El abogado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) lanzó en la noche de este lunes una afirmación lapidaria al reiterar decenas de veces el pedido de medida de aseguramiento intramural contra Miguel Quintero (el hermano del exalcalde Daniel Quintero) y su socio Sebastián Ortega mientras avanza el proceso por presunta corrupción en el que fueron imputados: “Ni la cárcel sería suficiente, pero sí es urgente”, sentenció.
Miguel Quintero fue imputado hace unos días por los delitos de presunto interés indebido y prevaricato, mientras que Ortega está respondiendo por el segundo de ellos. En el mismo proceso los últimos llamados con ellos por la Fiscalía fueron el ex subdirector administrativo del Área, Álvaro Villada, y la asesora jurídica Vanesa Álvarez, pero en etapas anteriores habían sido imputadas otras siete personas, incluido el director de la entidad, Juan David Palacio.
Todo tiene que ver con la celebración de seis contratos entre el AMVA, entre 2020 y 2023, cuyo monto total fueron $17.656 millones y se habrían apropiado de $2.481 millones en forma de coimas.
En esta ocasión el ente acusador solo pidió cárcel para el hermano mayor del exalcalde de la capital antioqueña, en tanto que el AMVA, que fue acreditada como víctima, solicitó el mismo tratamiento para Ortega.
Los argumentos con relación al primero habían sido sustentados la semana pasada por la fiscal 40 anticorrupción y ayer era el turno para el representante del AMVA, Mayer Abushihab.
Le recomendamos leer: Posible vínculo corrupto en Ecopetrol jugaría contra la libertad de Sebastián Ortega
En una larga disertación que se demoró cinco horas, entre las 2:30 p.m. y las 7:30 p.m., el penalista defendió su hipótesis de que Ortega cumple varios de los patrones para pedir el aseguramiento, pues, en su concepto, representa un riesgo para la sociedad, la posibilidad de que obstruya la justicia y ostenta condiciones económicas y de movilidad como para temer que se evada de sus compromisos con la justicia.
Aseguró que hay un patrón común de este con Miguel Quintero y es que nunca necesitaron un cargo porque siempre actuaron a la sombra a través de otras personas; por ello, su estancia tras las rejas nunca podría contrarrestar su capacidad para incidir en el proceso, generar un peligro para los testigos y hasta sería un mecanismo insuficiente para evitar que dejen de comparecer a las diligencias.
Según él, existiría una campaña orquestada por ambos para amedrentar a los testigos, la cual se ha puesto de manifiesto específicamente con Misael Cadavid y Laura Mejía, quienes se han convertido en piezas claves por la información que han suministrado sobre la forma como operó el presunto tinglado corrupto que controló no solo el AMVA sino entidades como Metroparques, el Instituto de Recreación y Deportes (Inder) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), pero que también se habría aplicado en otras instancias del Distrito durante el periodo de Daniel Quintero.
Citó que con Cadavid habían usado una estratagema para disuadirlo de colaborar con la investigación mediante visitas de abogados a la cárcel y que cuando vieron que esta no surtió efecto la habrían combinado con una estrategia para desvirtuar sus declaraciones.
El abogado recordó las expresiones que han emitido los testigos con relación al temor que les producen Quintero y Ortega porque no saben los alcances de su poder y arguyen que tendrían permeadas entidades estatales a nivel nacional.
Igualmente, repitió la denuncia hecha antes por la delegada de la Fiscalía acerca de los múltiples accesos en la plataforma de la Rama Judicial (334 búsquedas) para buscar directamente información sobre el caso, pero en particular una que igualmente “materializa el intento de obstrucción a la justicia” y se trató del ingreso de alguien al portal que hizo 293 descargas de archivos relacionados con este expediente. Lo que alarma es que sería una funcionaria del mismo organismo, que no tiene que ver con este proceso, por lo cual se ordenó una investigación.
Esto coincidiría con trinos de Esteban Restrepo donde habla de presuntas inconsistencias entre las declaraciones que inicialmente dio Cadavid con las posteriores. No precisó si sería el mismo usuario institucional, pero indicó que luego se presentaron otros accesos en los que se produjeron copiosas descargas de materiales relacionados con la investigación.
La campaña de deslegitimación a Cadavid se habría valido de una expareja para hacerlo ver como mitómano, violento y maltratador; pero en esta habrían participado también el exalcalde Daniel Quintero y Esteban Restrepo haciendo eco en sus redes sociales.
“Lo que quieren es silenciar al señor Cadavid”, recalcó Abushihab.
Ya con relación específicamente a Ortega, esbozó que este ha sido reiterativo en conductas presumiblemente ilegales. Para argumentarlo, citó su presunto vínculo con otros escándalos como el de la “venta” del control sobre Afinia, la filial de EPM en la Costa Atlántica, un privilegio por el que se habrían pagado 5 millones de dólares en una negociación de la que, de acuerdo con Cadavid, habría conocido el propio alcalde de entonces, Daniel Quintero.
Abushihab apuntó que “el señor Sebastián Ortega, efectivamente, tenía esa capacidad de interferencia en las entidades de la alcaldía del señor Daniel Quintero y particularmente en lo que se refiere al Área Metropolitana”.
Allí habría fungido como enlace de Miguel Quintero, incluso mucho antes de 2023, cuando se supone que relevó a Álvaro Villada de su función de recaudar las coimas.
Y, como lo había anunciado EL COLOMBIANO, el abogado del AMVA trajo a colación las denuncias de Luis Enrique Rojas, quien tras su salida de la presidencia de Hocol, filial de Ecopetrol, dijo que Ortega habría participado en un montaje para desacreditarlo y que incluso estaba comisionado junto con el empresario Juan Mancera para gestionar su muerte debido a que se había convertido en un obstáculo para las movilidad chuecas que se estaban dando en la petrolera de mayoría estatal.
“Sebastián Ortega es quien maneja ISA y tiene vínculos con la oficina de Envigado y el Clan del Golfo. Mancera era socio de Hernando Sánchez y tiene vínculos con La Junta Directiva del Narcotráfico de Dubái”, afirmó Rojas en un escrito que publicó luego de que lo obligaran a dimitir.
El abogado Abushihab concluyó que todas estas jugadas las podrían hacer Quintero y Ortega desde la cárcel “pero mucho más si están en la calle”. Las audiencia fue suspendida hacia las 7:45: p.m. y continuará el próximo lunes.
Regístrate al newsletter