El Concejo se “prendió” esta semana por un dato revelador: Medellín tiene hoy 12 zonas rojas estructurales, es decir, puntos con problemas como deterioro del espacio público, la inseguridad, el auge de economías informales e ilegales, la habitabilidad en calle, la explotación de niños y el deterioro ambiental.
Según el concejal Andrés Rodríguez, citante del debate, esta problemática se ha extendido a la Avenida de Greiff, El Raudal, la Plaza Botero, el Parque de Bolívar, Prado Centro, los bajos de la estación Prado, El Chagualo, las cercanías a la Plaza Minorista, Barrio Triste y La Bayadera en el Centro. También aparecen ahora Barrio Caribe y el Barrio Antioquia.
Pero la ciudad no solo tiene zonas rojas. Rodríguez también denunció 9 zonas en consolidación crítica —o sea puntos con un deterioro urbano en auge a raíz de la rápida expansión de actividades económicas, turísticas o comerciales sin Dios ni Ley—. Estas aparecen en el Parque Lleras, Provenza, Manila, el Parque de El Poblado, la comuna 13, la calle Ayacucho, San Diego, la carrera 70 y el Doce de Octubre.
Y para acabar de ajustar, otras 9 zonas de la capital antioqueña se rotularon como zonas a la deriva, o sea territorios donde comienzan a observarse síntomas de deterioro. Así identifican áreas en la Autopista Norte, Robledo, las zonas comerciales de Aranjuez, Manrique, la Avenida 33, los bajos de los puentes Madre Laura y 4 Sur, el entorno del metrocable de Santo Domingo Savio y Santa Elena.
Las bandas detrás
En la sesión también se mencionaron las bandas que mandan en las zonas rojas y otros puntos. Por ejemplo, en El Poblado, Provenza y el Parque Lleras delinquen estructuras como La Terraza y Caicedo, principalmente en tráfico de estupefacientes, hurto, explotación sexual, mendicidad, uso indebido del espacio público y extorsión.
En el Centro, además de estas prácticas, también se registran delitos como estafas y explotación sexual de niños por parte de La Terraza, Caicedo, Los Caravanudos y Las Convivir. Estas bandas también controlan el Parque de Bolívar y el Parque Botero, donde además se suma el hurto a comercio y consumo de estupefacientes; además del Bronx, Barbacoas (con economías ilegales que incluyen hasta el hurto de cobre) y el Parque de Berrío.
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“Le pedimos a la Alcaldía que revisen lo que están haciendo con sus proyectos y programas para atajar estos problemas. No creo que toda la inversión hecha esté teniendo un efecto positivo porque cada día vemos más habitantes de calle y las zonas donde se ofrecen actividades sexuales y drogas va en crecimiento”, dijo Rodríguez.
Otro de los citantes, Brisbany Arenas, mostró su preocupación por los resultados de las autoridades. “¿Cómo nos dicen que de nueve grandes intervenciones en zonas críticas del Centro apenas incautaron casi 9 kilos de drogas cuando uno sabe que por ahí se mueve muchísimo más? Nos dicen que saben que detrás de todo esto están Caicedo, La Terraza o Robledo ¿pero entonces por qué esas bandas siguen ahí?”, añadió.
Sobre la explotación sexual de niños en estas zonas, Arenas dijo: “Este tema tan complejo también se ve hoy en Barbacoas o la Avenida de Greiff, porque para las estructuras es rentable explotar niños en esa zonas rojas, sin que cojan a nadie. Queremos que el Distrito analice como van las cosas porque hoy no funcionan”, puntualizó.
Ante la facilidad con que los ilegales controlan estas zonas aún en las narices de las autoridades, la concejala Claudia Carrasquilla comentó que sino hay un trabajo articulado entre la Alcaldía y las autoridades –incluido el Ejército– nunca se van a derrotar las bandas. “¿Por qué no ha habido resultados de la Fiscalía contra estas estructuras? Porque acá no hay un trabajo serio que permita perseguirlas, por eso es que estas bandas usan a los habitantes de calle que a su vez son sus mejores clientes”, dijo Carrasquilla.
Cerca de 13 expertos en atención a habitantes de calle y drogadicción comentaron la descoordinación que hay entre sus fundaciones y la Alcaldía en estos temas. También se debatió entre expertos y concejales sobre la reestructuración que deben tener el personal encargado de convencer a los habitantes de calle para que se rehabiliten y de espacios como Centro Día para que impulsen la resocialización de los habitantes de calle.
Que dicen las autoridades
La Policía dijo que ha intervenido zonas rojas en El Poblado y El Centro. Durante 2026 se han realizado 641 capturas, incautado 35 armas de fuego y decomisado 181 kilos de droga en las mismas. Además, comentó que se han ejecutado 7 operativos de impacto y 12 planes diferenciales que han dejado 43 más.
También detalló que en igual periodo de 2025 y 2026, los homicidios se redujeron de 30 a 21 casos en estas zonas, mientras que las lesiones pasaron de 263 a 211 casos, y los hurtos de 2.544 a 1.867.
Una de las intervenciones esperadas era la del secretario de Seguridad y alcalde encargado, Manuel Villa, quien escuchó los reclamos hechos y aceptó el llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre Distrito y la sociedad para enfrentar las Zonas Rojas. Por eso anunció que se trabajará con las organizaciones presentes.
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Eso sí, Villa pidió no romantizar temas sensibles como el consumo de drogas con “fines recreativos”.
Según Villa el consumo de drogas, así sea las “suaves”, está sujeto hoy a una peligrosa combinación de mayor producción con componentes más potentes, nuevas herramientas de distribución y una narrativa que minimiza los riesgos. “La gente no sabe qué está consumiendo, y aunque parecen más accesibles e inofensivas, son drogas más dañinas que las de antes”, señaló.
Villa también comentó que la problemática de zonas rojas viene aupada por cantidad de drogas que llegan a Medellín. Según detalló, en 2025 se incautaron cerca de 14 toneladas de droga en el Aburrá, o sea un 160% más que en 2024. Pero para 2026, ya iban 6 toneladas, una tendencia creciente.
Frente al tema de explotación sexual infantil en las zonas problemáticas, Villa comentó que algo muy grave está pasando en la sociedad cuando se capturan por dichos delitos a las propias madres de los niños explotados, quienes son sus proxenetas.
A pesar de este panorama, el alcalde (e) destacó que Medellín presenta resultados positivos en seguridad. Sin embargo, insistió en mantener una mirada crítica: “No estamos aquí para tapar la realidad, sino para enfrentarla con decisión. Ver el vaso medio vacío es la única forma de identificar lo que falta por hacer”, concluyó.
Por su parte, la Secretaría de Inclusión comentó que ha aumentado sus operativos en al menos 10 puntos críticos de la ciudad, entre ellos San Cristóbal, la avenida 70, Laureles, San Antonio de Prado, Barrio Antioquia, Caribe-Castilla, Popular, Moravia, Aranjuez, Manrique, el Centro y El Poblado. Según la entidad, uno de los mayores retos es la atención a los habitantes de calle. Actualmente, en las zonas críticas se atienden con atención psicosocial, salud básica, higiene, alimentación y acompañamiento en procesos de resocialización a 1.714 personas en esta condición, siendo El Centro la más afectada con 1.213, seguida por Provenza con 188 y el corredor de la 70 y Laureles con 261.En 2025, la cifra total alcanzó 3.089 personas, con 2.120 en el Centro.
Inclusión Social detalló que en el actual cuatrienio se pasó de 25 a 560 educadores de calle operando de forma permanente. Ante los reclamos por su aparente falta de idoneidad, la entidad comentó que la mitad de ellos son operadores de comunidades terapéuticas.
Frente a la operación de los Centros Día, Inclusión Social dijo que tienen capacidad para atender hasta 2.224 usuarios diarios, mientras que la atención especializada alcanza a 872 personas en distintas zonas del Valle de Aburrá, incluyendo sedes en Barbosa.
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No obstante, la entidad detalló que existen limitaciones legales para la resocialización de esta población, pues por sentencias de la Corte Constitucional no es posible obligar a los habitantes de calle a ingresar a estos procesos si no manifiestan su voluntad.
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