En medio de los múltiples escándalos que se presentaron en contra de la administración del exalcalde Daniel Quintero una de las que más llegó a la opinión pública fue la de María del Pilar Rodríguez, exfuncionaria de esa alcaldía, quien en noviembre de 2021 denunció ante la Fiscalía y organismos de control que siendo directora de la Unidad de Niñez fue citada con otros directivos a una reunión en la que les habrían quitado los celulares y a puerta cerrada les hablaron de cómo debían sumarse al proyecto del movimiento Independientes con miras a que Quintero pudiera ser presidente en 2026.
Una de las instituciones que abrió indagación tras la denuncia fue la Personería de Medellín, pero el pasado 23 de febrero de 2024 le notificaron a Rodríguez que el proceso fue archivado, tal como se lee en la comunicación firmada por Tomás Mauricio Grisales Ruiz, personero delegado 17D del área de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria.
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Según la denuncia que presentó en su momento Rodríguez, la mencionada reunión fue citada por Juan Pablo Ramírez, quien era el secretario de Inclusión Social y uno de los hombres más cercanos al exalcalde. Dijo que fueron alrededor de 20 directivos los convocados a un almuerzo el domingo 8 de agosto de 2021, y que tuvieron que entregar los celulares, con lo cual quedaron incomunicados por completo.
Lo que les habrían dicho, de acuerdo con el relato que aún sostiene Rodríguez, fue que debían convertirse en miembros de la fundación “El futuro se parece a nosotros” y pagar cuotas mensuales de mantenimiento desde $20.000 hasta $200.000 dependiendo del monto de sus contratos. Esto, para apoyar el proyecto de Independientes, con el que Quintero se volvió alcalde y que pretendían extender a largo plazo con apuestas en las presidenciales.
Ramírez siempre ha negado que esta situación haya ocurrido. “En ninguna de esas reuniones se ha exigido un aporte económico a favor de la mencionada fundación ni de ningún otro particular”, dijo entonces.
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Pero Rodríguez asegura que sí se hizo y se lo tomó como una presión indebida para conservar su trabajo, el cual dejó casi dos meses después de la supuesta reunión y luego puso en evidencia las denuncias, con soportes como mensajes de WhatsApp, audios y la carta de afiliación a la ONG que les habrían dado el día del almuerzo, en la que incluso les habrían escrito la cuenta a la que debían consignar.
La exfuncionaria manifestó que tras renunciar a su cargo, desde la Personería la contactaron para que ampliara las denuncias que inicialmente estaba haciendo en redes sociales. Ella, según contó, acudió a relatar los hechos con detalle. “Yo escribí en muchas oportunidades en todo ese tiempo, lo único que me notificaron fue el cambio de delegado para la investigación”, manifestó Rodríguez.
Ahora, más de dos años después, en la comunicación de archivo definitivo el personero Grisales Ruiz le indica a la quejosa que el proceso que se abrió tras la denuncia “en la que hacen alusión a una presunta irregularidad de funcionarios en cuanto a una presunta participación en política fue archivado por medio del auto de fecha 22 de febrero de 2024”.
