Ya se había hablado de presuntas amenazas contra los concejales de Medellín Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón (Centro Democrático y Movimiento Creemos), pero ahora se conoció que también estaría recibiendo intimidaciones el presidente de esa misma corporación, Alejandro de Bedout, y por eso autoridades regionales le pidieron al Gobierno nacional que le refuerce el esquema de seguridad.
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Las amenazas contra Carrasquilla y Tobón, que se habrían desatado después de las denuncias que hicieron acerca de la parranda vallenata del 8 de abril en la cárcel de Itagüí, obligaron a que el 24 de abril pasado el Concejo sesionara de manera reservada con el fin de tratar temas sensibles; sin la presencia de público ni medios de comunicación, ni transmisión por redes sociales y sin publicación de los debates.
Se llegó a mencionar incluso que se estaría fraguando un atentado contra la exfiscal Carrasquilla, el cual estuvo muy cerca de concretarse, pero la situación no habría avanzado gracias a la captura de los presuntos responsables.
Y ese mismo 24 de abril, cuando fue la sesión reservada, según denunció el concejal De Bedout ante las autoridades, un hombre no identificado trató de entrar al Concejo de Medellín para ubicarlo a él y manifestó que traía un “mensaje” de la cárcel de Mediana y Máxima Seguridad La Paz, de Itagüí.
En esa misma fecha, la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía, pero De Bedout puso también en conocimiento de los hechos a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Gobierno de Antioquia, la entidad que ahora le está pidiendo al Gobierno Nacional que estudie la posibilidad de reforzarle el esquema con el que este cuenta.
La misiva tiene fecha de este jueves, 7 de mayo, la firma el secretario Luis Eduardo Martínez (general en retiro) y va dirigida al presidente Gustavo Petro, al ministro del Interior, Armando Benedetti, y al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, con copia a la defensora del Pueblo, Iris Marín, y al procurador general, Gregorio Eljach.
La otra coyuntura es el anuncio hecho el 29 de abril pasado por la UNP en el sentido de que iniciaría el trámite de validación del nivel de seguridad de De Bedout, lo que en algunos casos de otros personajes ha concluido incluso con el adelgazamiento o el desmonte de las medidas como la asignación de escoltas, carro blindado y otros elementos de protección.
“Esta Secretaría precisa que fue puesta en conocimiento de los hechos descritos, los cuales, en razón de la investidura del señor Alejandro De Bedout Arango como presidente del Concejo de Medellín, comportan un nivel de especial gravedad en términos de garantía del ejercicio de la función pública y de protección de autoridades territoriales”, dice la carta.
Además, alude a las presuntas amenazas y pide priorizar el estudio de riesgo del corporado “incorporando los hechos recientemente descritos y el contexto territorial en el que desarrolla su labor, así como valorar la adopción de las medidas correspondientes conforme a los procedimientos establecidos”.
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Previo a las intimidaciones contra los tres concejales, se habían escuchado sus quejas y posiciones críticas luego de que se hizo pública la fiesta realizada el 8 de abril en el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Itagüí, donde hay 23 capos de bandas delincuenciales recluidos y que han participado como “gestores” en los diálogos que desarrolla el gobierno Petro para supuestamente buscar el desmonte de sus actividades delictivas.
Las imágenes difundidas y los testimonios mostraron cómo ese día hubo ingreso masivo de invitados a ese centro penitenciario, se presentó el cantante vallenato Nelson Velásquez, habrían contratado servicio de catering y repartido licor en grandes cantidades.
Por estos hechos, el Gobierno suspendió las conversaciones con los jefes de bandas y la Procuraduría abrió investigación contra trece funcionarios, incluido el director de ese penal.
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