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Mientras las autoridades tratan de averiguar qué fue lo que pasó con el convenio que la Alcaldía de Medellín firmó con la Universidad Nacional, y donde todo parece indicar que se terminó haciendo campaña por los candidatos que Daniel Quintero tiene a la Alcaldía y al Concejo, se supo que la persona detrás de los movimientos era Javier Andrés Zuluaga Morales, buen amigo del piso 12 de La Alpujarra.
El asunto es el siguiente: todos los convenios, para ser cobrados, tienen que tener pruebas de cumplimiento según las exigencias del contratante (en este caso la Alcaldía), las cuales se anexan en un sistema de información pública llamada Secop. En esas pruebas de que los contratistas —muchos de la entraña del alcalde Quintero— estaban cumpliendo aparecieron carpetas en línea con material publicitario hecho para candidatos como Juan Carlos Upegui. Quien administraba esas carpetas era Zuluaga Morales, hombre fichado por la Nacional para un trabajo completamente distinto que comprendía la estrategia de comunicación de la Alcaldía.
Ahora bien, el nombre de Zuluaga Morales no es nuevo y parece demostrar que no se trató de un error de organización que dicho material electoral apareciera como entregable de este contrato, y es que en enero pasado fue el encargado de crear la página web del candidato Upegui, primo de Diana Osorio, esposa de Quintero.
Zuluaga Morales también tuvo contratos antes con Telemedellín y con la Secretaría de la No Violencia, despacho que dirigió el mismo Upegui.
En días pasados, el alcalde Quintero aseguró que la aparición de material electoral en dichos archivos se debía a un error y que este contrato solo se había usado para hacerle comunicaciones a la Administración. Sin embargo, la aparición de Zuluaga como administrador le da más suspicacias a este caso, pues se trata de un hombre que vive de la plata de los contribuyentes y que, al parecer, sí tenía a la mano estas piezas.
EL COLOMBIANO supo que en la Universidad están más que sorprendidos con el caso e investigando cómo en un contrato hecho para actuar a toda regla terminaron contratados profesionales que, todo parece indicar, estaban haciendo proselitismo con dinero público.