Durante años, Daniel Ortega gobernó bajo una ficción democrática. Había campañas electorales, urnas y anuncios oficiales de victorias aplastantes que le atribuían la mayoría de los votos, pero el resultado estaba definido mucho antes de que los ciudadanos acudieran a las mesas. Los principales adversarios eran encarcelados, los partidos opositores eran anulados y miles de ciudadanos eran despojados de sus derechos políticos. Aun así, el régimen mantenía la apariencia de un sistema electoral para conservar un mínimo de legitimidad internacional.
Ese último velo cayó recientemente cuando Ortega, durante la conmemoración del aniversario de la Revolución Sandinista, aseguró que en Nicaragua no volverá a haber elecciones. La declaración es la confirmación pública de un modelo de poder absoluto construido durante casi veinte años y que ya no considera necesario simular competencia democrática.
El recorrido hacia ese punto comenzó mucho antes. Tras regresar al poder en 2007, Ortega inició una estrategia de captura institucional que incluyó la subordinación del Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, el Parlamento y los organismos de control. Paralelamente, fortaleció una alianza con la Policía, el Ejército y una extensa red de operadores políticos que terminaron convirtiendo al Estado en una estructura al servicio de la familia gobernante.
La ruptura definitiva ocurrió en 2018. Las protestas masivas contra una reforma a la seguridad social evolucionaron rápidamente hacia un movimiento nacional que exigía el fin del régimen. La respuesta fue una represión sin precedentes. Cientos de personas murieron durante las manifestaciones, miles fueron detenidas y decenas de miles emprendieron el camino del exilio. Desde entonces, Nicaragua dejó atrás el autoritarismo competitivo para convertirse en un Estado policial donde las libertades fundamentales quedaron suspendidas de facto.
A partir de ese momento, la estrategia dejó de concentrarse únicamente en la oposición política. El régimen comenzó a desmontar cualquier espacio independiente capaz de cuestionar al poder. Más de 5.500 organizaciones civiles fueron cerradas, incluidas universidades, fundaciones, organizaciones humanitarias y grupos defensores de derechos humanos. La Iglesia católica también fue blanco de una persecución sistemática que terminó con sacerdotes encarcelados, obispos desterrados y órdenes religiosas expulsadas del país.
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La prensa siguió el mismo camino. Según organizaciones especializadas, desde 2018 han cerrado o sido confiscados al menos 61 medios de comunicación, mientras más de 300 periodistas abandonaron Nicaragua para evitar la cárcel. El resultado es que cerca del 65 % del territorio nacional ha quedado convertido en un “desierto informativo”, donde prácticamente no existen medios independientes que documenten lo que ocurre.
Sin embargo, el control del discurso no se limitó a cerrar redacciones. El régimen desarrolló un entramado legal que convirtió el ejercicio periodístico en un riesgo permanente. Leyes sobre ciberdelitos, agentes extranjeros y supuesta defensa de la soberanía fueron utilizadas para acusar de traición a la patria a reporteros, confiscar bienes, retirar nacionalidades y criminalizar cualquier investigación crítica. Las periodistas, además, enfrentaron campañas de violencia sexual, amenazas y persecución contra sus familias.
La represión también alcanzó a intelectuales y figuras emblemáticas de la cultura nicaragüense. Escritores como Sergio Ramírez y Gioconda Belli fueron despojados de su nacionalidad, mientras el periodista Carlos Fernando Chamorro, uno de los principales referentes del periodismo independiente del país, continúa ejerciendo desde el exilio.
El siguiente objetivo fue la justicia.
Durante julio, cientos de abogados comenzaron a descubrir que simplemente habían desaparecido del registro oficial del Poder Judicial. Al ingresar sus datos en la plataforma de la Corte Suprema, el sistema respondía que no existían registros. Sin resolución judicial, sin notificación y sin posibilidad de apelación, dejaron de poder representar clientes, presentar demandas o ejercer como notarios.
Para muchos juristas, la decisión equivale a una muerte profesional. En Nicaragua, la mayoría de abogados depende también de la función notarial para subsistir económicamente. Al eliminar sus credenciales, el Estado no solo les impide ejercer su profesión, sino que destruye su principal fuente de ingresos.
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La magnitud de la purga todavía no puede establecerse con precisión debido al hermetismo oficial. Mientras algunas organizaciones estiman que podrían superar los 2.000 abogados afectados, otras hablan de cientos de casos ya documentados. Lo cierto es que la operación refleja un patrón que expertos de Naciones Unidas consideran característico del régimen: eliminar cualquier actor independiente que pueda interponerse entre el ciudadano y el poder político.
No se trata únicamente de opositores históricos. Entre los afectados aparecen antiguos funcionarios judiciales cercanos al sandinismo, abogados sin militancia política e incluso profesionales que continuaban ejerciendo discretamente dentro del país. El mensaje es claro: la lealtad institucional ya no basta; la única garantía de permanencia es la obediencia absoluta.
Esta depuración ocurre después de una profunda transformación del propio sistema judicial. Desde la intervención policial de la Corte Suprema en 2023, fueron destituidos magistrados, despedidos más de mil funcionarios y modificada la Constitución para reducir el tribunal y concentrar aún más el control en Ortega y Murillo.
La transformación política también tiene un fuerte componente familiar. Nicaragua dejó de ser únicamente una dictadura personalista para convertirse en una estructura dinástica donde Rosario Murillo ejerce la “codictadura” y concentra buena parte de las decisiones estratégicas del régimen. La sucesión parece proyectarse además hacia uno de los hijos del matrimonio, Laureano Ortega, encargado de estrechar relaciones con Rusia y China.
Paradójicamente, esa enorme concentración de poder constituye también una de las principales vulnerabilidades del régimen. Diversos analistas sostienen que el sistema depende casi exclusivamente de la familia Ortega-Murillo y carece de mecanismos institucionales que permitan administrar una eventual transición o resolver conflictos internos.
Mientras tanto, la estabilidad económica continúa siendo uno de los pilares que sostiene al régimen. A diferencia de Cuba o Venezuela, Nicaragua no enfrenta un colapso macroeconómico. Las exportaciones hacia Estados Unidos, las remesas enviadas por la diáspora y el dinamismo del sector privado mantienen indicadores relativamente sólidos.
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A ello se suma una creciente alianza económica con China. En pocos años, el Gobierno ha entregado concesiones mineras equivalentes a cerca del 10 % del territorio nacional a empresas chinas, muchas de ellas creadas recientemente y cuestionadas por organizaciones ambientales e indígenas. El oro se convirtió en el principal producto de exportación de Nicaragua y, paradójicamente, uno de sus principales destinos comerciales continúa siendo Estados Unidos.
La explotación minera representa además una de las mayores contradicciones del sandinismo. La revolución que en los 70 nacionalizó las minas denunciando el dominio de compañías estadounidenses terminó facilitando décadas después la entrega de extensas áreas estratégicas a empresas chinas para la explotación de oro y minerales considerados esenciales en la competencia tecnológica mundial.
En el plano internacional, la caída del régimen de Nicolás Maduro tras la intervención estadounidense incrementó la preocupación en Managua. Diversos analistas sostienen que el episodio fortaleció la paranoia del Gobierno nicaragüense, que respondió endureciendo la vigilancia, incrementando las detenciones y reforzando los mecanismos de control interno para evitar cualquier intento de organización opositora.
Aun así, Nicaragua no parece ocupar el mismo nivel de prioridad en la agenda internacional que otros conflictos regionales. Esa relativa ausencia de presión externa ha permitido a Ortega profundizar su modelo autoritario sin enfrentar consecuencias comparables a las impuestas sobre otros gobiernos.
Hoy, el país aparece clasificado por el índice V-Dem como el menos democrático de América Latina, incluso por debajo de Venezuela y Cuba, y figura entre las cinco autocracias más cerradas del planeta.
La afirmación de Ortega de que no volverá a haber elecciones resume la evolución de un proceso iniciado hace casi dos décadas. El régimen ya no necesita aparentar pluralismo porque previamente eliminó los elementos que podían desafiarlo: partidos políticos, jueces independientes, periodistas, universidades, organizaciones sociales, iglesias y ahora abogados.
La represión en Nicaragua dejó hace tiempo de limitarse a encarcelar opositores. Se convirtió en una estrategia de desmantelamiento sistemático de cualquier institución capaz de generar autonomía frente al Estado. En ese escenario, el silencio es resultado de una arquitectura política diseñada para impedir que existan alternativas de poder. La mayor incógnita ya no es hasta dónde puede llegar el control del régimen, sino cuánto tiempo puede sostenerse un sistema construido casi exclusivamente sobre la concentración absoluta del poder y la supresión de toda disidencia.
Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Daniel Ortega anunció que en Nicaragua ya no habrá elecciones?
- Sí, Ortega afirmó durante la conmemoración del aniversario de la Revolución Sandinista que en Nicaragua no volverá a haber elecciones, lo que representa una confirmación pública del modelo de poder que el régimen ha consolidado durante casi dos décadas.
- ¿Qué ocurrió en Nicaragua en 2018 y por qué se considera un punto de inflexión?
- Las protestas iniciadas contra una reforma a la seguridad social derivaron en un movimiento nacional contra el Gobierno. La respuesta fue una fuerte represión, con cientos de fallecidos, miles de detenidos y decenas de miles de personas exiliadas, marcando el paso hacia un Estado con mayores restricciones a las libertades.
- ¿Por qué cientos de abogados dejaron de poder ejercer en Nicaragua?
- Porque sus registros desaparecieron del sistema oficial del Poder Judicial, según la noticia. Esto les impide representar clientes, presentar demandas o actuar como notarios, sin que se mencione una resolución judicial, notificación o mecanismo de apelación.
- ¿Cuántos medios de comunicación han cerrado o sido confiscados en Nicaragua desde 2018?
- Según organizaciones especializadas, al menos 61 medios de comunicación han cerrado o fueron confiscados desde 2018. Además, más de 300 periodistas habrían abandonado el país para evitar ser encarcelados.
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