De los 330 contratos asociados con actividades del sector petrolero en Colombia, 67 han entrado en solicitud de suspensión entre 2012 y lo que va de 2023.
Se sabe que los problemas de orden público y los conflictos con las comunidades que habitan los territorios son las principales causas que están llevando a las compañías al desistimiento.
Según los datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ecopetrol encabeza el listado de las 28 compañías que han iniciado trámites para solicitar la suspensión.
Sin embargo, hay que decir que en los últimos 11 años el pico de peticiones se presentó en 2018 (ver gráfico) y la variación ha sido irregular, de subidas y bajadas.
De acuerdo con los mismos registros de la ANH, los Llanos Orientales son el área geográfica con más contratos en revisión para suspenderse. Y le siguen Magdalena y Caguán Putumayo.
La solicitud más reciente fue la presentada por Emerald Energy, que envió una carta a principios de marzo solicitando la suspensión de operaciones en el bloque Ombú, ubicado en Caquetá, en donde se registró una protesta en contra de la compañía que terminó con 79 policías retenidos irregularmente en la zona.
En ese bloque, a través del campo Capella, hubo una producción de 1.939 barriles promedio por día durante el 2022 y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dijo en su momento que estaba en gestiones con Sinochem, el conglomerado estatal chino dueño de Emerald, para tener claridad sobre los términos requeridos en aras de no marchitar esas operaciones.
¿Falta seguridad?
El sector de los hidrocarburos, según el Banco de la República, atrajo el 70% de la inversión extranjera directa (IED) a Colombia en 2022. Y los gremios han insistido en que la seguridad es un tema fundamental a la hora de atraer nuevas empresas y retener a las que ya están asentadas.
Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), también había mencionado que hay unos 270.000 empleos directos e indirectos atados a las tareas que desarrollan estas compañías.
Cálculos lanzados desde este sector económico indican que, solo para 2023, se esperan inversiones por más de $3,3 billones de las empresas (US$702 millones) y serían recursos que solo llegarían si hay una situación clara sobre el futuro de muchos campos y proyectos.
En lo que va de 2023, a la ANH solo ha llegado la solicitud de suspensión por parte de Emerald Energy. Sin embargo, el eco de ese tipo de casos sería mala publicidad para la certidumbre del negocio.
Julio César Vera, director de la Fundación Xua Energy, afirmó que “el problema es que en el sector hay un sentimiento de que hoy no hay condiciones para viabilizar las operaciones en el país”.
“Eso es preocupante para un sector que, ante todo, confía en la institucionalidad y en las reglas de juego establecidas. Hoy muchos piensan que eso está cambiando. Es decir, el país está perdiendo uno de sus activos principales que es la confianza inversionista”, añadió el experto.
Vera resaltó que la industria petrolera está acostumbrada a trabajar en condiciones adversas, pero necesita el compromiso del Estado para viabilizar las operaciones.
Habla el gobierno
Andrés Bitar, vicepresidente de promoción y asignación de áreas de la ANH, expuso que los problemas de orden público se registran porque en Colombia no se han podido cerrar las brechas sociales en las regiones.
“Hasta que nosotros no podamos darles oportunidad de empleabilidad y oportunidades de generar riqueza a las comunidades menos favorecidas en el territorio, vamos a tener conflictividad”, agregó.
Así mismo, el funcionario recalcó que se trabajará por disminuir la dependencia de Colombia en materia de hidrocarburos, aunque recalcó que se respetará la ejecución de los contratos de exploración y explotación que están vigentes y son necesarios para el abastecimiento local de combustibles y para las exportaciones .
67
contratos pasaron a solicitud de suspensión por parte 28 empresas a la ANH.
