Luego de que la Corte Constitucional declarara como inexequible la Ley de Financiamiento por vicios de forma, el Gobierno madrugó a decir que volverá a presentar el mismo proyecto para que sea aprobado por el Congreso y empiece a tener efecto desde 2020.
“Llevaremos una iniciativa con mensaje de urgencia. Se harán dos debates tan pronto se conozca cuáles son los ponentes. Será un trámite transparente. Habrá iniciativas de cambio, pero hay que recordar que el texto fue aprobado con decisiones mayoritarias”, dijo Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda.
Ese mensaje de urgencia, que confirmó Carrasquilla ha impulsado por el presidente Iván Duque, fue recibido por la oposición con cautela. “Lo más seguro es que pase derecho y en los tiempos correctos, pero por el afán se corre el riesgo de volver a caer en errores”, dijo José Roberto Acosta, miembro de la Red por la Justicia Tributaria.
El experto recuerda, así como el Ministro, que en medio de este nuevo plan tanto congresistas opositores como ponentes de la Ley podrán hacer modificaciones o comentarios para debatir.
Katherine Miranda, representante y perteneciente a la comisión económica de la Cámara –por la Alianza Verde– le confirmó a EL COLOMBIANO que desde la oposición ya se empezaron a estudiar los cambios que se van a pedir al plan que será expuesto por el Gobierno ante el legislativo.
“Desde su primera presentación nos opusimos por los beneficios tributarios que se le entregaban a las grandes empresas. Creemos que se abre una nueva oportunidad para proponer cambios en esa materia”, afirmó Miranda.
Frente a este punto expresó Carrasquilla que la Ley llega fortalecida, pues demuestra los beneficios que en 2019 se han alcanzado gracias a su ejecución: “Vale recordar que estos se mantendrán, pues los efectos de la decisión de la Corte serán válidos desde 2020. Veremos qué pasa, pero con la iniciativa vamos a llegar a un recaudo de 148 billones de pesos este año, y la meta para 2020 son 158 billones”, puntualizó el titular de la cartera.
