La Federación Nacional de Arroceros aseguró que está abierta a las revisiones sobre la cuota parafiscal y los recursos de Col-Rice. El gremio defendió el manejo de esos fondos, recordó las auditorías de organismos de control y explicó en qué se han invertido.
La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) respondió al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, luego de que el funcionario ordenara una revisión de la ejecución, destinación e impacto de los recursos de la cuota parafiscal del sector y de los provenientes de las subastas de importación de arroz de Estados Unidos.
El pronunciamiento fue dirigido a la junta directiva de la Federación y divulgado en medio de la discusión sobre la situación económica de los productores arroceros.
La respuesta del gremio se centra en defender el manejo que durante años ha hecho de esos recursos y en señalar que está dispuesto a que las autoridades revisen su administración. Fedearroz sostuvo que la transparencia y la rendición de cuentas han sido parte de su gestión y recordó que sus inversiones han sido sometidas periódicamente a controles institucionales.
La controversia comenzó después de que Dangond anunciara una “revisión rigurosa, con enfoque forense” sobre estos recursos. Según el ministro, durante los últimos 15 años las subastas de importación de arroz proveniente de Estados Unidos habrían generado cerca de $292.867 millones, mientras que el recaudo de la cuota parafiscal habría superado los $259.000 millones.
El funcionario argumentó que, pese a esos recursos, los productores continúan enfrentando dificultades relacionadas con los costos de producción, la productividad, la infraestructura, el clima y la variación de los precios. También señaló que, si durante la revisión aparecen situaciones que requieran actuaciones adicionales, estas serán puestas en conocimiento de las autoridades competentes.
En su respuesta, Fedearroz manifestó que comparte la importancia de que los recursos destinados al desarrollo del sector sean manejados con transparencia, responsabilidad y rigor. La Federación aseguró que esa ha sido una política durante sus 80 años de existencia.
El gremio agregó que está dispuesto a que las autoridades competentes realicen las revisiones o evaluaciones que consideren necesarias para verificar la destinación y ejecución de los recursos.
Sin embargo, también recordó que la inversión de estos fondos ya ha sido objeto de controles. Según Fedearroz, la Contraloría General de la República ha realizado auditorías anuales sobre la inversión de los recursos, de acuerdo con los cronogramas establecidos por los organismos de control. La Federación también señaló que la Procuraduría General de la Nación ha efectuado revisiones cuando lo ha considerado pertinente.
Otro de los argumentos planteados por el gremio es que las inversiones realizadas con la Cuota de Fomento Arrocero y con recursos de Col-Rice han contado con el aval y la aprobación de las instancias correspondientes del Ministerio de Agricultura, dentro de los procedimientos establecidos.
Fedearroz sostuvo además que estos fondos no han tenido como propósito beneficiar a la Federación como institución, sino generar bienes, servicios y capacidades para los productores.
Entre las áreas en las que, según el gremio, se han destinado los recursos están:
1. Investigación y generación de tecnología.
2. Transferencia de tecnología a los productores.
3. Desarrollo de capacidades productivas.
4. Infraestructura y plantas de procesamiento al servicio de los agricultores.
La Federación también explicó que las decisiones sobre las necesidades y prioridades de inversión no se toman únicamente desde su administración nacional. Según el documento, estas se construyen desde las regiones mediante el trabajo de sus 19 seccionales, en las que participan productores a través de comités seccionales, representantes y otras instancias gremiales.
Esas propuestas son posteriormente consideradas por la Junta Directiva Nacional de Fedearroz, que también ha aprobado las inversiones de Col-Rice, según indicó la organización.
Fedearroz hizo énfasis en que los recursos de la Cuota de Fomento Arrocero cuentan con un esquema institucional para la aprobación de programas y proyectos.
La Federación recordó que, desde la aprobación de la Ley 101 de 1963, los programas y proyectos financiados con estos recursos son sometidos a la aprobación de una comisión presidida por el Ministerio de Agricultura.
En esa instancia participan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio Exterior y tres agricultores elegidos por la Junta Directiva de Fedearroz como representantes de la base productiva.
Por eso, el gremio planteó que la discusión sobre estos recursos no debería concentrarse únicamente en cuánto dinero se ha recaudado o ejecutado, sino también en los resultados que las inversiones han producido para los agricultores.
En ese sentido, Fedearroz señaló que los recursos han permitido desarrollar acciones relacionadas con productividad, reducción de costos, uso de recursos naturales, incorporación de tecnología e infraestructura para los productores.
La Federación agregó que los informes de gestión y la información sobre las inversiones se encuentran publicados y disponibles para consulta de las autoridades, los agricultores y la ciudadanía.
El pronunciamiento del gremio llega mientras el Gobierno sostiene que la revisión busca determinar si los recursos parafiscales y de las subastas de arroz están produciendo resultados verificables para los productores. El ministro ha insistido en que “no se trata de buscar culpables”, sino de garantizar que los recursos destinados al campo cumplan su propósito.
Fedearroz, por su parte, señaló que continuará trabajando con el Gobierno Nacional y manifestó su disposición a participar en las revisiones que correspondan.
La Federación cerró su comunicación al ministro señalando que seguirá trabajando para fortalecer la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos y para que estos respondan a las necesidades de los productores.
Así, la discusión entre el Gobierno y el gremio arrocero queda centrada en dos asuntos: la revisión de los recursos administrados para el sector y la forma en que estos se han traducido en resultados para los agricultores.
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