El proyecto del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para subir la edad de pensión de 62 a 64 años tiene a cientos de miles de personas en las calles oponiéndose a esa reforma y en declaratoria de huelga.
La tensión enfrente a una ciudadanía que considera injusta el alza de la edad y a un gobierno que defiende que es el único camino para evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones.
Por otro lado, es sabido que esta reforma pensional es una promesa de campaña de Macron en su reelección en abril de 2022. Su intención inicial era subirla a 65 años, pero reculó en ese punto y adelantó a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para cobrar una pensión completa.
Ante el descontento social que ha generado las movilizaciones sociales, el mandatario francés ha dicho que esta reforma es “justa y responsable” y pidió que las manifestaciones transcurrieran “sin desórdenes, violencias ni destrucción”.
En ese sentido, una encuesta de Ipsos refleja lo controversial de esta movida de Emmanuel Macron, pues aunque el 81 %_de los franceses considera necesaria una reforma, el 61 % rechaza la propuesta del Gobierno y el 58 % apoya el movimiento de huelga que han convocado los movimientos sindicales.
Por su parte, el líder del sindicato FO, Frédéric Souillot, advirtió que les “espera un duro conflicto”, recordando la oposición a la reforma pensional que subió la edad de jubilación de 60 a 62 en 2010 que, sin embargo, fue aprobada.
“El gobierno ya perdió una batalla: la de convencer a la gente”, dijo el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon.
Este proyecto gubernamental, sin embargo, enfrenta la oposición de los partidos de izquierda y de los de la oposición de extrema derecha.
De acuerdo con los sindicatos, un 70 % de docentes de primaria participan en el paro y un 65 %de profesores de secundaria. Aunque el Ministerio de Educación rebaja estos cálculos a 42,35 % y 34,66 %, respectivamente.
Así mismo, el sindicato CGT anunció que la mayoría de refinerías registraban entre un 70 % y un 100 %de personal en huelga, que –junto a futuras huelgas– despiertan el temor de una escasez de combustible, como la que se vivió en octubre y que obligó al gobierno a intervenir.
Por ahora, después de estas movilizaciones en rechazo al proyecto, los sindicatos de trabajadores decidirán cómo continuar y, por su parte, el gobierno debe aprobar el lunes su proyecto final, antes de su debate en el parlamento de ese país, que podría prolongarse hasta finales de marzo.
