El proyecto de reforma tributaria que esta semana empezará a discutirse en el Congreso irá detrás de aquellos establecimientos de comercio que para evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales nunca tienen en operación el datáfono, así como de los profesionales que cobran sus servicios en altas sumas de efectivo, y de las empresas que adquieren inmuebles y objetos suntuosos, para el uso de personas naturales.
Así lo expusieron en Medellín este fin de semana el jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes; y el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, quienes participaron en la jornada Diálogos con el Congreso de la Cámara de Comercio de Medellín, convocada a instancias de la senadora Isabel Zuleta.
“No buscamos recaudo por donde sea. El propósito es obtener lo que se necesita para financiar el cumplimiento de las promesas del estado social de derecho, de manera responsable con la economía. Queremos que la inversión se fortalezca y que la industria crezca”, dijo el funcionario en diálogo con EL COLOMBIANO.
Pese a que en la última reforma que sacó adelante el anterior gobierno, del presidente Iván Duque, se apeló “al sentido de patriotismo y solidaridad” de los empresarios, en esta ocasión Reyes también hizo un llamado similar, al señalar que le corresponderá en esta ocasión al 1% de la población, que será la más impactada por los cambios que se quieren implementar, que es necesaria una nueva muestra de solidaridad.
Y frente a quienes anotan que con estas nuevas iniciativas fiscales se graduará de ricos a quienes ganan más de $10 millones, respondió: “Esto no es pedirles a los ricos que contribuyan, es pedirle a las personas con capacidad de contribuir, que lo hagan. Una persona de $10 millones no estará en la categoría del dueño de un grupo empresarial, pero algo que sí tiene en común es que puede contribuir y aportarle a la sociedad”.
No más obsequios
Desde la perspectiva del viceministro Guevara son múltiples los casos de empresas que adquieren apartamentos, y hacen compras suntuosas en las que usan el NIT (Número de Identificación Tributaria), para que no figuren a nombre de una persona natural, y evitar el pago de impuestos.
“Adicionalmente, hay una gran parte de tierras, fincas de recreo, que aunque con esta reforma tributaria no las vamos a alcanzar, con el catastro multipropósito aspiramos a que muchos de esos predios paguen”, mencionó el funcionario.
Sobre la eliminación de los Días sin IVA declaró que una vez aprobada la reforma, inmediatamente se acabarán este tipo de regalos tributarios. “Esa es la propuesta y creo que no hay resistencias frente a ellas”.
En el caso de las zonas francas que tienen beneficios tributarios, pero no están cumpliendo el objetivo de ser verdaderamente exportadoras, el viceministro estimó que alrededor del 50% de estas deberán retomar ese foco, so pena de quedarse sin esos privilegios.
¿Y dónde está la evasión?
Según las cuentas del director de la Dian este fenómeno puede estar en un rango amplio, entre $40 billones y $80 billones, y sostuvo que parte de esos montos pueden estar entre ese 1% de la población colombiana que deberá contribuir más con esta reforma.
No obstante, destacó que la mayor parte de ese 1% de personas de altos ingresos son “cívicas, cumplidoras de la ley”, pero sostuvo que en ese grupo hay algunos “conocidos”, que exigen grandes pagos en efectivo, y se vanaglorian de pagar menores impuestos “porque tienen un contador que les ayuda a hacer la trampa”.
En conjunto, Reyes también incluyó a los restaurantes que siempre tienen el datáfono dañado, los médicos o profesionales que cobran sus servicios en efectivo y las tiendas que venden perfumes o accesorios costosos y solo aceptan pagos en efectivo.
“Es importante no estigmatizar a ninguna profesión, ni a ningún grupo en particular porque en todos hay muchos cumplidores de la ley y merecen reconocimiento. Pero, en algunas prácticas comerciales y en profesiones liberales, que no son de asalariados ni empresas 100% formales, es donde están esos entre $40 billones y $80 billones que necesitamos”, enfatizó.
Otro de los mensajes que dejó Reyes entre los asistentes al auditorio de la Cámara de Comercio de Medellín, sede El Poblado, es que el trabajo y el capital deben tributar más en Colombia, y hacer que el recaudo suba del 19% del PIB a más de 30%, que es el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
“Si está reforma pasa como está diseñada deberíamos lograr un nivel de recaudo cercano al 21%, aún lejos del promedio Ocde, pero para aumentar esas cifras será necesario avanzar en la lucha contra la evasión”, comentó.
Aunque en 2019 el anterior Gobierno habló de inversiones por más de US$500 millones para modernizar la Dian, esta tarea aún está en ejecución y al decir de Reyes se deberá invertir otro monto importante de recursos, sin precisar la cuantía.
Los efectos
Tras escuchar los planteamientos de Reyes y Guevara, la directora de Fenalco Antioquia, María José Bernal, cuestionó la incapacidad del Gobierno para reducir el gasto.
“En el sector público siempre será más fácil subir impuestos que reducir el gasto. Pero, en cambio, las personas cuando no tienen plata se aprietan el pantalón y ya”, planteó la dirigente gremial, quien añadió que actualmente todas las empresas trabajan para el Estado, pues $70 de cada $100 que ganan se van para las arcas estatales.
Otra crítica de Bernal fue frente a la proposición para gravar las bebidas azucaradas. “¿Nos está moldeando el Estado la dieta?, y después ¿qué más van a prohibir? Además, en Antioquia hay unas 30.000 tiendas en estratos 1, 2 y 3, ¿qué va a pasar con estos negocios, si se le quita a la gente la libertad de decidir?”.
En esa línea, el docente e investigador económico de Eafit, Jesús Botero, consideró que ante un fenómeno inflacionario de los alimentos como el actual, que supera el 20%, resulta imprudente plantear un impuesto a las bebidas azucaradas y a los productos ultra procesados.
“Lo ideal sería introducir estos impuestos de una manera gradual, es decir que aplique cuando la inflación esté controlada. Aunque el recaudo no es muy significativo ($2 billones), sí se impacta la sicología de la gente, y la percepción de que deberán pagar más por productos como la gaseosa o el salchichón”, explicó Botero (ver Para saber más).
