Colombia Avanza, la operadora de programas de primera infancia señalada por la Procuraduría y Fiscalía de supuestamente amañar contratos por más de $20.000 millones con Buen Comienzo durante la alcaldía de Daniel Quintero, cayó parada.
A pesar de que las autoridades cada vez adjuntan más pruebas al proceso penal en contra de la exsecretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo; la exdirectora técnica de Buen Comienzo, Lina Gil, y el exrepresentante legal de Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez, la compañía ha seguido ejecutando millonarios contratos de atención a la primera infancia en al menos cuatro comunas de Medellín y cuatro municipios del Occidente de Antioquia, gracias al ICBF.
De acuerdo con la información disponible en el Secop, solo este 2025, Colombia Avanza ha firmado dos contratos con esta entidad por $6.500 millones para “prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los manuales operativos y el lineamiento técnico para la atención a la primera infancia y las directrices establecidas por el ICBF, en armonía con la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre”. Ambos contratos fueron firmados por una duración de siete meses, uno con fecha de inicio en febrero pasado y el otro, en marzo.
En 2024, fueron cuatro contratos que sumaron $10.510 millones. En 2023, fueron apenas dos, por la no despreciable suma de $6.291 millones. Uno de ellos, el más pequeño, con la seccional de Boyacá, y el otro, por casi $5.000 millones, con la seccional de Antioquia.
Que Colombia Avanza esté de vuelta en el ruedo mientras el proceso penal en contra de su exrepresentante legal continúa a paso de tortuga —en buena parte por retrasos y solicitudes de aplazamiento de la misma Fiscalía— habría pasado de agache de no ser porque en sus redes sociales publicaron las convocatorias para que los niños, niñas y sus familias de la ciudad y del departamento se matricularan en sus centros de desarrollo infantil (CDI).
En abril, la compañía con sede en Bello, anunció que tenía matrículas abiertas para 5 centros en cuatro comunas de Medellín: Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez. “Nuestros espacios están diseñados con cariño, seguridad y todo lo necesario para que los más chiquitos crezcan felices mientras aprenden jugando”, se lee en la invitación.
Esa convocatoria hace parte del contrato de $2.966 millones que el 11 de febrero firmó Colombia Avanza con el ICBF Seccional Antioquia con una duración de 228 días, hasta el próximo 30 de septiembre. El convenio se hizo bajo la figura de “Contrato de aporte”, una figura común en el ICBF para entregar contratos de forma directa como si fuesen de prestación de servicios. Los cupos contratados, es decir, el número de niños y niñas por los que la entidad pagó, fueron 682.
De acuerdo con el más reciente informe de supervisión disponible del contrato, de junio pasado, a la compañía ya se le habían desembolsado $1.628 millones y cumplía con todos los indicadores evaluados por los funcionarios Francisco José Saldarriaga y Jainer Moreno.
Donde no le fue tan bien a Colombia Avanza fue en la última evaluación del otro contrato, de $3.500 millones, para 907 cupos en los municipios de San Jerónimo, Ebéjico, Sopetrán y Olaya, en el Occidente antioqueño. Allí, los profesionales Isabel Cristina Álvarez y Adolfo León Ortiz determinaron que, pese a que ya se habían desembolsado $1.779 millones (50% del total), la empresa tenía tareas importantes pendientes.
Por ejemplo, no habían entregado un certificado de calibración de los equipos de medición para el cumplimiento del contrato y tampoco tenían evidencias de estar al día con el pago de los proveedores. Además, en el rubro de pago de impuestos aparece un “No cumple”. Este contrato también se adjudicó por la modalidad de “aporte”. Pero esto no es ni de cerca comparable con la gravedad de las actuaciones de las que acusa la Fiscalía a Henry Paulison Gómez, exrepresentante legal de la compañía pero vigente miembro de junta directiva.
Según el ente investigador, en una audiencia de acusación que empezó la semana pasada y que continuará en octubre, en los dos contratos que se “ganó” Colombia Avanza en 2020 no hubo pluralidad de oferentes y se hizo una invitación privada a empresas que estaban relacionadas.
Además, a pesar de que estaba habilitada para recibir contratos hasta por 1.000 salarios mínimos mensuales de la época, recibió un contrato por 23.000 salarios. Asimismo, la Fiscalía determinó que los valores de los paquetes alimenticios se establecieron con base en precios de almacenes minoristas y no con base en distribuidores mayoristas, como se debe hacer para optimizar los costos de operación.
Como si fuera poco, de acuerdo con la Fiscalía, aunque según el contrato a Colombia Avanza le correspondía el almacenamiento y la entrega de los alimentos a los niños y niñas, la Alcaldía puso de su cuenta y voluntariamente bodegas en Plaza Mayor y personal del Inder para ahorrarle trabajo y presupuesto a la compañía de cerca del 7% del valor del contrato, cuando lo normal es que sean los oferentes los que entreguen una contrapartida como aporte al convenio y no al contrario.
Por este caso, la Procuraduría ya sancionó, en segunda instancia, a la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, con una inhabilidad de ochos años para ejercer cargos públicos. En cuanto al proceso penal, Agudelo, Gil y Gómez están respondiendo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. Pero esto no ha impedido que Colombia Avanza siga facturando con el Estado.
Buscamos al ICBF. Aseguraron que hasta que no haya una decisión definitiva en el caso judicial no se pueden tomar acciones como sancionar o vetar al contratista, además, señalan que en este caso la sanción no es hacia la persona jurídica, es decir, Colombia Avanza, sino hacia una persona natural, por lo que, en caso de que el fallo sea en contra de Gómez, esto no implica necesariamente que la compañía que dirigió siga beneficiándose de recursos públicos. También buscamos a Colombia Avanza en los números registrados en sus páginas, pero aparecían inhabilitados. Esta página queda abierta para sus respuestas.
Regístrate al newsletter