Este lunes el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) tendrá una de sus sesiones más decisivas: discutir la posibilidad de suspender de manera temporal la regla fiscal, a través de una cláusula de escape, por un período de tres años.
En la reunión, en la que participarán el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Consejero Económico de la Presidencia, y las direcciones del Tesoro Nacional y de Impuestos y Aduanas, se debatirá la propuesta del gobierno de Gustavo Petro de suspender temporalmente la regla fiscal, utilizando la llamada “cláusula de escape” contemplada en la Ley 1473 de 2011.
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Este es un mecanismo excepcional que permite flexibilizar los límites de déficit establecidos por la ley y ampliaría la capacidad de endeudamiento del país.
El debate cobra mayor urgencia porque el gobierno debe presentar en los próximos días el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el documento en el que expone sus proyecciones económicas y compromisos fiscales. Su publicación, prevista para el 13 de junio, ha encendido las alarmas y acelerado la discusión actual.
¿Qué es la regla fiscal y por qué es importante?
De acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la regla fiscal es una ley que limita la capacidad de endeudamiento de los gobiernos; es decir, evita que gasten demasiado o se endeuden en exceso, lo que asegura la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Esta regla cambia según la situación de cada país y sirve para poner límites al gasto de los gobiernos: puede establecer límites sobre cuánto puede gastar por encima de lo que recauda, cuánto se puede endeudar sin que la deuda se vuelva muy alta, o hasta qué punto puede crecer el tamaño del Estado.
“La regla fiscal de Colombia fue establecida formalmente en 2011 con la Ley 1473 producto de las recomendaciones que hizo un Comité Técnico Interinstitucional constituido por el Gobierno nacional en 2010. Esta ley establecía, en términos sencillos, que el déficit del Gobierno Nacional –definido como la diferencia entre los gastos e ingresos– no podía ser superior al 1% del PIB a partir del año 2022. La entrada en vigor de esta regla vino con un régimen de transición en el que el límite del déficit era 2,3% hasta 2014 y 1,9% hasta 2018”, indicó el Observatorio.
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Los impactos de romper la regla fiscal
La regla fiscal impone dos límites que el Gobierno Nacional no puede exceder: la deuda pública no debe superar el 70% del Producto Interno Bruto (PIB), y el déficit primario —la diferencia entre ingresos y gastos antes del pago de intereses— debe mantenerse por debajo de un umbral calculado con base en el nivel de endeudamiento del año anterior.
Para este 2025, el tope es del 0,8% del PIB. Pero, dado que en 2024 la deuda representó el 61% del PIB, cualquier incumplimiento de la regla este año se daría por exceder el segundo límite.
¿Por qué el Gobierno considera una “cláusula de escape” en este momento? El panorama actual del país es desafiante: el crecimiento económico se ha desacelerado, el recaudo ha disminuido, la inversión extranjera ha retrocedido y las demandas de gasto público —particularmente en salud, educación e infraestructura— han aumentado significativamente.
Este escenario ha superado las proyecciones fiscales del Ministerio de Hacienda, que enfrenta serias dificultades para cubrir el déficit estimado para 2025.
César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana (Corfi), asegura que esta jugada es la forma en la que el Gobierno reconoce oficialmente que está en aprietos y que su salud fiscal es crítica.
Para el analista, lo que verdaderamente se necesita es un recorte del gasto de al menos $30 billones y establecer topes de gasto a todos los ministerios en el marco de una política austera.
Finanzas públicas son críticas: Carf
El Carf detalló que el déficit del Gobierno Nacional Central alcanzó el 6,7% del PIB, superando en 1,1 puntos porcentuales la meta establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2024, debido a menores ingresos tributarios y a un mayor gasto primario respecto de lo programado.
Además, la deuda neta se elevó al 59,3% del PIB, alejándose del ancla fiscal del 55%, lo que incrementa las presiones sobre la sostenibilidad fiscal y la rigidez del gasto público.
Ante este panorama, el Carf estima que será necesario un ajuste fiscal de al menos $46 billones (equivalente al 2,6% del PIB) en su escenario base. Sin embargo, en un escenario alternativo que contempla la materialización de riesgos, ese ajuste podría ascender a cerca de $75 billones, es decir, un 4,1% del PIB.
Ahora, en el mediano plazo, el Comité identificó algunos riesgos importantes de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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Según explicó, se proyecta que el gasto del Gobierno Nacional Central, que ya se encuentra en niveles históricamente altos en relación con los ingresos, enfrentará presiones significativas durante la próxima década.
Además, alertó sobre el crecimiento de rigideces presupuestales, lo que representa un desafío en sí mismo, ya que limita la capacidad del gobierno para ajustar sus cuentas y reduce el espacio disponible para inversiones sociales.
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