Presuntas irregularidades y falta de transparencia en la información sobre la entrega de bonos alimentarios priorizados en la comuna 12, La América, con recursos de Presupuesto Participativo (PP) para 2021 y 2022, generaron tensión en una audiencia pública que realizaron este miércoles, desde las 7:30 de la mañana, los ediles de la comuna contra la Secretaría de Inclusión Social.
Retrasos en la ejecución de ambas vigencias, direcciones que no corresponden a la comuna, hogares en los que se entregan hasta cuatro bonos y ciudadanos vulnerables que no han podido acceder al mismo son algunas de las fallas que la JAL ha encontrado. Pero también se quejaron de que la Secretaría obstruye su función de ejercer control a la destinación de esos recursos, porque pese a que lo han solicitado en varias ocasiones, no les han querido entregar las bases de datos para corroborar nombres y direcciones de los beneficiarios.
El lugar se llenó de habitantes, ediles y funcionarios de la Alcaldía. Asistieron coordinadores, líderes y enlaces del Equipo de Personas Mayores (Amautta), del Equipo de Discapacidad, de la Unidad Familia Medellín, de la Unidad de Programas Sociales Especiales (Upse), del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Esan) y dos delegados de Corpallanos, el contratista. Pero cayó mal que no estuvo la secretaria de Inclusión, Isabel Cristina Cadavid, la llamada a dar la cara.
La molestia de los ediles fue notable porque, aunque citaron con tiempo al encuentro, no recibieron carta para excusar la ausencia de Cadavid. Además, reclamaron que ni siquiera hubiera delegado a un representante de alto rango. Por ello, propusieron levantar la audiencia. No era una decisión sencilla, porque al sitio llegaron, con mucha dificultad, varios ciudadanos, algunos con discapacidad, que querían respuestas.
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“La gente madrugó, pero al secretario o subsecretarios no les importa lo que siente la gente, no hay excusa por escrito”, les dijo el edil Pedro Pablo Arismendi. Al final, la presión hizo efecto: pasadas las 8:00 de la mañana, llegaron Bayron Miranda, subsecretario técnico, y Dalgy Rico, subsecretaria de Grupos Poblacionales.
Atrasos en las dos vigencias
Los bonos alimentarios buscan combatir el hambre que sufren muchas familias en la ciudad. Son desprendibles que se entregan cada determinado tiempo a los beneficiarios para que los canjeen en supermercados por mercados que incluyan abarrotes, cereales, carnes, verduras, frutas y granos, entre otros. Algunos requisitos para acceder son tener Sisbén en Medellín, residir en la comuna donde se priorizó el proyecto y no recibir otra ayuda estatal.
La comuna priorizó este proyecto con PP para dos vigencias: 2021 y 2022, pero ninguna de las dos se ha concluido. Para esta comuna, tal como corroboró en la audiencia Lina Chavarriaga, coordinadora técnica de Esan, se estipularon 300 bonos familiares y 50 unipersonales en 2021, y 200 bonos familiares en 2022.
En la primera vigencia se establecieron siete entregas, es decir, en total se deben distribuir 2.100 bonos familiares y 350 unipersonales. Para la segunda vigencia fueron cinco entregas, es decir, 1.000 bonos. Según el informe entregado por Chavarriaga, de la vigencia de 2021 se han entregado 992 bonos familiares y 174 unipersonales, es decir, un 47,2%; mientras que para 2022 se han entregado 360 bonos, un 36%.
Además de la colgada en la distribución, la JAL denunció que la Secretaría de Inclusión se ha negado a entregarles los listados completos, con teléfonos y direcciones de los elegidos para acceder al beneficio, lo cual no les permite hacer la trazabilidad para saber cómo se están invirtiendo esos recursos ni para resolver las inquietudes.
Y esto es muy importante porque son varias las irregularidades que han hallado. La excusa que parecen haberles dado es que no pueden entregarse las listas por protección de datos personales de los beneficiarios, pero los ediles opinan que tienen potestad para conocer, tan siquiera, nombres y direcciones de residencia, pues también forman parte del aparato estatal.
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Esta falta de transparencia con la información ha impedido que la JAL sepa a quiénes se les está entregando el dinero del proyecto. De hecho, dicen que fue casualidad cómo empezaron a notar irregularidades y están preocupados porque creen que algunas de estas podrían ser de la mayor gravedad, pues podrían constituir detrimento.
Entre los movimientos extraños que notaron está que personas de otras comunas estarían recibiendo bonos que le corresponden a la comuna 12. Esto lo saben porque en las jornadas de entrega ha aparecido gente que les ha dicho que viene de barrios que no se encuentran en ese territorio. “Si no nos dejan ejercer control administrativo a este recurso, ¿qué pasa con el control y la supervisión al proyecto?”, preguntaron en la audiencia.
Y la gravedad aumenta porque los ediles han identificado personas de su comunidad que están en alto índice de vulnerabilidad por inseguridad alimentaria que no acceden al beneficio. Érika Muñoz, una de las ediles, le puso la lupa a un listado incompleto que les entregaron y descubrió que se están entregando bonos hasta a cuatro personas que viven en la misma casa y “comen de la misma olla”, algo que va en contravía de los requisitos del proyecto.
Mayor inquietud les genera a Érika y a los otros ediles que han informado estas anomalías a la Secretaría, pero estas no se corrigen, pese a que, incluso, se han hecho reuniones con la administración y el operador para tratar esos temas. Es el caso de una mujer que recibe el bono alimentario familiar, pero ya era beneficiaria del subsidio de Colombia Mayor. Tras reportar la duplicidad de beneficios, en la JAL se llevaron la sorpresa de que no solo le siguieron dando ambas ayudas a la mujer, sino que a su hermana le empezaron a dar un bono alimentario unipersonal, pese a que las dos viven en la misma casa.
Esta falta de comunicación fue criticada por Jaime Ramírez, presidente de la JAL, quien además sostuvo que desde que Santiago Preciado era secretario de Inclusión le envió reporte de este tema, pero no recibió respuesta. Además, encontraron irregularidades en las direcciones. En otro listado que les dieron hace 15 días con 150 direcciones, Gloria Marín, secretaria de la JAL, encontró que hay algunas de lugares como Aranjuez, Manrique, San Javier e, incluso, Cali.
De hecho, una de ellas corresponde a un centro comercial de esta ciudad del Valle del Cauca. Conocida la denuncia, Janeth Bedoya, coordinadora de Apoyo Nutricional de Esan, afirmó que ese listado corresponde a personas que no han podido contactar para entregarles los bonos. “Por eso, remitimos el listado, por si conocen a esas personas que no han recibido bono”, les dijeron a los ediles. Es decir, habría 150 personas que fueron elegidas como beneficiarias y no han recibido los bonos, porque, según el reporte de la Secretaría, no contestan ni el teléfono.
La subsecretaria Rico fue enfática en decir que van a revisar cada situación para dar respuesta. Al final, la audiencia, que se prolongó casi hasta las 11:00 a.m., terminó con una exigencia clara de los ediles: que les entreguen los listados con nombres, teléfonos y direcciones de las personas a las que se les han entregado los bonos y de las que faltan por recibirlos, y que les den a conocer los informes de supervisión del contrato.
Aunque los ediles reconocieron que el personal de la administración y del operador que está en territorio atiende los llamados y se reúnen para tratar estos temas, consideran que está fallando un filtro en la Secretaría de Inclusión para tener un orden y control del contrato. Y ya no están dispuestos a seguir sin certezas sobre para dónde se están yendo todos los bonos.
Corpallanos es la encargada de ejecutar este proyecto
La entrega de bonos alimentarios en la comuna 12 está incluida en el lote 4, que es operado por la Corporación Agroempresarial de los Llanos (Corpallanos) y forma parte del contrato 4600095336 de 2022. En el mencionado lote también se ejecuta la entrega de bonos en otras comunas que priorizaron este proyecto con PP: además de La América están La Candelaria, Laureles Estadio, Guayabal, Belén y el corregimiento Altavista. Este lote estipuló un valor inicial de $9.977 millones para cubrir todos los sitios. Al contrato se le hizo una ampliación de cronograma hasta el 30 de junio de 2023 y una adición de $412 millones.
Nota actualizada junio 6 de 2023:
Posterior a la publicación de este artículo, desde la Alcaldía de Medellín ampliaron la información sobre algunos puntos. Respecto a los retrasos en la ejecución del lote correspondiente a la entrega de bonos en la comuna 12, indicaron que el 22 de diciembre de 2022 hubo suspensión de contratos hasta el 6 de febrero de 2023, tras solicitud de los beneficiarios, líderes y supermercados donde se redimen los bonos, debido a las festividades de fin de año. Por ello, previa socialización con los contratistas, se hizo ampliación del contrato.
Además, indicaron que las bases de datos sobre los beneficiarios no puede ser compartida a los ediles de la JAL, por causa de la protección de datos personales y para evitar la posible revictimización de los beneficiarios, que son las personas más vulnerables de cada comuna donde se prioriza el proyecto.
Finalmente, ante las quejas de los ediles sobre la ejecución de los contratos para la entrega de bonos alimentarios en La América, desde la Alcaldía aclararon que siempre hacen verificación de cada denuncia que llega, así como control a la ejecución del contrato, con el fin de que todos los bonos se entreguen a los reales beneficiarios.
