En menos de tres meses, EPM pasó de estar a punto de desmantelar su parque eólico Jepírachi, en La Guajira, que tras casi dos décadas de operación agotará su vida útil este 2023, a presentarlo como un generoso “regalo” a la comunidad Wayúu, en medio de la cruzada recientemente emprendida por el Gobierno Nacional para enfrentar el estado de emergencia que declaró en ese departamento.
A pesar de que en marzo pasado la compañía antioqueña ya tenía incorporado en sus estados financieros una millonaria partida para el desmonte de esa central, que desde 2019 no cumple con los requisitos de la regulación energética, el pasado miércoles 5 de julio la empresa frenó ese proceso.
Durante una rueda de prensa encabezada por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente encargado de EPM, Jhonatan Villada, la empresa advirtió que se está alistando para entregar el parque a la comunidad, sin informar de mayores detalles sobre cómo será ese proceso y qué tiempos se manejan.
Aunque en respuesta a un requerimiento de prensa enviado por este diario EPM asegura que es posible reponer los equipos del lugar para que sigan operando por más tiempo, dichos planes aún tienen muchos detalles en el aire que complican el panorama.
Un símbolo obsoleto
La historia del parque eólico Jepírachi, que se convirtió en la primera central de su tipo en el país y un hito en la incursión de EPM en el campo de las energías renovables no convencionales, se remonta a finales de la década de 1990, cuando la compañía antioqueña culminó un estudio en el que calculó que en La Guajira estaba el futuro de la energía eólica en Colombia.
Según documentó la empresa, aquel departamento del extremo norte del país tenía capacidad para generar hasta 5.500 megavatios. En una época en la que nadie se atrevía a incursionar en ese campo, la empresa decidió lanzarse al ruedo con ese proyecto, que terminó implicando una inversión de cerca de 27,8 millones de dólares.
El lugar, que ocupa un área de 165 hectáreas localizadas en el municipio de Uribia, entre Puerto Bolívar y el Cabo de la Vela, fue pensado para alojar 15 aerogeneradores con una capacidad de 19,5 megavatios.
Aunque la central fue inaugurada en un acto oficial el 21 de diciembre de 2003, terminó encendiendo sus 15 generadores durante la tarde del martes 30 de marzo de 2004 y declarándose en operación comercial el 27 de abril de ese mismo año.
Pese a convertirse en una de las mejores cartas de presentación de EPM por mucho tiempo, llegando a ser incluso la primera central del país incluida en la prestigiosa lista de Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas, a los pocos años de funcionamiento EPM advirtió que no era rentable.
Cuando se conmemoraron los tres años del parque, por ejemplo, el entonces gerente de EPM, Juan Felipe Gaviria advirtió que el mismo no era más que un proyecto piloto de la empresa para ganar experiencia en el campo de la energía eólica, pero aclaró que su operación no le representaba ganancias a la empresa.
Esta misma condición salió a flote una década después, cuando la empresa decidió incursionar el mercado chileno con la construcción de la central eólica Los Cururos, que entonces fue presentada como la alternativa más viable para hacer rentable su incursión en ese campo, señalando que dentro del país esos márgenes eran muy estrechos.
Pese a que en medio de ese contexto el parque continuó operando, el baldado de agua fría para el complejo vino a comienzos de 2020, cuando el lugar no sólo dejó de operar, sino que se hicieron públicas unas proyecciones financieras de la empresa con corte a marzo de ese año, en las que ya se destinaba una partida de $8.727 millones para su desmonte.
Dentro de las justificaciones que se conocieron para esa decisión, salió a flote que el lugar, por su antigüedad, no se ajustaba a una actualización de requisitos técnicos que se formalizó en la Resolución CREG 060 de 2019.
Cuando estalló aquella controversia, la empresa le salió al paso las dudas y en un comunicado publicado el 21 de julio de 2020, si bien admitió que el parque sería desmantelado, señaló haber llegado a un acuerdo con el Gobierno Nacional para que funcionara hasta 2023, “hasta finalizar su vida útil”.
Llegado ese plazo límite, la empresa anunció la entrega de la central a la Comunidad Wayúu, sin que hasta ahora esté claro cómo se extenderá su vida útil.
En respuesta a un requerimiento de este diario, EPM señaló que desde el punto de vista financiero prevé destinar el monto que tenía asignado para ese desmantelamiento para la futura repotenciación. Con base en sus últimos estados financieros, dicho monto ascendería a los $7.092 millones.
Al ser consultada sobre el diagnóstico del lugar, la compañía añadió que hay en operación 13 de sus 15 aerogeneradores y que se “requeriría realizar inversiones en reposición de algunos equipos de los aerogeneradores y mantenimiento de las torres para alargar su vida útil y continuar la operación”.
Sobre el cronograma para la entrega del espacio, si bien la empresa señaló que el plazo de operación actual iría hasta el 8 de octubre de este año, señaló no tener de un “cronograma para la entrega definitiva del Parque a la comunidad, dado que es una alternativa que está en análisis”.
Otras variables que se mantienen en el aire es quién asumirá los costos que implican el mantenimiento del parque cuando EPM deje en firme la entrega y la vida útil del mismo cuánto se podría extender. En los próximos años, pareciera ser la comunidad Wayúu la que tendrá la respuesta definitiva, cuando reciba en sus manos una central que, pese a su fama, nunca fue rentable y cuyo desmantelamiento, que venía planeándose hace más de cuatro años, fue frenado de forma abrupta.
