El alto riesgo en el que se encuentran 73 familias que viven en las orillas de las quebradas La Máquina y La Mansión —en el barrio Manrique Jardín, nororiente de Medellín— llevó a la Alcaldía a ordenar la evacuación de estas viviendas. El pasado 3 de abril hubo un grave desbordamiento que dañó varias casas y terminó con la muerte de un niño de 5 años.
El operativo, que comenzó el pasado martes, se complicó por la resistencia de varios habitantes a abandonar sus viviendas, al considerar que los subsidios y las garantías ofrecidas no son suficientes. La tensión derivó en altercados entre la comunidad y la fuerza pública, tanto que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) llegó a esta parte alta de Manrique para controlar los ánimos y hasta hubo un tiroteo. Las autoridades atribuyen el ataque armado a una instrumentalización de la banda La Terraza.
“De acá no nos vamos y pónganla como quieran”, gritó repetitivamente una mujer en una de las calles donde hubo enfrentamientos por estas evacuaciones. A la par, los funcionarios de la Subsecretaría de Espacio Público de Medellín ayudaron a las familias a trasladar sus muebles y enseres a camiones para llevarlos a bodegas o a casas de familiares y amigos.
“Nos están sacando de nuestras casas como si fuéramos criminales. Esta situación es tan complicada que hasta tengo ataque de ansiedad”, dijo Vanessa Álvarez, una de las desalojadas por tener su vivienda a pocos centímetros de uno de estos afluentes.
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Ella, junto con su esposo Andrés Felipe Osorio y sus dos hijos, tuvo que mandar todo lo que tenía a una bodega. “Dejamos nuestras cosas a la mano de Dios, mientras encontramos dónde tener otro techo”, dijo Andrés.
Arriendos, el eje de la discordia
El principal obstáculo que ha dificultado la evacuación son las condiciones en las que las familias son retiradas de sus hogares. Las mayores inconformidades, dicen, radican en el monto del subsidio de arrendamiento, los plazos fijados y los requisitos para su entrega.
Lina Marcela Padilla, quien debió abandonar el techo que la acogía desde hace un par de años, dijo que uno de los problemas más graves es que los $621.958 del subsidio no alcanzan para arrendar una vivienda en el mismo sector. “Con el subsidio que nos están dando desde la Alcaldía no pagamos ni el arriendo de la casa que me sacaron, que me cobraban $650.000. Hemos mirado por acá, que hay pocas viviendas, y nos están pidiendo mucho más de lo que nos ofrecen”, explicó Padilla, quien salió desalojada con su familia de siete integrantes.
Además de que el monto resulta insuficiente, los afectados denuncian exceso de exigencias para la aprobación del nuevo inmueble, lo que les impide acceder fácilmente a un techo provisional. “Nos dicen que tienen que ser casas de ciertas características, que no pueden estar en zonas de alto riesgo y demás, pero con la plata que nos dan, ni siquiera nos las muestran”, expresó Osorio.
Por estos inconvenientes, algunas familias se trasladaron para casas de familiares y amigos, mientras que otros se están yendo a dos hoteles que funcionan como albergues habilitados por la Alcaldía en Prado Centro y en Castilla.
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Lina Marcela Padilla dijo: “Mi familia, pese a lo grande que es, se tuvo que acomodar en un cuarto en Prado Centro mientras encuentra una casa”.
Este es el panorama de las 25 familias que, sin mayores alternativas, tuvieron que desocupar sus viviendas y ver cómo las iban demoliendo. Quedan otras 48 que se resisten hasta que les mejoren las condiciones para irse. El Instituto de Vivienda de Medellín (Isvimed) aseguró que aumentar el monto de los subsidios es complejo porque los valores están reglamentados en un acto administrativo y se actualizan, únicamente, con base en el Índice de Precios al Consumidor.
En medio de este panorama y con apoyo de la administración distrital, 12 familias se encuentran alojadas en los hoteles en cuestión, mientras que las 13 restantes optaron por irse para casas de parientes y amigos. A ocho de estos hogares les trasladaron sus enseres a los sitios donde indicaron, mientras que 10 optaron porque se los guardaran en bodegas.
En cuanto a los desmanes que se presentaron, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, señaló que esto se debe a una instrumentalización por parte de la banda La Terraza, la cual tuvo sus orígenes en este sector en los 80. “No se puede tolerar la instrumentalización de una situación difícil con fines politiqueros y criminales; hay quienes quieren impedir la evacuación manteniendo en riesgo a las familias. Detrás de ese loteo ilegal hay organizaciones criminales que se lucran del loteo ilegal y podrían estar ganando hasta $60 millones al mes”, dijo.
La posición oficial es que el desalojo de las viviendas se tiene que dar bajo el argumento de que una emergencia ocasionada por estas quebradas podría generar otra tragedia.
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