El caso de presunta corrupción por el que ahora se anuncia la imputación de cargos contra Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, y contra tres personas más, tuvo su origen en un correo electrónico recibido por la Veeduría Todos por Medellín hace 29 meses, en el cual un ciudadano denunciaba un presunto entramado de corrupción y el direccionamiento de más de 18.000 millones de pesos en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
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La imputación afecta igualmente a Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana; Sebastián Ortega Urán, el hijo de un influyente político de Bello; y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica del AMVA y exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín en la alcaldía de Daniel Quintero (2020-2023).
Con relación al correo electrónico, el remitente aceptaba que había tenido contacto con los bomberos y había sido parte de ese tinglado, pero lo más importante es que, a partir de eso, reveló el modus operandi y los roles que varios personajes cumplían para direccionar contratos y aprovecharse de los recursos públicos que manejaba el AMVA. Y fue más allá al señalar que era Miguel Quintero la cabeza de toda la trama corrupta.
“Los responsables de la entrega del contrato a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada, este último era encargado de negociar con Cadavid las coimas, las cuales equivalían a 3.200 millones de pesos”, decía el remitente.
Este agregó además que las comisiones se entregaban en efectivo, aunque en una ocasión le entregaron a Villada un BMW serie 5 negro como parte de pago, si bien luego este lo devolvió tras varios meses de usarlo porque no acordaron el valor por el cual sería recibido.
Todos por Medellín puso este documento en conocimiento de las autoridades como complemento de otras denuncias que ya había hecho, por ejemplo, una sobre la presunta cartelización de empresas para hacerse a la contratación en varias dependencias de la Alcaldía como Metroparques, el Inder y el Área Metropolitana.
Solo un puñado de dos decenas de empresas se habrían quedado con 220 millones de pesos en contratos, según la veeduría.
En un principio hubo quejas por la aparente falta de acciones de la Fiscalía para investigar, pero en octubre de 2025 dio la sorpresa al anunciar un avance contundente: la captura de tres personas: el gerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid; el jefe de esa misma agrupación, Eklin González, y la profesional del Área Metropolitana María Yaneth Rúa.
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En las audiencias contra ellos fue que la Fiscalía reveló el correo inicial, así como otras pruebas que entrarían a jugar contra Miguel Quintero y otro grupo de aliados en los presuntos ilícitos. Por ejemplo, un chat llamado “Amigos” a través del cual coordinaban acciones; en este hay fotos, audios y mensajes que ahora tendrán que entrar a explicar.
Por ejemplo, aparece una conversación en la que habla de la creación de un comité alterno para acordar contratos en el AMVA, varios cruces de mensajes sobre casos concretos que estarían gestionando; imágenes de Miguel Quintero alardeando con un carro Ferrari y un reloj Rolex de lujo que habría obtenido, según testigos, a cambio de estas operaciones fraudulentas, entre otras cosas.
Luego, fueron vinculados también al caso el director del Área, Juan David Palacio, y las subdirectoras del área ambiental Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, lo mismo que el contador de los bomberos, Juan Alberto Cardona.
En este caso, hay una persona que ya obtuvo principio de oportunidad a cambio de entregar información y otras dos más pidiendo pista. Igualmente, Cardona se sometió a sentencia anticipada por el cargo de falsedad en documento privado.
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