Venezuela protesta otra vez. En esta ocasión las movilizaciones, en principio, no fueron convocadas por un líder opositor para manifestarse contra el régimen de Nicolás Maduro, sino que surgieron como convocatorias espontáneas de la ciudadanía pidiendo mejores condiciones en los servicios públicos. Coinciden, además, con el reiterado reclamo por la escasez de alimentos y de combustible, una paradoja en uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo.
Este lunes (28 de septiembre) se vive el quinto día de marchas, que han tenido como foco el estado de Yaracuy, y hay denuncias del uso de grupos paramilitares para reprimir a los ciudadanos, como lo indicó la organización Provea. La coyuntura fue aprovechada por el opositor Juan Guaidó, quien pidió a sus seguidores sumarse a la movilización y acompañar otra que está programada para el domingo 5 de octubre y que será encabezada por el sector educativo.
En esta ocasión el reclamo de los venezolanos es un asunto social. Tal como lo denunció EL COLOMBIANO semanas atrás, en el vecino país el personal médico no cuenta con un suministro de agua efectivo para enfrentar la pandemia. Entre tanto, los cortes de electricidad se volvieron constantes. Sin ir muy lejos, la semana anterior hubo un apagón en Caracas que dejó a la capital sin electricidad e internet.
Podría leer: El personal médico de Venezuela no tiene ni cómo lavarse las manos
Venezuela vuelve a la calle, en plena pandemia y en un contexto en el que no se tiene certeza de cómo avanzan las cifras del coronavirus en esa nación. La preocupación no solo se centra en las aglomeraciones en las calles para pedir agua y luz, sino en las denuncias de represión en esos encuentros. Dice la organización Foro Penal que 32 personas han sido detenidas por la Policía de Yaracuy desde el 23 de septiembre, cuando comenzaron las manifestaciones.
Una alerta de ese tipo aumenta el miedo en la población, si se tiene en cuenta que la semana pasada la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que de enero a agosto de 2020 se registraron más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales. Entre tanto, Foro Penal cifra que hay 334 presos políticos, de los que 207 son civiles y 127 militares, una muestra de los riesgos que corre la ciudadanía cuando decide salir a la calle.
De fondo, hay una profunda emergencia humanitaria compleja que se agudizó con el coronavirus. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), el 79,3% de los venezolanos no tienen como cubrir la canasta de alimentos. Ese estudio es realizado por la comunidad académica desde 2014, ante la falta de estadísticas oficiales entregadas por el Ejecutivo, y estima que el 96 % de los hogares están en situación de pobreza. De esos, 79 % viven en pobreza extrema.
Le puede interesar: Aseguran que tráfico de drogas desde Venezuela aumentó en la pandemia
La incidencia de la pobreza en Venezuela es casi igual a la de Nigeria y está cercana a la de Chad, el Congo y Zimbabue. Incluso, el análisis de Encovi encontró que la situación de Haití en este ámbito es más positiva que la del vecino país. A renglón seguido, de cada cuatro hogares al menos uno está en condiciones de Inseguridad Alimentaria Severa y reportan 639.000 niños menores de 5 años que presentan desnutrición crónica.
El descontento social, que se mantuvo en el aislamiento, encuentra otro punto de quiebre con un sistema de servicios públicos que no da abasto para cubrir las necesidades de la población. Aún cuando la frontera con Colombia permanece cerrada, ya hay personas que caminan rumbo a la zona limítrofe entre ambas naciones, esperando que se abra nuevamente esta semana, cuando se cumple la fecha anunciada por el Gobierno de Iván Duque para su reapertura.
La oposición está en medio de ese contexto social y el pasado domingo (27 de septiembre) Guaidó pidió crear “Comandos por la Libertad y Elecciones Libres”, un mecanismo que, asegura el “presidente interino”, servirá para “mantener la presión interna” contra Maduro y ejercer la “mayoría”.
