El Grupo Familia reconoció los errores que cometieron algunos directivos y empleados y aceptó la responsabilidad en los hechos que son materia de investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el llamado cartel del papel higiénico.
“Estos errores no reflejan el origen de la compañía ni sus logros alcanzados a lo largo de más de cinco décadas. Lamentamos profundamente estas acciones de algunos empleados y somos conscientes de la desilusión que esta situación causa”, señala un comunicado del grupo.
La compañía manifestó que en medio de la investigación fueron despedidos dos empleados, además de la suspensión, por tiempo indefinido, del gerente general Dario Rey Mora, hasta tanto la empresa no compruebe que no es responsable de las acciones que se le acusan.
En su reemplazo, como gerente interino, fue nombrado Andrés Felipe Gómez Salazar, quien se desempeña actualmente como gerente corporativo de manufacturas.
Además, la empresa manifestó “arrepentimiento sincero por su participación en los hechos investigados”. Asimismo, se aseguró en el comunicado que hasta el momento no se había manifestado sobre el tema por las “obligaciones de confiabilidad inherentes a las investigaciones”, pero con la publicación del informe de la Superintendencia, esto ya no aplica.
La empresa también rechazó cualquier práctica contraria a las normas de libre competencia en Colombia; además aseguró que trabajará “de manera intensa para recuperar la confianza de todos nuestros grupos de interés”.
El informe antecede una instancia en la que un consejo asesor, conformado por cinco personas designadas por el presidente Juan Manuel Santos, evaluará la investigación y se pronunciarán al respecto, para que al final decida, en este caso, el superintendente Pablo Felipe Robledo.
Así funcionaba el cartel del papel higiénico
La investigación confirmó las denuncias de que Productos Familia, Colombiana Kimberly, Papeles Nacionales, Cartones y Papeles de Risaralda (CypR) y Drypers Andin, se pusieron de acuerdo para establecer precios de venta a los colombianos y repartirse cuotas del mercado nacional.
En el informe de la SIC llaman la atención los sobrenombres con que se referían en los correos electrónicos que cruzaron las empresas para fraguar su estrategia: “Feos” (Familia), Kioscos (Kimberly), “Pitufos” (Papeles Nacionales) y “Rosas (CypR).
Las empresas implicadas podrían acarrear una multa que alcanza los 68.945 millones de pesos (100 mil salarios mínimos vigentes). Los ejecutivos se expondrían a pagarían hasta 1.379 millones de pesos (2.000 mínimos).
Las compañías señaladas tienen 20 días hábiles para defenderse. Luego se convocará al Consejo Asesor de Competencia. Sus cinco miembros recomendarán al superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, si sanciona o absuelve.
Estas empresas suman el 88 % del mercado de papeles suaves (higiénico, servilletas, pañuelos y otros) que mueven alrededor de 1,2 billones de pesos anuales.
Según el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez, “Kimberly y Familia fueron participantes principales y permanentes del acuerdo, en tanto que estuvieron desde su origen y al menos hasta finales de 2013”.
Agregó que Familia, a pesar de colaborar para recibir beneficios, ocultó información y mintió, como parte de “una estrategia encaminada a limitar la responsabilidad” la compañía antioqueña y a “ocultar la de Darío Rey Mora, su gerente general”.
Por eso Sánchez, pese a que Familia fue segundo delator en el proceso, recomienda no conceder ningún tipo de beneficio a la emblemática empresa fundada por John Gómez Restrepo, fallecido el año pasado.
Pero ese no es el caso de la representación en Colombia de la multinacional estadounidense Kimberly, que como primer delator “aportó pruebas útiles para establecer la existencia del acuerdo de precios, sus circunstancias de tiempo modo y lugar, e identidad de participantes”, señala el informe del organismo de control.
Kimberly manifestó ayer, en un comunicado, que desde el momento en que investigó la SIC, ha prestado plena colaboración, “y así continuará haciéndolo”.
Cabe anotar que la empresa Drypers Andina, según el superintendente delegado, asistió a dos reuniones, pero no participó del acuerdo de precios, por lo que sugiere archivar la actuación contra esta empresa presente en Colombia desde 2008.
Pero no es el caso de Papeles Nacionales ni de Cartones y Papeles del Risaralda. Para la primera, vinculada al acuerdo ilegal desde 2001, se propone un 30 % de exoneración sobre la multa que se establezca. Para la segunda, que la SIC estableció que participó del ilícito desde 2003 y no recibe ningún beneficio que aminore la sanción.
