Resulta que sin pensarlo y gracias a la mala gestión de los residuos farmacéuticos (medicamentos vencidos o posconsumo, aquellos que se guardan “porque después pueden servir” pero que a la larga terminan vencidos, parcialmente consumidos o deteriorados), Colombia vive una situación que amenaza, no solo a la salud pública, sino también al medio ambiente.
O al menos eso puedo pensarse luego de que el Instituto Nacional de Salud en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) publicara un estudio sobre intoxicaciones por sustancias químicas, a través del cual llegaron a la conclusión de que, entre 2007 y 2017, en el país se registraron 99.600 intoxicaciones asociadas a medicamentos, siendo que tan solo en el 2017, gracias a esas intoxicaciones asociadas a medicamentos, se reportaron 13.372 casos, de los cuales 29 concluyeron en muerte.
¿Y por qué el informe se concentra en esa década? Según Punto Azul, una entidad sin ánimo de lucro que agrupa, representa y apoya a las industrias dedicadas al cuidado de la salud y el bienestar de los ciudadanos en la gestión adecuada de sus residuos, y en la que están asociados 276 laboratorios de la industria farmacéutica, es decir, el 98% del total de laboratorios presentes en esta tierra, porque justo en el 2018 se terminó un programa de políticas públicas, puesto en marcha en el 2005, que tuvo como objetivo principal prevenir y reducir los riesgos asociados a los RESPEL y promover el manejo ambiental adecuado con el fin de minimizar sus riesgos.
Los RESPEL son lo que comúnmente se conoce como residuos peligrosos, ya que, “debido a sus peligros intrínsecos, por ejemplo, ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, pueden causar daños o efectos indeseados a la salud o al ambiente. Y se pueden encontrar en estado sólido o semisólido o ser líquidos o gases contenidos en recipientes”, explica el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Pero, ¿por qué al no hacer una correcta gestión de estos residuos se empieza a hablar de “daño ambiental” y “perjuicios a la salud pública”? “Por el lado ambiental, porque esos medicamentos terminan en los suelos y generan lixiviación, que es un proceso contaminante de efectos perjudiciales. Por otro lado, porque cuando esto llega principalmente a los cuerpos de agua y cuando tiene trazas de medicamentos, algunos animales consumen esas aguas, y al nosotros alimentarnos de esos animales, creamos procesos de resistencia antimicrobiana”, comenta Jorge Enrique Trujillo Sánchez, director ejecutivo de la corporación Punto Azul.
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Y bueno, el problema de crear una resistencia antimicrobiana es que si una persona se enferma de algo que solo se puede curar con un medicamento con el que ya creó dicha resistencia, por haberla consumido por medio del agua o del animal, en este caso, el medicamento no va tener efectos en su organismo.
Algo bastante grave a lo que se le debe sumar la falsificación y la adulteración de medicamentos que, tal y como ha recalcado la Organización Mundial de la Salud (OMS) en diferentes oportunidades, “en los países en vías de desarrollo la falsificación puede llegar a ser del 70% de los medicamentos que circulan en el mercado. Esto, en parte porque los delincuentes usan productos vencidos para comercializarlos de forma clandestina o en otros mercados o para empacar falsificaciones”.
Luego del programa de políticas públicas puesto en marcha en el 2005 por el Gobierno, en 2009 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible promulgó la famosa Resolución 371 a través de la cual se estructuró todo el componente normativo alrededor de los “Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos VencidoS”, que en la actualidad sigue vigente.
Ahora, según esa ley, el responsable directo del cierre del ciclo de vida de los medicamentos es la industria farmacéutica, pero es obvio que en toda la cadena hay responsabilidad, desde el distribuidor mayorista o minorista, pasando por las farmacias hasta llegar al consumidor final. “La industria tiene una responsabilidad legal, pero la del consumidor es una responsabilidad de tipo ética”, comenta el director ejecutivo de Punto Azul.
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El año pasado, por ejemplo, Punto Azul logró gestionar 300 toneladas de medicamentos posconsumo, 300 toneladas que, de no haber sido separadas desde la fuente, habrían podido afectar a 9 millones de pacientes, puesto que, de seguro, habrían terminado en manos de bandas criminales o de gente que se dedica a la falsificación y adulteración de medicamentos.
Para la recolección de medicamentos Punto Azul tiene dispuestos 2.500 contenedores (botes azules a los que le llaman Puntos Azules) por todo Colombia, y en la página web www.puntoazul.com.co usted puede encontrar el que le quede más cerca. Después, ellos se encargan de hacer toda la logística a la inversa con todos los protocolos de seguridad necesario hasta que esos residuos sean incinerados.
¿Qué depositar en un Punto Azul?
* Envases y empaques de medicamentos
* Medicamentos que ya no usa
* Medicamentos parcialmente consumidos
* Medicamentos vencidos
¿Qué no depositar en un Punto Azul?
* Jeringas
* Termómetros
* Gasas
* Elementos cortopunzantes
* Pilas
Por la gestión de cada 3.500 toneladas de residuos de medicamentos, se dejan de emitir 750 toneladas de CO2 equivalente.
