El alcalde Daniel Quintero tendrá que recoger las vallas que la Alcaldía había instalado en la ciudad. En pasacalles habían puesto la siguiente frase: “Es un hecho, el alcalde Daniel Quintero congelará la tarifa de los servicios públicos”. Esto tenía que ver con la petición que el alcalde le había hecho al presidente Gustavo Petro de congelar las tarifas de EPM y sus filiales, lo que impactaría a 13 departamentos.
Lea también: El 24% de los hogares de Medellín aguanta hambre, el peor registro en 17 años
Pero un nuevo revés sacudió al alcalde: el Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos jurídicos del Decreto 227, del 16 de febrero de 2023, que daba facultades al presidente para tomar decisiones sobre las tarifas de servicios públicos.
A través de su cuenta de Twitter, Quintero respondió a la decisión del Consejo de Estado: “Seguiremos luchando por el congelamiento de la tarifa de servicios públicos a pesar de que el Consejo de Estado suspendió las funciones de regulación del Presidente”.
El asunto es que el alcalde no tiene competencia en este asunto. Las vallas recientemente instaladas, en las que se daba por hecho algo que ni siquiera es de resorte de Quintero, hicieron recordar que su campaña para la Alcaldía de Medellín, en 2019, prometió también congelar las tarifas, cosa que claramente no podía cumplir.
Enterese: Daniel Quintero es el alcalde más impopular de Medellín desde 1994, según encuesta Invamer
Aunque Quintero había prometido que durante su gobierno los valores de los servicios públicos no subirían, un derecho de petición a EPM daría cuenta que entre 2020 y septiembre de 2021 estos valores subieron un 5,6% en todos los estratos, dejando en tela de juicio una promesa de campaña que estaría buscando cumplir en su último año de gobierno y anunciándolo así aún no haya una respuesta oficial.
El alcalde Quintero y el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, se habían reunido esta semana con el presidente Petro para expresarle su propuesta sobre las tarifas. Los dos funcionarios estuvieron en Bogotá, donde incluso ofrecieron una rueda de prensa.
La decisión del Consejo de Estado, aunque es provisional (se trata de una medida cautelar) deja sin piso cualquier intento del presidente y por extensión del alcalde.
Amparadas en esta decisión judicial, las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios seguirán ejerciendo, de manera ordinaria, todas las funciones que le fueron asignadas.
David Suárez, constitucionalista de Eafit, explicó que lo que le queda a la sección primera, conformada por cuatro magistrados, es decidir de fondo sobre la demanda de nulidad, para lo cual ya no solamente se tendrá en cuenta a los demandantes sino también la posición del gobierno nacional. De momento, el consejero Serrato sería el ponente de la decisión, pero esta incluso podría llegar a Sala Plena, que está confirmada por 27 magistrados.
Suárez aseguró que estas decisiones de fondo toman tiempo, y agregó que seguramente el gobierno puede acudir a un recurso de súplica ante la sección primera, pero esta es de carácter devolutiva, es decir, que no se suspende la aplicación de esta medida cautelar mientras se revisa.
