La banca denuncia presuntas irregularidades en procesos de insolvencia que permitirían reducir deudas y detener remates.
El denominado cártel de las falsas insolvencias, denunciado en abril por Asobancaria, mantiene encendidas las alertas del sistema financiero colombiano por la presunta manipulación de procesos concursales mediante la creación de deudas ficticias.
El esquema buscaría aprovechar el mecanismo legal de insolvencia de persona natural no comerciante para aplazar embargos, detener remates y obtener condiciones de pago favorables a costa de los acreedores legítimos.
La maniobra, según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, involucraría a deudores, abogados, firmas jurídicas y presuntos prestamistas que figurarían como acreedores sin que existan obligaciones reales. Entre las personas identificadas en estos procesos habría incluso reclusos de centros penitenciarios, quienes aparecerían como supuestos prestamistas.
Le recomendamos leer: Insolvencia en Colombia aumentó 374% durante el gobierno Petro: estas son las razones
Ante estas prácticas, entidades del sector financiero y autoridades han intensificado las denuncias penales y disciplinarias para investigar las posibles irregularidades y evitar que un instrumento diseñado para facilitar la negociación de deudas se utilice para defraudar a los acreedores y afectar la administración de justicia.
En otras noticias: ¿Se limitará el efectivo en Colombia? La propuesta que cambiaría la compra de vivienda, carros y lotes
El mecanismo, según la investigación periodística, comenzaría con la captación de personas endeudadas a través de redes sociales, correos electrónicos y servicios ofrecidos por firmas jurídicas.
Las propuestas incluirían promesas de detener remates, suspender embargos y facilitar la incorporación de obligaciones que no necesariamente corresponderían a deudas reales.
Una vez vinculado el deudor, se crearían supuestas acreencias mediante pagarés u otros documentos que respaldarían préstamos inexistentes. Para ello, se recurriría a personas que actuarían como prestanombres y aparecerían formalmente como acreedores.
Puede leer: Insolvencias de personas naturales en Colombia podrían alcanzar récord de 26.640 casos en 2026
Entre los casos identificados figurarían personas privadas de la libertad en establecimientos como La Picota y la cárcel de mujeres de Bogotá.
La inclusión de estas obligaciones ficticias permitiría alterar la composición de los acreedores y modificar el peso de sus votos durante las audiencias de negociación. De esta manera, los participantes del esquema podrían obtener mayorías para imponer condiciones a bancos, copropiedades y otros acreedores que sí entregaron recursos o tienen obligaciones legítimas a su favor.
La manipulación de las mayorías podría facilitar acuerdos con condonaciones significativas de intereses, reducciones del capital adeudado y plazos de pago que llegarían hasta los 20 años.
Estas condiciones afectarían a los acreedores reales, que tendrían menos capacidad para oponerse a propuestas respaldadas por una composición artificial de las votaciones. El resultado sería un acuerdo construido sobre obligaciones presuntamente inexistentes, con consecuencias económicas para quienes buscan recuperar los recursos que les adeudan.
Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, pidió investigar estas prácticas, fortalecer la supervisión de los centros de conciliación y proteger a los consumidores que recurren legalmente a estos mecanismos para reorganizar sus finanzas.
Benítez señaló que las denuncias sobre personas que estarían creando deudas desde las cárceles para utilizar posteriormente los mecanismos de insolvencia son nuevas para su organización. Por eso, anunció que harán seguimiento a la situación denunciada por Asobancaria.
“Si están pasando estas cosas es porque hay actores y personas inescrupulosas que tal vez estén viendo en la insolvencia la oportunidad de defraudar al sistema financiero”, afirmó.
El directivo recordó que Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera han advertido sobre comportamientos irregulares alrededor de estos procedimientos y respaldado los llamados del sector bancario para combatir su uso indebido.
Sin embargo, insistió en que las alertas no deben llevar a estigmatizar a todos los deudores que acuden a la insolvencia. Según explicó, la mayoría busca una salida legal a sus dificultades económicas y una oportunidad para recuperar su estabilidad financiera.
Le recomendamos leer: Procesos de insolvencia en Colombia se dispararon 147% este año, ¿por qué más personas están usándolos?
Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.
Bloque de preguntas frecuentes
Regístrate al newsletter
