Entre estos casos, destacan políticos como el presidente ruso Vladímir Putin, el expresidente sudanés Omar al-Bashir y Saif al-Islam Gadafi, hijo del exdictador libio Muamar el Gadafi.
La Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal permanente establecido para juzgar por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, solicitó emitir una orden de arresto para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Esto se suma a otras órdenes de arresto emitidas para mandatarios, expresidentes y demás personajes del ámbito geopolítico reconocidos a nivel internacional.
Vladímir Putin, presidente de Rusia
En 2023, la CPI ordenó el arresto para el presidente ruso Vladímir Putin y Maria Lvova-Belova, la Comisionada rusa para los Derechos de los Niños. Estas órdenes, emitidas el 17 de marzo de 2023, los acusan de la deportación y transferencia ilegal de niños desde regiones ocupadas de Ucrania a Rusia, acciones clasificadas como crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma.
Se alega que Putin y Lvova-Belova son responsables de estos crímenes cometidos en territorios ucranianos ocupados desde 2022. Por parte de la CPI es la primera vez que se emite una orden de arresto contra un líder en ejercicio de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Omar al-Bashir, expresidente de Sudán
Omar al-Bashir, el expresidente de Sudán, enfrentó acusaciones de abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra durante su mandato. La CPI emitió dos órdenes de arresto en su contra en 2009 y 2010, acusándolo de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en relación con el conflicto en Darfur.
Sin embargo, Omar al-Bashir aún no ha sido entregado a la CPI. En cambio, permaneció en Sudán hasta abril de 2019, cuando fue derrocado del poder después de meses de protestas contra su régimen. Después de su destitución, enfrentó cargos relacionados con la corrupción y fue detenido en Sudán, sin embargo, actualmente es protegido por el Ejército.
La CPI explica que hasta que Al Bashir sea arrestado y trasladado a la sede de la Corte en La Haya, el caso permanecerá en la etapa previa al juicio. La CPI señala que “no juzga a personas a menos que estén presentes en la sala del tribunal”.
Lea también: Gobierno de Ucrania se prepara para una ofensiva mayor por parte de Rusia
Saif al-Islam Gadafi, hijo de exdictador de Libia
Saif al-Islam Gadafi, el hijo del exlíder libio Muamar el Gadafi, también ha estado implicado en asuntos relacionados con la CPI. En 2011, la CPI emitió una orden de arresto contra Saif al-Islam Gadafi por crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos durante el levantamiento contra el régimen de su padre en Libia.
En 2015, un tribunal libio condenó a muerte a Saif Gaddafi. Ante esta situación, la CPI “exigió la entrega de Saif Gaddafi a la CPI y pidieron a Libia que no prosiga con la ejecución”, sin embargo, el país se niega a entregarlo al alto tribunal.
Maxime Jeoffroy, exministro de desarme de la República Centroafricana
El mandato de arresto contra Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka, exministro de desarme de la República Centroafricana, fue emitido en 2018 por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la República Centroafricana. Mokom fue entregado a la CPI en 2022.
Posteriormente, la audiencia de confirmación de cargos comenzó en 2023, pero aún no se había concluido, ya que las partes aún debían presentar sus alegatos sobre el caso.
Finalmente, en octubre de ese mismo año, la “Sala de Cuestiones Preliminares II terminó los procedimientos en el caso Mokom y ordenó la liberación inmediata de Mokom”, sin embargo el exministro se encuentra en una ubicación temporal designada por la CPI.
Le puede interesar: Petro celebra que Cuba salga de la lista de países que apoyan al terrorismo y felicita a Biden
Simone Gbagbo, ex primera dama de Costa de Marfil
Simone Gbagbo, la ex primera dama de Costa de Marfil, fue condenada en 2015 por un tribunal nacional en Costa de Marfil por socavar la seguridad del Estado y sentenciada a 20 años de prisión.
Sin embargo, la CPI también buscaba su extradición para enfrentar cargos por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante la crisis postelectoral en Costa de Marfil entre 2010 y 2011. El alto tribunal señala que “Costa de Marfil aún tiene la obligación de entregarla a La Haya para enfrentar los cargos”.
