Una acción popular asegura que la empresa vulneró el derecho a tener información clara.
Seguramente los lectores recordarán que a comienzos de la pandemia, en medio del aluvión de anuncios que lanzaron gobiernos y empresas para aliviar –sobre el papel– la situación de los hogares, EPM decidió enviar en las facturas de servicios unos cupones con “aportes voluntarios” para que el usuario que quisiera los pagara junto con el total a pagar del mes.
Según publicó la empresa en sus canales oficiales, este doble cupón adjunto en los servicios tenía como fin que los clientes de los estratos 4, 5 y 6, comerciales e industriales, que estuvieran “en capacidad de realizar un aporte voluntario” lo hicieran con el fin de aportar al pago de energía y gas de “quienes más lo necesitaban” en ese momento.
Por tal razón la empresa modificó la factura tradicional para incluir el valor alternativo el cual permitiría el pago neto de los servicios públicos del cliente o el pago con el valor de la donación sugerida para las familias necesitadas. Los aportes iban de $3.000 a $6.000 por usuario.
Pues bien, resulta que EPM tendría que devolver el dinero a los usuarios que hicieron estos aportes si prospera una acción popular que admitió hace tres semanas el Juez 30 Administrativo Oral de Medellín.
El abogado Edier Esteban Manco Pinena, uno de los demandantes, señala que decidió instaurar la acción popular luego de empezar a recopilar testimonios de personas a las que les llegaron cuentas de servicios con estos estos aportes voluntarios sin que hubiera mediado nunca una información clara. Una modificación de la factura que, según Manco, indujo a ciudadanos al error y a pagar montos que no tenían nada que ver con su consumo de servicios públicos y que no tenían ningún asidero normativo.
Además, advirtió en la demanda que aunque supuestamente el cobro de ese aporte voluntario iba dirigido a los estratos altos para “otorgar alivio económico al pago de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas” de los más vulnerables, EPM también habría realizado el cobro del mencionado aporte a los estramos bajos.
Entonces decidió enviarle un derecho de petición a EPM para que entregara la evidencia de las campañas realizadas con el objetivo de informar a los usuarios sobre el cobro del aporte voluntario en las facturas de servicio. También para que informara cuál fue el monto facturado por concepto de aporte voluntario durante la emergencia sanitaria y especificara cuál fue el valor pagado por los usuarios de EPM.
Sin embargo, el derecho de petición dirigido al gerente Andrés Carrillo y entregado el 20 de septiembre, jamás recibió respuesta.
El abogado sostiene que la actuación de EPM en pandemia, los testimonios de la ciudadanía y el silencio de la empresa para entregar información que soporte sus decisiones de ese momento indican que la entidad se pasó por la faja la normativa que le prohíbe taxativamente a las empresas de servicios públicos domiciliarios incluir en las facturas cobros distintos a los originados por la prestación de los servicios mencionados, salvo que exista autorización previa y expresa por parte del usuario.
EPM tendrá que entregarle al juez todo el material que soporte la decisión de haber modificado la factura con este cobro y, sobre todo, informar a la justicia cuánta plata facturaron y qué hicieron con este recaudo.
Manco asegura que hay elementos para que el juzgado falle en contra de EPM y le ordene que acepte públicamente que vulneró los derechos de los consumidores a recibir la información clara, incluyendo el pago de un ítem no autorizado a cobrar.
Pero, sobre todo, pide al juez que le exija devolver el dinero recaudado del aporte voluntario a sus usuarios en la modalidad de abono en cuenta para las facturas futuras y compensar los dineros pagados sin autorización expresa.
No es la primera vez que las determinaciones que tomó EPM frente a sus usuarios durante la pandemia se ven envueltas en líos. Hace un año EPM fue una de las 18 empresas de gas y energía sancionadas por la Superintendencia por incumplir las normas relacionadas con la facturación y medición real de consumos en los primeros meses de la pandemia por covid 19, y algunas disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria en el costo del servicio de gas combustible.
Según la Superintendencia, estos incumplimientos a las medidas que había adoptado la Creg golpearon el bolsillo de los ciudadanos en una época en la que la emergencia sanitaria aporreó duramente la economía de millones de personas.
Por esta razón, EPM fue sancionada con $735 millones.
