La dura crisis institucional por la que atraviesa Perú, que tiene en las calles de varias capitales a cientos de personas enfrentándose con la Policía –y que se complementa con un panorama incierto a nivel político–, obligó a la institucionalidad temporal que hoy gobierna a plantear que haya elecciones en abril del 2024.
En efecto, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que tiene listo un documento para plantearle al Congreso un proyecto de ley que adelante los comicios generales, una de las peticiones que con más fuerza se escucha en las calles de Lima, Arequipa, Trujillo y Cusco –entre otras regiones–, donde las manifestaciones son más fuertes. De hecho, en Andahuaylas ya van dos personas muertas.
“He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para abril de 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones”, dijo Boluarte en una alocución que se transmitió comenzando la madrugada de este lunes.
La nueva mandataria peruana asumió su cargo el pasado miércoles en reemplazo de Pedro Castillo, destituido por el Congreso luego de que ordenara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto, convocaría a una asamblea constituyente y a tendría como fin reorganizar el sistema de justicia. Todo un intento de golpe de Estado.
No obstante, Castillo reapareció precisamente este lunes y en un tono desafiante dijo que está “humillado” e “incomunicado”, y que –a su juicio– en el poder ahora está un “usurpadora”.
“El pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones. Basta de abusos, asamblea Constituyente ahora y libertad inmediata”, trinó el mandatario preso.
Este trino se publicó horas antes de un comunicado conjunto de los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia –todos de izquierda–, en el que piden, con cierto tono intervencionista, que se le respeten los derechos a Castillo y que se respete la elección en la que hace año y medio se convirtió en Presidente del Perú. “Nuestros gobiernos hacen llamado a todos los actores involucrados para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”, dice la comunicación conjunta.
Pero Boluarte, su sucesora, dijo que toma la decisión de adelantar elecciones y no terminar su mandato en julio de 2026 al interpretar “de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y, en consecuencia, con la responsabilidad que implica el ejercicio” del Gobierno.
“En el lapso de la hora actual hasta la fecha de realización de las elecciones generales anticipadas, mi gobierno promoverá, así mismo, la concertación en el Congreso de una ley de reforma del sistema político que permita (...) contar con un sistema democrático de gobierno más eficiente, transparente y participativo”, dijo. Con esa reforma, espera que quede al margen “toda la práctica de corrupción y con partidos políticos legitimados por la participación ciudadana”.
“Invoco a todas las fuerzas políticas del país, de las regiones y las provincias, a las autoridades, la sociedad civil y al pueblo peruano a participar en este proceso para que una ola de voluntad democrática y responsabilidad nacional nos guíe y oriente”, finalizó.
Castillo y sus quejas
En medio de todo este contexto de crispación en las calles e incertidumbre política, el destituido presidente Pedro Castillo –quien continúa preso en la Dirección de Operaciones Especiales– aseguró que lo obligaron a sacarse muestras de sangre sin su consentimiento y que, supuestamente, hay un plan “maquiavélico” en su contra.
“Un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento”, denunció Castillo desde su lugar de detención.
La insistencia en la muestra de sangre podría obedecer a las versiones que apuntan a que Castillo tomó la decisión golpista mientras estaba bajo efectos de alguna sustancia psicoactiva.
“No descarto que este plan maquiavélico esté dirigido por la señora fiscal de la Nación, el presidente del Congreso y la señora Dina Boluarte (actual presidenta)”, se quejó sin ninguna prueba el preso Castillo.
