Todo empezó el jueves 30 de abril de 1998, hace 27 años. Ese día, el país se quejaba de los picos de calor, tal como lo hacemos hoy. Los secuestros, asesinatos y masacres ensangrentaban las páginas de los periódicos, cerca de como lo hacen hoy.
Ese fue el día en que dos oficiales del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) agarraron un hilo suelto y lo jalaron hasta dejar sin costuras el velo que ocultaba el entramado del paramilitarismo en Antioquia y sus departamentos vecinos.
Diana Salinas reconstruyó los hechos a partir del expediente y del testimonio de los oficiales en su libro El laberinto del parqueadero Padilla. Según relata, todo empezó con una llamada anónima.
Les avisaron que esa mañana una camioneta Chevrolet Trooper azul de capota blanca llevaría un cargamento destinado al campamento madre de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Sopetrán, comandado por Luis Arnulfo Tuberquia, alias Menín.
Los oficiales detuvieron la camioneta. Encontraron a tres hombres: el jefe paramilitar José Alberto Cadavid, suboficial retirado del Ejército; un primo del entonces alcalde de Bello, Rodrigo Arango Cadavid, y otro sujeto. Los tres iban armados y ocultaban, en costales de fibra, 150 uniformes camuflados, tres millones de pesos en billetes de veinte mil y 10 proyectiles calibre 38 largo.
La misión fue un éxito, pero solo fue la punta de lo que vino después. A partir de la pregunta por el lugar de procedencia de ese cargamento, llegaron hasta una dirección en el centro de Medellín, a menos de 500 metros del centro administrativo La Alpujarra. Pensando que encontrarían una fábrica de confecciones, los dos oficiales no se dieron cuenta de que entraban a la boca del lobo.
Llegaron hasta un parqueadero que en su primer piso solo tenía motos. Pero al subir al segundo piso encontraron a dos secretarias y un sujeto destruyendo papeles, disquetes, archivos y evidencia desesperadamente.
Habían llegado a la oficina central de las finanzas y la logística de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), uno de los bloques más importantes de las AUC.
Decomisaron toda la evidencia disponible: disquetes, dos libros de contabilidad y documentos bancarios en los que hallaron la nómina, los alias de sus integrantes —incluidos los jefes—, la identificación del grupo, los pagos, las fechas, los montos y los nombres de las personas y empresas de donde obtenían el dinero.
El sujeto que estaba destruyendo los documentos era Jacinto Alberto Soto Toro, alias “Lucas”, el encargado directo de los hermanos Castaño para llevar la contabilidad de las ACCU.
Ese hallazgo pudo derrumbar por completo la estructura paramilitar responsable de algunos de los episodios más escabrosos de la historia del país, como la masacre de El Aro, en el corregimiento de Ituango, en la que asesinaron a 17 personas, incendiaron viviendas y desplazaron a más de 700. Pero eso no ocurrió.
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El precio de jalar el hilo
Lo que sí ocurrió fue una ola de terror. Sergio Humberto Parra, uno de los dos oficiales que entraron al parqueadero, fue asesinado a tiros cuando se detuvo en un semáforo en Medellín, camino a su casa. Eso ocurrió apenas un mes después del allanamiento.
Fue uno de 14 investigadores que perdieron la vida siguiéndole la pista al caso. El otro oficial que participó en el allanamiento, Gregorio Oviedo Oviedo, fue amenazado y tuvo que exiliarse tiempo después.
Meses después, esa violencia obligó a la Fiscalía a trasladar la investigación a su oficina en Bogotá. En el camino, alias “Lucas” salió de la cárcel a pocos meses de su captura. Parte importante de la evidencia se perdió y la investigación entró en un largo período de congelamiento.
Sin embargo, no todo se perdió. Los investigadores lograron identificar 495 cuentas bancarias que proveían a las ACCU y evidenciaron que recursos de la Convivir El Cóndor —la primera cooperativa de vigilancia rural autorizada en Colombia, bajo el liderazgo de los hermanos Luis Alberto y Luis Guillermo Villegas Uribe— eran usados para el pago de paramilitares.
También encontraron 61 empresas con relaciones financieras con esa estructura, entre ellas los bancos Granahorrar (hoy BBVA) y Conavi (absorbido por Bancolombia), además de Coltejer, Comfenalco, Leonisa y Transportes Botero Soto. Y lograron determinar que la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor), creada en 1990 por los hermanos Fidel y Carlos Castaño en Montería, era una de las empresas fachada utilizadas para canalizar recursos hacia los bloques paramilitares.
Ese parqueadero fue, en últimas, el lugar donde se descubrió el mecanismo de sostenimiento económico de los hermanos Castaño, los jefes del paramilitarismo colombiano en esa época.
27 años después, la justicia regresó
Este jueves 23 de julio de 2026, otros agentes del CTI ingresaron de nuevo al parqueadero Padilla, esta vez con una orden de embargo. Un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, a solicitud de la Fiscalía, decretó medidas cautelares —embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo— sobre los 18 inmuebles en que fue dividido el predio original a lo largo de los años. Los bienes, avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos, quedaron a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Alias “Lucas”, el hombre que en 1998 fue sorprendido destruyendo la contabilidad de las ACCU, fue condenado posteriormente a 40 años de prisión por el homicidio de tres investigadores del CTI que le seguían la pista al caso del parqueadero.
Su nombre volvió a aparecer en otras investigaciones judiciales: según sus propias declaraciones, durante una diligencia habría recibido presiones para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a cambio de beneficios judiciales. Esas afirmaciones hacen parte de una investigación independiente que continúa en curso y no tienen relación con las medidas cautelares decretadas esta semana.
Con el embargo, el hilo que dos oficiales jalaron en 1998 —y que le costó la vida a catorce de sus colegas— termina de descoser, lentamente, el velo que ocultó durante décadas el sustento económico del paramilitarismo en Colombia.
- ¿Qué era el parqueadero Padilla y por qué es clave en la historia del paramilitarismo?
- Ubicado en el centro de Medellín (a 500 metros de La Alpujarra), este predio sirvió como la
oficina central de finanzas y logística de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Allí operaba Jacinto Alberto Soto Toro, alias
Lucas, quien llevaba la contabilidad y nóminas del grupo paramilitar bajo las órdenes de los hermanos Castaño.
- ¿Cómo fue descubierto este centro financiero en 1998?
- En abril de 1998, tras interceptar un vehículo con pertrechos militares hacia Sopetrán, dos agentes del CTI siguieron la pista pensando que llegarían a un taller de confecciones. En su lugar, hallaron el segundo piso del parqueadero, donde se destruía documentación clave sobre
495 cuentas bancarias, nóminas y empresas financistas del paramilitarismo.
- ¿Qué decisión tomó la justicia sobre el parqueadero Padilla en 2026?
- Un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó
medidas cautelares (embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo) sobre los 18 inmuebles en los que se dividió el lote original, avaluados en cerca de
$18.000 millones de pesos.
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