¿Por qué es importante saber quién está al frente del Departamento Nacional de Planeación (DNP)? Porque se trata de la entidad que se encarga de manejar el presupuesto de inversión regional y nacional. Esa figura le da al DNP rango ministerial, y la capacidad de manejar el dinero que se destina al mejoramiento en infraestructura, inversión social y emprendimiento. Monto que para el el Presupuesto General de la Nación de 2020 sería de 40 billones de pesos.
Hace dos semanas se conoció que Luis Alberto Rodríguez, economista de la Universidad Nacional, con maestría en Política Económica de la Universidad de Columbia, viceministro de Hacienda y mano derecha de Alberto Carrasquilla (ministro de Hacienda) sería el nuevo director del DNP, en reemplazo de Gloria Alonso, quien estaba en la entidad desde el 7 de agosto del año pasado. También se supo que Rodríguez aseguraba tener un posgrado en economía de la Universidad de Toulouse, pero nunca lo cursó.
El nombramiento generó malestar entre algunos sectores alegando que la movida suponía una posible pérdida de autonomía del DNP frente a las decisiones de ejecución sobre el presupuesto que maneja la entidad. Una jugada que se quiso incluir dentro del mismo Plan Nacional de Desarrollo (PND), presentado por el Gobierno en mayo de este año.
En ese momento el artículo 35 de la iniciativa buscaba unificar el presupuesto, lo que eliminaba uno de los pilares fundamentales del DNP en el país: coordinar la inversión pública y la elaboración del mismo. En una carta entregada a semanas de presentarse el proyecto, doce personalidades de la economía pública, entre los que se contaban exministros de Hacienda y exdirectores del DNP, se solicitaba al Congreso no permitir la aprobación de ese artículo.
“La triada que conforman el Ministerio de Hacienda, el DNP y el BanRepública ha sido clave para el diseño y ejecución de la política económica. Cada una aporta elementos complementarios en este propósito en el contexto de un sistema de pesos y contrapesos, que ha generado un equilibrio técnico fundamental para la estabilidad macroeconómica del país”, se leía en la carta. Al final, el Congreso eliminó el artículo.