Ya van 28 años y 3 meses exactos –que se cumplen este martes– desde que una bomba mató a 22 personas de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), ubicada en Buenos Aires, en el que se considera fue el primer atentado terrorista con fines religiosos en América Latina. Y ahora –10.319 días después– se sabe con certeza que uno de los cerebros de este escabroso hecho es un sujeto con pasaporte expedido en Colombia y que, según la inteligencia de al menos 4 países, huyó hacia una nación del Medio Oriente para evadir la orden de captura internacional que pesa en su contra.
Su nombre es Samuel Salman El Reda, tiene 57 años y el rastro más fresco de la inteligencia antiterrorista lo ubica en Líbano, un país árabe prácticamente aislado de Occidente y con el que Israel mantiene un fluctuante conflicto militar y religioso desde hace más de cuatro décadas. De hecho, allí están enquistadas células de Hezbolá, un sangriento grupo transnacional en el que el sujeto de pasaporte colombiano se entrenó para matar judíos en suelo argentino y por el que, además, Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 7 millones dólares.
“Como líder de la organización de seguridad exterior (OSE) de Hezbolá, Salman también ha participado en complots en todo el mundo”, se asegura en el expediente judicial internacional de Salman El Reda, quien torció a oficinas públicas colombianas para que se le reconociera la nacionalidad con la cédula 84.049.097 y los pasaportes AD059441 y AC128856. Estos documentos ya fueron anulados, pero internamente aún se hacen pesquisas para saber cómo es que logró permear al menos tres entidades.
Los rastros de este señalado terrorista colombiano lo ubican en la década de los 80 en Maicao (La Guajira), donde ofició como comerciante. Allí conoció a una mujer argentina con quien luego se casó y decidió irse a vivir con ella a Buenas Aires.
Allá terminó de potenciar sus lazos con la organización terrorista e, incluso, expandir su red de contactos a una conflictiva zona en Suramérica, donde el narcotráfico y el sicariato tienen una especie de meca. Es la región llamada Triple Frontera –en la que colindan Argentina, Brasil y Paraguay–, donde se instaló en una ciudad brasileña conocida como Foz de Iguazú.
En un informe de la inteligencia de Argentina, elaborado en este 2022 y en poder de EL COLOMBIANO–, se recopiló cómo en esa ciudad mimetizó su red terrorista entre el comercio local y la piratería.
Incluso, hay registros oficiales de que en 2002 estuvo preso tras una redada brasilera contra el contrabando, pero tras pagar una fianza logró huir. En esa misma ocasión se destapó una red fiel a Hezbolá que se formó con por lo menos 25 árabes que, al igual que hizo Salman El Reda en Colombia, sobornó a autoridades locales para lograr documentación ilícita que los acreditaba como ciudadanos de Brasil.
“En términos concretos, se le atribuye haber transmitido información indispensable para la concreción del atentado y haber actuado como nexo entre los agentes que actuaron en territorio argentino y aquellos que operaron desde la zona de Triple Frontera”, se advirtió en el documento de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa Amia.
Y se agregó: “En la actualidad se están llevando a cabo investigaciones tendientes a obtener evidencias probatorias sobre quiénes pudieron haberle brindado colaboración en la región, con miras a determinar posibles redes de apoyo a la labor desplegada por el imputado”. Gran parte de la evidencia recaudada para elaborar ese informe se recopiló bajo el mando del fiscal Alberto Nisman, quien el 18 de enero 2015 fue encontrado en su vivienda de Buenos Aires con un disparo en la cabeza.
Nisman, incluso, llegó a acusar judicialmente a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de intentar ocultar a los iraníes vinculados al expediente por el atentado de 1994 cuando ella oficiaba como jefa de Estado. Eso se hizo público la tercera semana de enero de 2015, cuatro días antes de que el fiscal apareciera muerto en su casa privada.
Aunque la Kirchner siempre negó cualquier tipo de irregularidad en ese proceso, el expediente sigue pendiente de resolverse en los tribunales argentinos.
Y, en paralelo, existe una preocupación internacional porque la petición de captura internacional contra Salman El Reda –plasmada en una circular roja de Interpol– expira el 27 de agosto de 2024, ya que la norma de las 190 policías agrupadas en esa organización multilateral indica que estas órdenes tienen cinco años de vigencia prorrogables, que ya están por cumplirse.
Y en Colombia, un país donde Fiscalía, Migración, Registraduría y Policía han desmantelado bandas dedicadas a vender nacionalidades –como lo denunció en su momento EL COLOMBIANO– se verifica si Salman El Reda aún tiene contactos terroristas que pongan en riesgo la seguridad interna. La alerta se mantiene
