestas del PND que formulamos son tan estructurales que cualquier gobierno futuro tendrá que aceptarlas, sin importar si el próximo presidente es de extrema derecha, de centro o de izquierda. Son temas neurálgicos: nadie en su sano juicio puede decir que el ordenamiento territorial alrededor del agua no es importante, o que la convergencia regional y la modernización del campo no son relevantes. Eso queda ahí como un legado técnico. Segundo, dejamos tres instrumentos que son llaves maestras: el catastro multipropósito, el Registro Universal de Ingresos para mejorar la focalización de subsidios, y el presupuesto por programa para organizar el gasto de forma eficiente.
¿Por qué no avanzaron? Por el desespero. Los gobiernos, y este en particular, se desesperan porque estas reformas no cambian un país en cuatro años. El catastro toma tiempo, el Registro Universal requiere ensayos y pagos electrónicos, el presupuesto por programa exige disciplina. Pero el político quiere resultados para la próxima semana.
Entonces, el Gobierno se dedicó a armar muchas direcciones administrativas para predicar el cambio desde el activismo, pero descuidó los fundamentos técnicos. Y aquí viene lo más grave: la destrucción de los aparatos técnicos de Hacienda y del DNP. Se permitió que la fuerza tecnocrática que el país construyó por décadas se debilitara. Hoy se prefiere al activista sobre el técnico, y recuperar esa capacidad institucional va a tomar años. Ese es uno de los problemas estructurales más pesados que deja esta administración”.
Hablemos de un tema que golpea directamente el bolsillo: el salario mínimo. El Banco de la República subió sus expectativas de inflación y desempleo citando ese aumento de 23,7%. ¿Cómo califica la decisión del Gobierno en ese sentido?
“Fue una irresponsabilidad absoluta del Gobierno. Si usted mira los últimos 25 años, desde el 2000 hasta hoy, el salario mínimo siempre ha subido, en promedio, 2,4 puntos por encima de la inflación. En ese margen nos movíamos. Pero pasar a incrementos que están 17 o 18 puntos por encima de la inflación es un absurdo total que no tiene precedentes. Yo publiqué un artículo recientemente donde explico que esto ni siquiera es keynesiano.
Desde la teoría de Keynes, yo podría defender un aumento de seis puntos por encima de la inflación para estimular la demanda agregada y debatir con los colegas más ortodoxos. Podría argumentar un aumento del 11% o 12%. Pero un 23% es una locura.
Si la economía se mejorara simplemente decretando salarios más altos, pues haríamos decretos de aumentos del 50% cada año y seríamos ricos. Esto lo que hace es introducir expectativas de inflación en toda la lógica económica. Nadie proyectaba un 23%. Y la respuesta del Banco de la República es lógica desde su mandato: si hay un aumento tan brutal, el Banco reacciona subiendo tasas 100 puntos básicos, a 10,25%. Eso ya está golpeando la estructura financiera de las empresas, aumentando sus costos de deuda, lo que se traduce en mayores precios y mayores dificultades para operar. Es un círculo vicioso perfectamente predecible que el Gobierno decidió ignorar por populismo”.
Pasando al frente fiscal, tenemos un déficit histórico y un endeudamiento que nos hace pagar tasas altísimas. El Gobierno culpa a la pandemia y a Duque, pero los expertos señalan el manejo actual. ¿Dónde está la verdadera raíz de este hueco financiero?
“Primero, hay que decir que el aumento de la deuda pública es una tendencia global. Colombia está en el 62% del PIB, pero Estados Unidos está en el 123% y Alemania en el 80%. El problema es que los gobiernos son incapaces de bajar el gasto, pero sí son muy ágiles bajando impuestos; eso genera un déficit estructural. Ahora, en el caso colombiano, el servicio de la deuda —lo que hay que pagar cada año— para el 2026 será una cifra astronómica: cerca de 100 billones de pesos. Para que la gente dimensione, el presupuesto de la Universidad Nacional es de 2,5 billones. Estamos gastando 40 veces eso solo en pagar deuda e intereses.
Pero lo que más me duele no es solo la deuda, sino la dispersión del gasto. Tenemos una crisis fiscal por un lado y una dispersión de recursos imperdonable por el otro. Yo siempre critico lo que llamo ‘el error de Juan Carlos Echeverri’. Cuando él dijo que la mermelada debía llegar a todas las esquinas de la tostada, sentó las bases para atomizar las regalías.
Tuvimos 47 billones de pesos en regalías en el último cuatrienio y los repartimos en ‘proyecticos’ minúsculos. Con esa plata habríamos podido financiar 15 o 20 obras de ingeniería monumental como el Túnel del Toyo o la vía férrea Dorada-Chiriguaná. Pero preferimos el pequeño coliseo o la obrita local que no genera desarrollo. La solución era el presupuesto por programa que dejamos en el PND: proyectos estratégicos que convenzan a alcaldes y gobernadores de que una gran vía que conecte a Medellín con el mar es más importante que un polideportivo. Pero esa visión estratégica perdió la batalla contra el interés político inmediato”.
Mirando hacia el futuro, el próximo gobierno heredará la necesidad de una reforma tributaria. ¿Qué debería contemplar para no repetir los errores de las anteriores?
“La próxima reforma tiene que ser estructural en serio, y eso significa que debe ser una reforma integral que incluya a los municipios, los departamentos y la nación. Hoy el contribuyente está asfixiado porque los impuestos nacionales no hablan con los locales. Si a usted le suben el predial, eso afecta su capacidad de pagar renta, pero el Estado actúa como si fueran bolsillos distintos. Además, los departamentos en Colombia están financieramente quebrados; no tienen recursos propios más allá de loterías y licores, a pesar de tener funciones vitales.
El próximo mandatario también debe agilizar una Ley de Competencias que vaya de la mano con la tributaria. No podemos seguir tratando igual al Chocó que a Antioquia. El Chocó no tiene riqueza monetaria hoy, pero tiene la mayor riqueza ambiental del planeta. Deberíamos valorar esa biodiversidad y que departamentos como Antioquia, que consumen el agua protegida por el litoral pacífico, compensen esa riqueza. Yo pensé que este gobierno, con su discurso ambiental, daría ese debate, pero dejó pasar el año sin mover la Ley de Competencias. El próximo gobierno debe poner la geografía en el centro de la economía; valorar lo ambiental como un activo financiero real”.
Para terminar, hay mucha tensión sobre el ahorro pensional y la intención de limitar las inversiones de los fondos privados en el exterior. ¿Qué analiza sobre esta medida?
“Tenemos un ahorro pensional de unos 540 billones de pesos. Es una cifra enorme que debería estar apalancando el desarrollo del país. Los fondos privados tienen razón en algo: no invierten más aquí porque no hay proyectos. El Gobierno está atacando las vigencias futuras, que son la garantía para las obras de largo plazo. Si usted no tiene seguridad jurídica y el presidente está ‘furioso’ con las vigencias futuras, ¿quién va a meter la plata de las pensiones ahí?
Yo le cuento una anécdota personal: el domingo pasado me tomó 8 horas viajar de Honda a Bogotá. Son 133 kilómetros. Eso es una tragedia para la competitividad. Una tractomula perdiendo 8 horas en ese tramo es un costo de logística que pagamos todos. Si tuviéramos proyectos viales o férreos bien estructurados, los fondos de pensiones competirían por invertir aquí porque la rentabilidad sería segura y alta. Pero si lo que ofrecemos es incertidumbre y dispersión de recursos, los fondos terminarán comprando títulos de deuda pública (TES) para que el Gobierno siga gastando en ‘proyecticos’. Lo lógico sería poner a competir nuestros grandes proyectos de infraestructura con los bonos del tesoro norteamericano. Pero para eso se necesita técnica, seguridad jurídica y menos activismo político”.
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