En teoría, Reforestadora Monteverde sigue operando pero no tiene contratos y dos firmas propietarias entraron en liquidación. Directivos dicen que cumplirán.
El nombre de la Reforestadora Monteverde fue noticia hace poco menos de tres años porque fue una de las firmas a las que la administración de Daniel Quintero le encomendó el cuidado de las zonas verdes de la ciudad, cuando le quitó el contrato al Jardín Botánico poniéndolo al borde de la quiebra. Ahora, la misma firma salta a la escena pública debido al incumplimiento con acreencias laborales a más de 150 trabajadores que cumplieron con esa misión.
Supuestamente en aquel primer momento, el motivo del cambio de operador obedecía a que el Municipio buscaba diversificar la contratación para darles la oportunidad a más empresas y personas de que subsistieran en medio de la crisis económica que trajo la pandemia por el covid-19.
Sin embargo, hubo polémica por dos motivos: porque la contratación se hizo por invitación privada y no a través de una licitación y porque algunas de las firmas a las que les dieron una importante tajada en contratos para el mantenimiento de céspedes estaban ligadas con Asdrúbal Vélez, aliado político de un financiador de la campaña de Quintero para llegar al piso 12 de La Alpujarra (Vélez fue asesinado a mediados de este año en Amagá en un aparente intento de hurto).
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El contrato que Empresas Varias (Emvarias) firmó con Monteverde ascendió a $9.197 millones para que se encargara de podar la grama en una parte de la ciudad entre el 12 de julio de 2021 y el 13 de marzo de 2023. Luego tuvo una adición por $1.163 millones para extender la labor hasta mediados de ese mismo año, según figura en la plataforma Gestión Transparente de la Contraloría local.
Antes, de acuerdo con el mismo portal, ya había firmado otro contrato con Emvarias por $4.336 millones con vigencia entre el 12 de julio de 2021 y el 13 de marzo de 2023, y le hicieron una adición de $646,8 millones. Solo que en esa ocasión sí se trató de una invitación pública.
Ambos contratos transcurrieron sin que ningún ruido trascendiera a la escena pública, pero parece que internamente sí hubo turbulencias porque en la última semana un grupo nutrido de exoperarios que podría rondar entre 150 y 158 denunciaron que los despidieron sin que les liquidaran sus prestaciones y ello develó otras posibles irregularidades.
Delmiro Tirado, capataz de una cuadrilla de 17 trabajadores que cubría una vasta área de 22.500 metros en el occidente de la ciudad, asegura que ya va para dos años que salió de la compañía y nada que le cancelan su liquidación, tras renunciar en agosto de 2022.
“Tenía siete años de vacaciones acumuladas y me dieron lo de tres años porque me tocó decirle a una interventora de Emvarias. Después pensé que si renunciaba me daban el resto, pero perdí el año”, cuenta Tirado.
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Mauricio Pérez, el supervisor de Tirado, en cambio, laboró hasta el último día del último contrato, es decir, hasta el 14 de junio de 2023. Quienes dirigían Monteverde le dijeron que Emvarias no les había renovado el contrato y por eso tenían que prescindir de sus servicios. “Ni siquiera nos reconocieron la prima, escasamente nos dieron lo que habíamos trabajado de aquella quincena, porque normalmente nos pagaban el 5 y el 20 de cada mes”, cuenta Pérez. Y la explicación era que Emvarias les había retenido las dos últimas facturas por unas multas.
“Yo trabajé desde el 2015 con contrato a término indefinido, y me quedaron debiendo la liquidación de los ocho años”, afirma en tono de lamento.
El último balance de Monteverde que figura en plataformas oficiales indica que en 2020 obtuvo ingresos por $7.855 millones, con una utilidad de casi $621 millones; sus activos eran de $4.671 millones y los pasivos de apenas $36,8 millones.
No obstante, según Jorge Tobón, quien se ha desempeñado como su director de proyectos, la retención de la plata por parte de Emvarias, que catalogó de injustificada e ilegal, los puso en los aprietos que los llevaron a incumplirles a los exempleados, ya que era su único ingreso porque no contaban con más clientes.
Tobón recalcó que Monteverde no está en liquidación, aunque en el momento tampoco tiene ninguna operación. No obstante, este diario constató en documentos de entidades oficiales que las dos firmas que figuran como sus propietarias sí lo están: Vox Populi Ltda. Y Nobot Kapital Group, esta última creada en 2016 y con Mario Humberto Tobón Montoya, el hermano de Jorge Tobón, como representante legal.
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También encontramos que Monteverde tenía una medida de embargo de la misma Alcaldía de Medellín, pero la habrían pagado, porque le levantaron la sanción en diciembre de 2020, previo a la contratación con Emvarias.
Adicionalmente, varios extrabajadores expresaron su temor de que sus antiguos jefes traten de evadir sus compromisos, ya que se enteraron de que estarían en otra firma denominada Infraestructura Verde SAS (Inversas). Este diario investigó y halló que el representante legal es Jorge Tobón, que solo reporta $50 millones en activos y no le figuran contratos, por lo menos en el sector público.
Al respecto, Tobón aseguró que esta es una compañía que se dedica al diseño de paisajismo, muy diferente de Monteverde aunque se parezca en algo en el objeto, y que no buscan eludir nada.
Por su parte, el jefe de Servicios de Aseo de Emvarias, John Bedoya, aseveró que no es que le deban facturas a Monteverde, sino que al pago final le descontaron $274 millones por concepto de “medidas de apremio provisionales”, un tecnicismo que se traduce en dejar una plata en garantía porque tenía incumplimientos en obligaciones contractuales como el pago de seguridad social para sus colaboradores, dotaciones y daños a terceros consistentes en abolladuras a latas y vidrios de carros ocasionados dentro de la labor de los empleados en el espacio público.
Acá se advierte una especie de círculo vicioso, porque mientras que Tobón asegura que les van a pagar a sus excolaboradores una vez recuperen la plata en un litigio jurídico que emprendieron, Emvarias sostiene que le entregará el dinero a su excontratista solo cuando demuestre con documentos que ya subsanó las fallas.
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A su vez, la secretaria general de Emvarias, Luisa Henao, indicó que aunque su entidad no tiene responsabilidad legal con los trabajadores de Monteverde porque el contrato que celebraron fue de ejecución de actividades y no de suministro de personal, agotarán todos los recursos legales a su alcance para que los exempleados no salgan perjudicados.
