Por NÉSTOR ALONSO LÓPEZ LÓPEZ
Carlos Arcila lleva por lo menos tres décadas como defensor de Derechos Humanos. Empezó de manera precoz integrando el club juvenil y la acción comunal del Doce de Octubre sector Los Lotes y fue escalando en su liderazgo comunitario hasta llegar a la Junta Administradora Local.
Después, fundó la Mesa de Derechos Humanos en la comuna 6, amplificó la iniciativa a todo Medellín y al Valle de Aburrá; fue subsecretario de Derechos Humanos en la primera alcaldía de Federico Gutiérrez, y antes de asumir como Secretario de la No Violencia, se desempeñó como secretario internacional de la ONG Human Rights International y director de la corporación humanitaria Justicia al Derecho.
Arcila es abogado y magíster en derecho penal procesal y teoría del delito. Se queja de que esta secretaría la entregaron sin sustancia y asegura que el sello que le va a imprimir a la dependencia es hacer presencia permanente y cotidiana en los barrios.
Usted viene del campo de la denuncia, ¿cómo se da es esta transición que experimenta ahora hacia una dinámica más como ejecutor?
“He estado en la denuncia y criticando al Estado. Yo estuve en el 2016 al 2019 como subsecretario y ahí uno aprende que eso era solo una parte para incidir en la institucionalidad para que le diera respuestas a la comunidad. Ahí yo me choqué porque creí que se podían hacer muchas cosas y no todo lo permiten la norma y el procedimiento administrativo y contractual; ahora, Federico me invita a estar como secretario y es un reconocimiento a ese ejercicio en Derechos Humanos y trabajo con víctimas, una oportunidad de construir e incidir”.
En ese papel anterior tuvo que denunciar y enfrentar a agentes que provocaban violencia y ahora es probable que le toque interactuar con ellos. ¿Eso es una ventaja o una desventaja?
“Yo también creí que iba a generar mucha resistencia y al contrario, ya hemos hablado con muchas personas que están en proceso de reincorporación y en procesos de paz, y ven que nosotros vivimos y sentimos más esos temas; que podemos dar mayores oportunidades y entonces he sentido uno confianza de todos los actores; ha habido más sinergia, mayor cercanía de cada uno, porque uno los entiende”.
Esta es una Secretaría que creó Daniel Quintero. Siendo la presente una administración antagónica a esa, ¿por qué conservarla?
“Porque aquí hay concentrados una serie de programas que ya existían pero estaban en otras secretarías, faltando Derechos Humanos, que quedó con un pie en otra secretaría y otro acá, pero ahora se tiene que venir del todo; eso es lo que el alcalde quiere revisar, que Derechos Humanos, paz, víctimas, estén”.
¿Se alcanzó a politizar la Secretaría?
“Sí se politizó y no se alcanzaron a ver realmente los programas y proyectos tan sensibles que tiene esta secretaría. Faltó mayor atención a las víctimas, mayor atención a los programas de paz, de Justicia restaurativa y en el tema de Derechos Humanos. Recibimos programas a los que les faltaba mayor profundización y más trabajo, y están muy desarticulados. Vamos a articularlos, a cohesionarlos y que realmente los funcionarios que están vinculados se sientan de esta Secretaría; ellos no se sienten pertenecer acá y es un tema de arraigo y de ser dolientes de este proceso”.
Esta secretaría empezó, en teoría, con un enfoque de justicia restaurativa, ¿pero en realidad se logró desarrollar?
“No se logró desarrollar, y es lo que vamos a hacer, en el sentido de que realmente nos metamos a los proyectos y programas, que las víctimas sí sientan que esto es de ellos, que pueden incidir, ayudarnos a tomar decisiones, como secretarios, para articular el fortalecimiento a los procesos. Ya hemos hablado con la Personería, Procuraduría y Defensoría para que todos los programas que tienen que ver con ellos, en los que somos como hermanos, podamos implementarlos conjuntamente”.
¿En síntesis, qué va a cambiar y qué se va a conservar?
“La idea es que sea realmente una secretaria de No Violencia y de Derechos Humanos, ¿y cómo se hace eso? Que los proyectos y programas sean coordinados, sean coherentes y realmente lleguen a la comunidad, porque tenemos un nombre, pero si usted va a los barrios la gente no sabe qué hacemos, ni siquiera dónde estamos ubicados. Además, cuando yo llegué me encontré con una estructura totalmente abandonada. Aquí no hay Internet, no hay aire acondicionado... O sea que le quitaron esto a Comfama y resulta que esta sede (el edificio Carré) es un coco. Los equipos (de profesionales) están en otras sedes y aquí solamente había dos funcionarios: una líder y otro de apoyo, con el Secretario. Yo llegué y me dijeron que había unas mesas donde la gente trabajaba, pregunté dónde estaban y quienes eran, pero no aparecían. Yo no tengo computador, ni nada”.
¿En qué se gastó entonces el presupuesto?
“Estamos revisando los programas para ver si realmente se llegó o no con ellos, en temas de víctimas, justicia restaurativa y construcción de paz. Yo encontré todas las unidades de atención a víctimas caídas y tendremos que cerrar varias porque están en riesgo de caerse. Todos los funcionarios vinculados están retirados de los enfoques que queremos, entonces ya hicimos una reunión para que conocieran al Secretario y me decían que era el primero que llega y se presenta. Yo les di el teléfono a todos para que me llamen y poder escucharlos”.
¿Si cierran las sedes de víctimas, qué van a hacer con la atención de los beneficiarios?
“El Dagrd va a hacer visitas para ver cuáles están en riesgo, que no vaya a pasar nada, pero realmente sí nos sentimos muy tristes porque estos lugares están muy deteriorados. La sede del parque Juanes de la Paz ya se cerró, y están también la sede de Belencito y la de Caunces (en la vía a Santa Elena)”.
¿Hay con qué repotenciarlas?
“No, pero lo vamos a priorizar para meterlo en el Plan de Desarrollo”.
¿Va a haber purga de personal, como en otras entidades del Municipio?
“Sí, aquí va a pasar igual porque no había trabajo en territorio. Estamos revisando todo eso porque lo que nos dicen es que algunos contratistas venían solo a firmar pero no hacían nada”.
¿Con qué equipo humano cuenta actualmente la Secretaría?
“Aquí hay 37 personas de planta, un equipo de contratistas del programa de la unidad de víctimas, está el tema de cárceles y el de apoyo a la justicia para menores. Entre operadores y contratistas son más o menos 300 personas. Hoy estamos revisando todo eso y laborando a media máquina porque apenas se está proyectando y revisando si todos estos contratos van o no”.
¿Cómo le va a jugar esta secretaría al tema de la “paz total” del presidente Petro?
“En la posesión el alcalde fue muy claro, dijo que no hubo información en el empalme, lo único fue que nos invitaron a la instalación de una mesa y no supimos nada más, lo cual es muy grave. El alcalde le está diciendo al presidente Petro ‘deme información de cómo va eso para poder intervenir, hacer observaciones y propuestas’. Dos, que se exija a los actores armados que se comprometan a no vincular más a los niños y jóvenes al conflicto armado. Y el alcalde dijo: ‘Tengo la capacidad de atender los niños y jóvenes que están en el conflicto a través del programa Parceros’. Un tercer aspecto es cómo se está desarrollando eso si no existe un marco jurídico, entonces el alcalde quiere hablar de ese tema con el Gobierno nacional para que haya claridades al respecto”.
