Además del impacto social y emocional que les genera el confinamiento obligatorio en que se encuentran desde hace cuatro meses, como medida de prevención y protección para evitar el contagio por covid-19, la actual emergencia sanitaria plantea un panorama complicado para la productividad y la generación de ingresos para los adultos mayores de 60 años en Colombia, el cual ya lucía complicado antes de la pandemia.
Podría pensarse que a su edad estas personas deberían estar en otro plan en sus vidas, pensando en un buen retiro, pero las bajas tasas de cobertura pensional en el país, además del desempleo, proponen otra perspectiva.
La Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2019, publicada por el (Dane) refleja que mientras en Bogotá el 37,7 % de los mayores de 60 años manifestaron disfrutar de su pensión –en Valle fue el 31,5 % y en Antioquia el 25,3 %–, en departamentos como Vaupés fue el 2,9 %, en La Guajira el 3,1 % y en Guaviare el 3,4 %. Señales de desigualdad.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, advierte que en el país, según cifras recientes del mercado laboral, cerca del 77 % de esta población –que representa el 9,1 del total de habitantes en el país– no recibe ningún ingreso laboral –es decir tres de cada cuatro personas–, y un 3,6 % obtiene menos de un salario mínimo.
De acuerdo con cifras del Dane de mayo de este año, y en comparación con el mismo mes en 2019, se perdieron el 23 % de los empleos de las personas con más de 55 años.
Para Mejía, la incidencia de esta crisis tiende a ser mayor para las personas más adultas, por las restricciones de movilidad que les impiden ejercer sus labores productivas.
“Por eso es importante activar más mecanismos de protección de los ingresos, como el programa Colombia Mayor. Sería útil ampliar las coberturas y los montos”, dijo. El director de Fedesarrollo se refiere al programa de protección al adulto mayor y el Fondo de Solidaridad Pensional, creado por el Ministerio del Interior y administrado por Fiduagraria, que entrega subsidios económicos a población mayor de 60 años en estado de indigencia y pobreza extrema.
El presidente de Fiduagraria, Guillermo Javier Zapata, informa que en la actualidad son 1.698.573 beneficiarios en 1.100 municipios, quienes reciben 80.000 pesos mensuales, y durante los cuatro meses de la pandemia se les ha duplicado ese valor, para un total de 160.000 pesos en este periodo de contingencia sanitaria.
A estos se les suman cerca de 13.000 personas que “por no tener ingresos propios y/o relación laboral permanente y estable, tienen una muy baja probabilidad de tener acceso a una pensión.
Existe un pequeño grupo que en algún momento de su vida efectuó aportes al sistema general de pensiones y que hoy en día perciben ingresos mensuales de hasta por medio salario mínimo legal vigente, que pueden tener acceso a una pensión mínima a través del Programa de Subsidio al Aporte en Pensión, que también cubre el Fondo de Solidaridad Pensional”, explica Zapata. En Medellín, cerca de 44.000 habitantes acceden a estos recursos.
¿Y la ley del último empleo?
En 2019 se anunció que la “ley de último empleo” había sido aprobada por el Congreso y pasaba a sanción presidencial. Sin embargo, el ponente de la iniciativa, el senador Richard Aguilar, le cuenta a EL COLOMBIANO que el proyecto no pasó la conciliación, aún cuando logró superar todos los debates.
“El tiempo nos jugó una mala pasada”, explica Aguilar, quien este lunes 20 de julio, en la instalación de un nuevo año legislativo en el Congreso, radicará de nuevo la propuesta, con la que busca promover el empleo en los mayores de 50 años que no hayan sido empleados en el último año, con el incentivo de que las empresas que los vinculen reciban un 9 % de descuento en los pagos de parafiscales.
“Colombia hoy tiene una longevidad mucho mayor, la expectativa de vida pasó de 67 a 76 años, y debido a esto la capacidad productiva de esta población se ha prolongado, con mayor salud para poder tener cualquier empleo”, apunta Aguilar, quien cita cifras que indican que en la última década, la empleabilidad de la población más experimentada ha decaído un 10 %.
El economista Juan Pablo Alzate, líder de Generación de Ingresos de la Fundación Saldarriaga Concha, entidad que gestiona y desarrolla proyectos sociales para mejorar la calidad de la población mayor en el país, ve con preocupación cómo la mayoría de adultos mayores tiene una doble exclusión, con unas diferencias muy marcadas entre las poblaciones de las zonas urbanas y rurales (la exclusión en general de las personas mayores en Colombia es del 11 %, pero en zonas rurales es del 22 %), según el índice multidimensional de inclusión social y productividad que publicó a organización en 2018.
“El escenario ideal es aquel en el que un colombiano tiene acceso a salud, educación básica o universitaria, energía, acueducto, alcantarillado – es decir a indicadores sociales–, y a aspectos productivos. Pero cuando más de la mitad de la población se encuentra en la informalidad, no cotiza a pensión o a ARL, sin contratos laborales bien definidos, es un tema complejo”, resalta Alzate.
El directivo agrega que le preocupan los efectos que la llamada “ley de último empleo” pueda causar en la ocupación de la población mayor, haciendo un símil con una norma dirigida a las personas con discapacidad.
“Esa ley se hizo bajo el principio de buena fe, pensando que incrementaría significativamente su presencia en el mercado laboral, pero tuvo un efecto contrario, porque en la reglamentación quedó un procedimiento, en el que se decía que si un empresario los quería despedir, tenía que pedirle permiso al Ministerio del Trabajo, para que este dijera si había justa causa, presentando pruebas, y no se trataba de un caso de discriminación”, lo que generó temores entre las empresas contratantes.
Con él coincide el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien cree que si hubiese restricciones de ese tipo, los empresarios optarían por “no contratar a esta población”.
Al respecto, el senador Richard Aguilar asegura que su propuesta no ofrece “camisas de fuerza” y que la contratación de personas mayores se haría de forma “voluntaria” sin ninguna cláusula especial.
Cada vez más longevos
En 2050 habrá en Colombia 14,1 millones de habitantes mayores de 60 años, es decir el 23 % de la población, de acuerdo con el diagnóstico de la Misión Colombia Envejece, realizada en conjunto con la Fundación Saldarriaga Concha y Fedesarrollo. En el censo de 2018 el Dane los cifró en 9,1 %.
Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas, revela que en la actualidad el Sistema de Compensación Familiar cuenta con 8.966.219 afiliados, de los cuales el 5.3 % (474.124) son afiliados mayores de 60 años.
“Si analizamos los cambios demográficos en nuestro país comprenderemos que esta es una población que cada vez aumenta su densidad”, comenta, y se apoya en el Censo de 2018 para advertir una disminución en las tasas de fecundidad y de mortalidad en el país, “que nos lleva hacer un país de adultos mayores y menos jóvenes”.
Hoy, según Guillén, el índice de envejecimiento es del 40 % (con algunos departamentos que están por encima del 60 %), “lo que comprueba el proceso de transición demográfica y epidemiológica que se visibiliza en una mejora en las condiciones y expectativas de vida”.
La presidenta ejecutiva de Asocajas afirma que desde su gremio se ha propuesto que se piense “de manera holística” la protección social para esta población, como un conjunto de medidas de seguridad y atención que reduzcan sus vulnerabilidades.
“En este caso técnicamente hablamos del riesgo a la vejez, que no se puede cubrir solo desde el soporte económico, sino que debe ser abordado desde el bienestar y lo que ello implica: personas activas social, emocional y físicamente. Los servicios gerontológicos de las Cajas le han permitido al adulto mayor asumir la vida en todas sus dimensiones, de allí que los programas (a los cuales, a raíz de la coyuntura, también se pueden acceder de manera virtual) le apunten a: programas de salud ocupacional, programas especiales para la educación física, deporte, recreación y capacitación, campañas de educación en salud, vacunación y nutrición”, precisa Guillén.
Por último, desde Asocajas se recordó que los adultos mayores de 60 años pueden estar pensionados y continuar gozando de los servicios en diferentes modalidades.
El primero de ellos es la fidelidad por 25 años, en la cual el pensionado adquiere un derecho por haber realizado los aportes en su vida laboral, y una vez se pensiona, sigue en su condición de afiliado sin que esto le genere algún costo.
El segundo, quienes aportan el 0,6 % o el 2 % de su mesada, los cuales pueden acceder a más servicios, incluyendo subsidios de vivienda o crédito social, a una edad donde se vuelven difíciles de adquirir; y aquellos que son beneficiarios de trabajadores afiliados al Sistema de Compensación Familiar.
Y finalmente, David Forero, investigador de Fedesarrollo que hizo parte de la Misión Colombia Envejece, dijo que el actual es un buen momento para que el Gobierno analice la posibilidad de que a las personas mayores de 70 años se les garantice un ingreso universal temporal, con una cuota similar a la que entrega en el subsidio de Colombia mayor ($80.000), dado que hay un peligro de que el mercado laboral no le ofrezca oportunidades a estas personas, en especial a aquellas sin ninguna cobertura..
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