En declaraciones de este martes, al salir de una audiencia de la Corte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que el Gobierno Nacional ha garantizado el pago de $2 billones a las empresas comercializadoras de energía, correspondientes a la deuda de opción tarifaria.
Esta medida, que se aplicó en la pandemia, implica el pago por la Nación del monto del saldo adeudado por los usuarios del servicio de energía eléctrica a los prestadores de este.
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El monto total estimado de la deuda asciende a alrededor de $5 billones, de los cuales cerca del 50% corresponde a la Costa Caribe. Con la asunción de esta deuda por el Gobierno Nacional, se espera una reducción en las tarifas de energía eléctrica entre el 7% y el 19% para los usuarios que aún se encuentran aplicando la opción tarifaria y/o están en proceso de recuperación de sus saldos.
Es decir, este desembolso busca aliviar la crisis de liquidez que enfrentan estas empresas, con el fin de mitigar su impacto en los usuarios, especialmente en la Costa Caribe.
Bonilla explicó que se está evaluando la posibilidad de obtener los $3 billones restantes del presupuesto para cubrir la deuda dejada por la subasta de energía durante la pandemia. Esta medida, respaldada por el presidente Gustavo Petro, pretende aliviar las dificultades financieras de las empresas del sector eléctrico y garantizar la estabilidad del suministro para los ciudadanos.
El ministro destacó que se ha autorizado un crédito a los comercializadores en Findeter por un valor de $2 billones, con el objetivo de cubrir parte de la deuda. Aunque ya se han entregado fondos a algunas empresas como Air-e y se encuentran en proceso de entrega a otras como Afinia, existe preocupación sobre su capacidad de repago. Ante esta situación, el Gobierno ha optado por respaldar a Findeter para que continúe cubriendo a los comercializadores, asumiendo así la responsabilidad del pago.
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La asignación de recursos para cubrir esta deuda es parte de un proceso en curso de organización del paquete presupuestario. Bonilla aseguró que el Gobierno está comprometido en encontrar los recursos necesarios para garantizar la estabilidad del sector energético y el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, aún se están discutiendo las fuentes de financiamiento para los $3 billones restantes, lo que marca un desafío adicional en medio de la actual coyuntura económica.
Hay que recordar que la semana pasada los gremios de energía y gas del país (Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y SER Colombia), expresaron su total respaldo a la decisión del presidente Gustavo Petro de asumir la deuda asociada a la opción tarifaria, medida que representa un alivio significativo para los usuarios y la industria energética en general.
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José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, afirmó: “Esta medida permitirá aliviar la carga tarifaria para los usuarios y contribuirá a la recuperación financiera de las empresas prestadoras del servicio, garantizando la continuidad y calidad del suministro de energía eléctrica en el país”.
