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El Concejo de Medellín escogió a la nueva contralora de la ciudad; ¿quién es?

Paula Andrea Ortega Escobar fue elegida con 15 votos a favor, en medio de un proceso que estuvo bajo la lupa pública debido a los cuestionamientos sobre su presunta cercanía con la administración anterior.

  • Paola Andrea Ortega, nueva contralora de Medellín. FOTO: Concejo de Medellín
    Paola Andrea Ortega, nueva contralora de Medellín. FOTO: Concejo de Medellín
hace 2 horas
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En la sesión de este miércoles en el Concejo de Medellín, Paula Andrea Ortega Escobar fue elegida como la nueva Contralora Distrital de la ciudad, para el periodo 2026-2029 con 15 votos a favor.

Los otros dos ternados, Alina Marcela Restrepo y Luis Fernando Álvarez, no recibieron ningún voto.

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Los concejales que no participaron en la votación fueron: Farley Macías (Partido Liberal), José Luis Marín (Pacto Histórico), Brisbani Arenas (Partido Conservador), Luis Guillermo Vélez (Centro Democrático), Claudia Carrasquilla (Centro Democrático) y Damián Pérez (Creemos).

Ortega celebró su victoria como un “triunfo del mérito”. “Mi reto para estos 4 años será vigilar con transparencia y objetividad, los recursos de este distrito”, aseguró.

¿Quién es Paula Andrea Ortega?

Paula Andrea Ortega Escobar es abogada especialista en derecho administrativo y es funcionaria de carrera administrativa en la Contraloría de Medellín desde hace casi una década.

Durante su intervención ante la plenaria, Ortega Escobar resaltó el carácter histórico del proceso, afirmando que “Medellín hace historia y le dice al país que sí se pueden hacer las cosas de manera diferente, con base en los méritos”.

La nueva Contralora aseguró que su principal reto será “vigilar con transparencia los recursos de este Distrito”, y su enfoque se centrará en el fortalecimiento de la transparencia, el control fiscal efectivo y la lucha contra la corrupción.

Loss concejales que votaron a favor de su nombramiento son: Sebastián López, Santiago Perdomo, Carlos Alberto Gutiérrez, Andrés Felipe Tobón, María Paulina Suárez, Alejandro de Bedout, Juan Carlos de la Cuesta, Santiago Narváez, Camila Gaviria, Alejandro Arias, Miguel Ángel Iguarán, Juan Ramón Jiménez, Leticia Orrego, Andrés Felipe Rodríguez y Janeth Hurtado.

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Las controversias y la defensa de Ortega

La terna finalista, de la cual salió elegida Ortega, había estado bajo una intensa lupa pública debido a una serie de señalamientos que vinculaban a sus integrantes con la alcaldía del exalcalde Daniel Quintero. Críticos de este proceso han señalado que los nombramientos en el control fiscal no deberían estar ligados políticamente para garantizar la imparcialidad en las investigaciones.

En particular, Paula Andrea Ortega fue señalada de ser presuntamente ficha del actual contralor Pablo Garcés, cuya gestión ha sido cuestionada por el manejo de denuncias asociadas a la administración Quintero. Los cuestionamientos también se dirigieron a su ascenso a secretaria general de la Contraloría, ocurrido el 9 de enero de 2024, justo después del fin del mandato de Quintero.

Además, Ortega Escobar fue cuestionada por su papel en dos de los escándalos más sonados del quinterismo: Aguas Vivas y la Clínica de la 80.

Sin embargo, en una entrevista reciente con EL COLOMBIANO, Ortega negó con vehemencia haber recurrido a cualquier tipo de influencia política, ya sea de la administración pasada o actual. Señaló que su llegada al ente de control y sus ascensos fueron por concurso de méritos. Respecto al cargo de secretaria general, aclaró que fue un encargo por solo 15 días, y que el nombramiento fue hecho por el director de Talento Humano.

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Sobre el caso de Aguas Vivas, donde la Contraloría en su momento determinó que no había detrimento patrimonial, Ortega comentó que su participación fue como asesora jurídica y que solo se le pidió proyectar la respuesta. Ella no tomó la decisión, pues su rol, asegura, era de mera relatoría, ya que no tenía competencia para tomar decisiones institucionales. Insiste en que la determinación de la Contraloría fue institucional, basada en las pruebas allegadas, que concluyeron que no había afectación al patrimonio público, pero sí una situación de índole disciplinaria o penal, por lo que se dio traslado a las autoridades competentes.

Para el caso de la clínica de la 80, Ortega hizo parte del equipo que auditó el contrato de comodato y de transacción de la Clínica de La 80. La Contraloría concluyó en diciembre de 2024 que no hubo detrimento patrimonial en el negocio, a pesar de que el Distrito solo recuperó $12.000 millones de los cerca de $23.000 millones ejecutados en mejoras.

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Sobre esto, aclaró que participó en el equipo auditor como asesora jurídica. Dijo que las decisiones eran tomadas por mayoría por el equipo interdisciplinario (cinco auditores, jefes y el Comité de Revisión de Auditorías), no por ella sola. Remarcó que, en su análisis, sí concluyó la irregularidad de la ausencia de autorización del Comité de Conciliación, lo que derivó en hallazgo disciplinario y penal. Aseguró que la conclusión de que no hubo detrimento fue un análisis técnico de otro profesional, quien determinó que el valor pagado al Distrito era razonable bajo el pacto de comodato.

Ortega enfatizó que su trayectoria profesional es intachable: “Mis años de trabajo en los que nunca he sido investigada y mis calificaciones de desempeño dicen que soy intachable”. Dijo que se presentó al concurso por mérito y porque quiere a la Contraloría.

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