El Gobierno Petro le lanzó un salvavidas a los proyectos de generación eléctrica que recibieron asignación en las subastas de 2019 y 2021, pero que están colgados para su entrada de operación entre finales de 2023 y 2024 por razones atípicas. Entre esas, la oposición de las comunidades nativas a los proyectos, como en el caso del parque eólico Windpeshi.
La ayuda contenida en una circular de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, a la que tuvo acceso EL COLOMBIANO, y que fue enviada a las empresas generadoras y comercializadoras que suscribieron contratos de largo plazo con el Estado tras concursos públicos, busca renegociar estos convenios, ya que existe una situación extraordinaria.
“La situación atípica consiste en la imposibilidad de los generadores de entrar en operación y cumplir con sus compromisos de entrega física de energía, con ocasión de retrasos en distintos fenómenos fuera de control, tales como demoras en las licencias ambientales, demoras en las consultas previas y la imposibilidad de conectarse al sistema ante la no existencia del punto de conexión”, resalta la circular.
Como consecuencia de esta situación (explica la ministra Vélez en la nota), las generadoras que recibieron asignación para contratos de largo deban recurrir a compras de electricidad en el mercado de energía para dar cumplimiento a su obligación contractual de suministro, cuyo precio supera el valor que aquellos reciben del comercializador.
Por esta razón, el Ministerio considera que las razones de los generadores podrían ser “circunstancias extraordinarias” que ameritan la revisión de los contratos para reequilibrar las cargas y el Estado garantice la confiabilidad del sistema.
“En vista del desequilibrio que plantean los generadores, se exhorta a las partes contractuales a renegociar las condiciones, mediante medidas de carácter transitorio y mientras dure la circunstancia, tales como la suspensión temporal de la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto o cualquier otra alternativa que sea conducente a aliviar el desequilibrio”, subraya la circular.
La funcionaria deja en claro que la renegociación no podrá ir en detrimento de los usuarios y deberá ser aprobada por el Ministerio de Minas y Energía.
Para finalizar, Vélez afirma en la circular que la cartera minero energética “ajustará la regulación vigente relacionada con los contratos para hacer frente a las condiciones extraordinarias”.
Gremios a favor y en contra
Al indagar con los gremios del sector eléctrico del país sobre la renegociación de estos contratos, la opiniones estuvieron a favor y en contra de la medida.
La iniciativa de la ministra Vélez es defendida por el sector que representa a las energías renovables, al asegurar que es una flexibilidad para los proyectos eólicos o solares que están ahogados comprando energía a un alto costo para venderla barata y así cumplir con las obligaciones, porque sus plantas no han podido entrar en cuatro años.
“Es una propuesta para que los generadores y comercializadores de manera bilateral y en el marco de sus contratos con el Estado logren un acuerdo, ya que las empresas con proyectos renovables no los han podido desarrollar debidamente por razones de fuerza mayor y ya están presentando pérdidas”, dijo Alexandra Hernández, directora de la Asociación de Energías Renovables.
En el mismo sentido, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Acolgen señaló que la circular busca reconocer la difícil situación por la que atraviesan muchos proyectos de energía renovable, que por causas ajenas no han podido concluirse, poniendo en riesgo la transición energética y la confiabilidad del suministro.
“Las partes contratantes, generadores y comercializadores, puedan llegar a acuerdos, que por un lado no pongan en riesgo los objetivos de penetración de fuentes no convencionales, y por el otro, no se descuide al usuario final”, dijo Gutiérrez.
En la otra orilla, Alejandro Castañeda, director de Andeg, señaló que los generadores al firmar un contrato de obligación de energía tienen una responsabilidad frente a la demanda.
“Si no se cumple el compromiso con el Estado se ejecutan unas garantías por no entregar ese respaldo en electricidad. Pero si no se puede cumplir por razones de fuerza mayor, se acude a un tribunal contencioso administrativo para que un juez determine que un tercero ha impedido que se atienda el compromiso, y no es el Ministerio de Minas y Energía en este caso”, dijo.
Por su parte, José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, indicó que los comercializadores adquirieron una energía, que incluso una parte fue obligatoria a raíz de las exigencias del Plan Nacional de Desarrollo de 2018, y que ahora con la llegada de El Niño se vuelve mucho más relevante que se cumpla con las condiciones pactadas.
“La medida no puede perjudicar a los usuarios. Si bien entendemos que puede existir dificultades, son riesgos que deben ser considerados en los proyectos, y no debería verse afectada la demanda de energía”, advirtió.
Conflicto Comunidad-empresa
Miembros de la comunidad wayúu sienten que están sometidos a un escarnio público y que los tildan de “oportunistas” y “avaros” desde que se anunció la suspensión de Windpeshi, un proyecto de energía eólica a cargo de la compañía Enel en La Guajira.
No están de acuerdo con ese juicio que les han hecho y creen que las consultas previas para socializar los proyectos han tenido problemas de comunicación. Además, coinciden en que las compañías no han comprendido sus códigos ni su manera de entender el territorio.
Juan Carlos Parody, líder wayúu de la casta Uriana, comentó que esas consultas han tenido varios problemas. Por ejemplo, no llegan las convocatorias a todas las familias, los diálogos no se han realizado con los tíos mayores y los planes no quedan bien claros desde el principio.
Representación dudosa
En La Guajira, según relató, hay una proliferación de “autoridades tradicionales” que en la mayoría de casos no son autoridad ni tampoco tienen tradición. Se trata de habitantes que se asentaron en el territorio y los políticos de la región les concedieron un título que no tiene representatividad entre los clanes nativos.
“Eso —narró— ha generado 47 enfrentamientos históricos ‘intraclaniles’ porque han negociado, pero cuando aparece el verdadero dueño del territorio hay problemas”.
Según sus palabras, hay que entender que en su cultura la tierra se hereda de las madres y las abuelas, por lo que solo los descendientes directos tienen derecho sobre ella. Y son ellos la verdadera autoridad ancestral que muchas veces dejan por fuera en las consultas previas.
“El cachaco desconoce las particularidades del wayúu”, aseveró el líder y citó que la sentencia 172 de 2019, emitida por la Corte Constitucional, deja en claro que es necesario georreferenciar a los legítimos propietarios del territorio antes de la socialización.
La palabra clave para estos nativos es la confianza, si no hay acercamientos asertivos, consideran difícil que haya una apertura de sus tierras, que además no se pueden negociar ni transferir como cualquier otro predio.
Seguir los pasos
Mónica Barrios, líder del clan epinayu, subrayó que su pueblo le atribuye una gran importancia a los territorios sagrados en donde reposan los restos mortales de sus ancestros. Y uno de los máximos temores en este tipo de caso es abrir las puertas a los proyectos y terminar aislados o desplazados.
“Esto debería ser como un enamoramiento en el que la compañía presenta todas sus intenciones y explica a qué se dedica. Hay que conocer las costumbres y saber quién puede propiciar el primer acercamiento”, mencionó.
A su juicio, los wayúu siempre han sido un pueblo de palabra y la historia demuestra que sí es posible llegar a acuerdos, pues en el pasado arribaron a La Guajira otras compañías del sector minero-energético como Chevron EPM y Ecopetrol.
Desde su óptica, en este momento es oportuno mirar cómo se dieron los acercamientos y rescatar esos mecanismos de información, dado que, hasta ahora, no les han “desmenuzado” qué es la transición energética .
Frente al caso de Windpeshi, este diario le consultó a Enel cuáles son las razones por las que las comunidades nativas se han opuesto al desarrollo del proyecto que ya tiene licencia ambiental y consultas previas cerradas. Desde allí comunicaron que hay “altas expectativas sociales”.
La organización indicó además que se han presentado “vías de hecho que han derivado en exigencias que superan el marco de actuación de la compañía. Algunos hechos de inseguridad en el territorio, entre otras causas, han imposibilitado mantener un ritmo constructivo constante que garantice la viabilidad del proyecto, pese a la intervención institucional”.
