El grupo de “tareas especiales” estará dedicado exclusivamente a la investigación y judicialización de presuntos hechos de corrupción relacionados con la gestión pública y contractual en Medellín.
Durante las audiencias de control de garantías realizadas este lunes 21 de septiembre contra Miguel Quintero, Sebastián Ortega y dos personas más por el caso de presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá entre 2020 y 2023, la Fiscalía anunció la conformación de un grupo especial para investigar casos de posible corrupción en Medellín.
En el desarrollo de la instancia judicial, un delegado de la Fiscalía 26 adscrita a la unidad para la seguridad territorial comentó que mediante decisiones administrativas adoptadas por el ente acusador se conformó un grupo de “tareas especiales” dedicado exclusivamente a la investigación y judicialización de hechos de corrupción relacionados con la gestión pública y contractual en Medellín.
De hecho, el fiscal detalló que dicho grupo de tareas especiales está actuando dentro del caso de presunta corrupción en el Área Metropolitana.
Majer Abushihab, abogado del Área Metropolitana en condición de víctima, celebró la decisión al señalar que facilitará la investigación del caso bajo un enfoque integral. Según explicó, la trama no debe indagarse como un hecho aislado, sino como parte de los escándalos de corrupción actualmente en trámite judicial y ocurridos durante la administración de Daniel Quintero.
Hace cuatro años, el entonces fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció la creación de un grupo especial de fiscales e investigadores para concentrar y hacer seguimiento a las denuncias por posibles hechos de corrupción que ya enlodaban al exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
Durante una visita de Barbosa a Medellín en marzo de 2022, el funcionario detalló que la decisión se tomó ante el número de denuncias relacionadas con la administración distrital.
Barbosa dijo que el grupo estaría encabezado por la entonces vicefiscal Martha Mancera y la Dirección Nacional Anticorrupción.
Barbosa explicó que la Fiscalía había creado una “mesa técnica de priorización”, en la que participarían la Vicefiscalía, la Dirección Nacional Anticorrupción y la Seccional de Medellín. El objetivo era reunir las denuncias que estaban dispersas y revisarlas de manera conjunta para establecer cuáles contaban con elementos suficientes para avanzar en una investigación.
Ese mismo año, el tema volvió a ser abordado por Barbosa el 24 de julio. Para entonces, el fiscal aseguró que el grupo ya estaba estructurado y trabajando en las denuncias recibidas en Medellín y Antioquia.
En esa ocasión, Barbosa afirmó que se estaba dando un nuevo enfoque al trabajo de la Fiscalía frente a la corrupción y anunció la conformación de grupos élite dirigidos por los nuevos directores seccionales y por la Vicefiscalía.
Al referirse específicamente a Medellín, Barbosa dijo que la Fiscalía buscaba “barrer con la corrupción que hay en la administración de Medellín”.
También señaló que ya se habían iniciado los primeros actos de investigación sobre varias de las denuncias, aunque aclaró que en ese momento todavía no contaba con resultados concretos para presentar ante los jueces.
Finalmente, el 9 de noviembre de 2023, Barbosa volvió a referirse públicamente a las investigaciones durante una declaración desde Medellín. En esa oportunidad anunció que la Fiscalía solicitaría audiencias de imputación contra siete exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y seis particulares, por presuntas irregularidades relacionadas con seis contratos.
Los contratos investigados sumaban alrededor de $67.586 millones. Barbosa señaló que estas actuaciones correspondían a una primera fase del trabajo encargado al grupo especial de fiscales e investigadores que había sido creado para atender las denuncias de corrupción en Medellín.
Entre los exfuncionarios que se buscaba imputar había gerentes de Metroparques, la Secretaría de Infraestructura y la de Educación, funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y del programa Buen Comienzo.
Los seis contratos, sostuvo Barbosa, estaban clasificados en cuatro componentes. El primero de ellos era el mantenimiento de zonas verdes; el segundo, el mantenimiento del Parque de las Aguas; el tercero, el apoyo logístico para eventos recreativos y deportivos por parte del Inder; y el cuarto, la atención integral a los niños y niñas por medio de Buen Comienzo desde la Secretaría de Educación.
Algunos de estos casos han llegado a instancias finales en sus procesos, mientras que otros parecen más relegados.
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