Los esquemas de captación ilegal de recursos se sofisticaron con la llegada de la pandemia y en la actualidad las superintendencias de Sociedades y Financiera reciben diariamente consultas e inquietudes sobre una amplia oferta de opciones de inversión.
Del abanico de negocios que ofrecen una ganancia extraordinaria hacen parte modalidades como los falsos prestamistas, libranzas, factoring, alternativas multinivel, forex, entre otras.
“Recibimos denuncias, preguntas y alertas por parte de personas que preguntan si la alternativa de inversión que le ofrecen es legal, lo que nos permite iniciar las averiguaciones o investigaciones”, comentó Angélica Osorio, delegada para el Consumidor Financiero de la Superfinanciera, quien lamentó que luego de los descalabros económicos, los afectados son reacios a colaborar con las autoridades.
La funcionaria lideró el jueves en Medellín la promoción de la campaña “Me informo y cuido mi dinero”, que busca prevenir la captación ilegal de recursos y otros mecanismos que buscan quedarse con los recursos de los ciudadanos.
Y es que con habilidad e ingenio los inescrupulosos disfrazan o ponen fachadas para disimular la captación de dinero, y en la actualidad es fuerte la promoción a través de las redes sociales.
“Van mutando y si notan que las autoridades están detrás de estos fenómenos ilegales le dan otro ropaje, pero siempre está latente la captación”, añadió la delegada de la Superfinanciera, quien confirmó que en Medellín esta actividad es evidente en redes e incluso en vallas publicitarias, sin precisar cuáles.
Consecuencias
Por su parte, Martha Ruth Ardila, delegada de Asuntos Financieros de la Supersociedades, precisó que desde 2008 la captación ilegal de recursos ha logrado hacerse a unos $4 billones, de 233.000 personas.
“La labor judicial y los procesos de intervención adelantados han posibilitado que se devuelva, aproximadamente, $1 billón, ya que la tarea de los interventores es recuperar lo poco que queda de quienes se dedican a esta actividad, que por lo general migran los recursos y sus bienes a terceras personas para entorpecer las investigaciones”, dijo la delegada de la Supersociedades.
También aclaró que los $3 billones que no se han devuelto figuran en una serie de procesos en los que los captadores no han respondido, ya que los dineros o bienes que compraron con esos recursos deben ser puestos a disposición de los interventores, pero es algo que por lo general no pasa.
“A veces queda la sensación que es el Estado el que debe responder y devolver los dineros y eso no es así. El Estado abre un proceso para determinar dónde están los recursos o bienes y hasta donde se pueda recuperar es que se devuelve”, indicó Ardila.
La funcionaria aseguró que tras los procesos de intervención y liquidación de las captadoras no queda dinero en efectivo “guardado en bóvedas o cuentas bancarias” para resarcir a los afectados, por lo que es frecuente que se liquide o remate algún bien para recuperar parte de los recursos.
En los últimos tres años, incluidos los periodos de confinamiento por la pandemia, la Superintendencia de Sociedades contabilizó 3.400 afectados por los esquemas de captación ilegal, por valor de $85.000 millones.
Pese a lo recurrente de este tipo de actividades, no hay un perfil definido del inversionista colombiano que sea proclive a atender las ofertas o promesas de dinero fácil y rápido. “Encontramos toda clase de personas que son movidas por un alto rendimiento. Hay gente con un alto nivel académico hasta jóvenes y personas con poca experiencia, así que es heterogéneo el grupo”, enfatizó Osorio.
Igualmente, se anotó que otra característica de este fenómeno es la rotación, es decir que no se focaliza en una sola región o zona del país. En ocasiones se gesta un foco de captación y este se va moviendo. Lo claro es que no se ha vuelto a observar es un fenómeno masivo como el de DMG en 2008.
Con actividades de prevención y educación financiera se apunta a brindar herramientas a las autoridades locales y a la ciudadanía para que no se deje engañar por los esquemas de captación ilegal de recursos, y evitar las pérdidas del dinero
233.000
colombianos han sido afectados por la captación ilegal de dinero desde 2008.
$1
billón han recuperado las autoridades en intervenciones contra captadores ilegales.
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