En el marco del Día Mundial del Chigüiro, celebrado el 10 de julio, se reactivó en Colombia la controversia por la caza comercial de esta especie. La senadora animalista Andrea Padilla lanzó una campaña en Change.org para pedir la suspensión del borrador de resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que permitiría el aprovechamiento controlado de esta especie en la Orinoquía.
Padilla, conocida por su defensa de los derechos de los animales, calificó la propuesta como inaceptable y pidió a la ministra Lena Estrada Añokazi que detenga su trámite. La iniciativa cuenta con cientos de firmas y ha encendido el debate en redes sociales.
El argumento oficial: sostenibilidad, no amenaza
Desde el Ministerio, la iniciativa se justifica en más de dos décadas de estudios científicos sobre la biología, distribución y dinámica poblacional del chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris), realizados por universidades, institutos de investigación y autoridades ambientales regionales.
El objetivo de la resolución es fijar un cupo global de caza legal, bajo monitoreo, con trazabilidad, condiciones sanitarias avaladas por INVIMA y un límite máximo de extracción por temporada. Según el Ministerio, esto busca desincentivar la caza furtiva, generar beneficios comunitarios y proteger el ecosistema.
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La otra cara de moneda
A las declaraciones de la senadora Padilla se suman activistas por el bienestar animal que argumentan que el chigüiro es un símbolo de biodiversidad y no debe ser tratado como mercancía. Sin embargo, desde el campo científico y ambientalista, voces como la de la bióloga Brigitte Baptiste han defendido la propuesta del Gobierno.
Baptiste, actual rectora de la Universidad Ean y una de las voces más reconocidas en temas de biodiversidad, ha insistido en que el uso responsable de fauna silvestre puede ser ético, culturalmente pertinente y ecológicamente necesario.
Proyecto Chigüiro y antecedentes legales
Esta no es una propuesta nueva ni aislada. Desde 2001, investigadores de la Universidad Nacional de Colombia vienen desarrollando el Proyecto Chigüiro, una iniciativa científica y comunitaria que plantea un modelo de caza sostenible, con matanza ética, procesamiento completo del animal (carne, grasa, piel, huesos), plantas móviles con control sanitario y beneficios económicos para ganaderos que conserven los humedales.
En septiembre de 2024, el diario El País de España reveló detalles del proyecto, destacando cómo los investigadores buscan sustituir prácticas violentas e ilegales por un modelo académico, legal y ético.
“Hay colegas que no entienden por qué para conservar uno tiene que comerse una especie”, dijo al medio el biólogo Hugo López, líder del proyecto. También recordó que el chigüiro es una especie de “preocupación menor” según la UICN y que su población en la Orinoquía es abundante.
Además, este artículo recordó que en los años 90, un escándalo por la exportación masiva e ilegal de carne a Venezuela llevó a suspender la comercialización de esta especie. Desde entonces no existen licencias activas ni zoocriaderos autorizados en el país. El nuevo modelo busca reactivar esta práctica, pero con seguimiento riguroso y bajo estándares modernos.
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Una discusión abierta: conservación, cultura y futuro
El Ministerio insiste en que el aprovechamiento del chigüiro debe verse como una oportunidad de conservación, en línea con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Decreto 1076 de 2015, que permite la caza con fines comerciales siempre que se cuente con licencia. La Resolución 072 de 1969 ya permitía la caza comercial en ciertas condiciones, pero su aplicación quedó suspendida por falta de controles adecuados.
El fondo del debate parece no estar en el “si” se puede cazar, sino en el “cómo” y bajo qué garantías. Mientras tanto, la propuesta sigue en revisión técnica y legal, y el país debate si puede o “debe” conservar su biodiversidad comiéndosela con respeto o defendiéndola sin excepción.
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