El reciente escándalo de corrupción denunciado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el que se dio a conocer que estarían en riesgo de perderse $12,1 billones por presuntas irregularidades en contratación en el país, también tuvo sus coletazos en Antioquia y salpica a la administración del exalcalde Daniel Quintero, específicamente a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), una de las entidades sobre las que la actual alcaldía ha anunciado más hallazgos de diversas irregularidades.
Según detalló Alexánder López, director del DNP, la billonaria cifra de recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR) corresponde a inversiones en 2.094 proyectos de infraestructura y desarrollo en todo el país que se encuentran con contratos suspendidos, serias irregularidades o con sus cronogramas vencidos, convirtiéndolos en posibles “elefantes blancos”.
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Pues en el informe de 47 del DNP aparecen dos particulares casos en territorio antioqueño. El primero hace referencia a la construcción de 150 viviendas nuevas urbanas y rurales en los municipios de Yolombó (Nordeste), Puerto Nare y Yondó (Magdalena Medio).
Según el DNP, el proyecto fue financiado con más de $9.351 millones de regalías y su acta de inicio fue firmada el 16 de agosto de 2023 con una fecha de terminación definida para el 15 de febrero de 2025. No obstante, a menos de seis meses de que se finalice el contrato, el avance físico de las obras solo registra un 0,22%. Eso sí, el avance financiero, o sea la plata “invertida”, ya alcanzó el 89,27% de ejecución.
“No hay inicio de actividades de obra, aunque se ha desembolsado casi el 90% de los recursos. El convenio se suspendió en abril de 2024 y no se han adelantado los procesos de contratación. Teniendo en cuenta que a la fecha han transcurrido 12 meses de ejecución del proyecto, se alerta un alto riesgo de pérdida de recursos e incumplimiento total del alcance del proyecto para ofrecer 150 soluciones integrales de vivienda”, comentó la DNP.
Otro proyecto con similares características es el de la construcción de 100 viviendas nuevas rurales en sitio propio, también en Yondó. Para este proyecto, aprobado en 2022 vía Ocad Paz, se asignaron más de $6.800 millones de regalías. Y aunque en el papel aparece que las obras comenzaron el 16 de agosto de 2023 y debían terminar a finales de este año, apenas registra el 0,44% de avance físico. Pero, nuevamente, el avance financiero para esta obra llegó al 87,85%.
Ahora bien, aunque estos son municipios alejados de Medellín y que nada tendrían qué ver con la alcaldía, en la denuncia del DNP consta que el contratista de esas obras es la EDU, entidad descentralizada del Distrito que estaba bajo la dirección de Raúl Eduardo Morales Vallejo cuando le entregaron dichos contratos, en la administración de Quintero.
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En los informes del DPS también se cuestiona una cláusula en la que se estipulaba la forma de pago del anticipo. “El municipio de Yondó especifica que se suscribió un convenio interadministrativo con la EDU, en el cual se pactó en la forma de pago una transferencia inicial de 90% del valor del convenio”. Esto deja severas dudas, según la entidad nacional, ya que generalmente en la contratación pública no se pacta más de la mitad del valor del contrato como anticipo. Además, el DPS no deja muy bien parado a la EDU tras anotar que en estos dos contratos no hay información de la firma del contratista que debía hacer la interventoría a ambos proyectos.
“Los convenios se suspendieron en abril de 2024 y no se ha adelantado los procesos de contratación por parte del EDU, ya que dicha entidad especificó un desequilibrio económico por el precio de los materiales de construcción”, indicaron también desde el DNP.
Bajo esta línea cabe recordar que la actual alcaldía de Medellín ha señalado que recibió una EDU con varios contratos interadministrativos vigentes con entidades como las alcaldías de Yondó y Girardot (Cundinamarca), así como con el Metro de Medellín, el Departamento de Prosperidad Social y el Ministerio de Cultura. En todos encontraron retrasos y procesos activos por incumplimientos de los contratistas.
Por ahora, tras la publicación del informe no se sabe que pasará con los proyectos. Serán las autoridades nacionales las que más adelante indicarán quienes serán declarados responsables. En el caso de la EDU este no es el único escándalo ni la única presunta irregularidad que la justicia o los órganos de control tienen bajo la lupa por procesos del cuatrienio pasado.
