Atrás quedaron los años en que, dada la bonanza petrolera y el férreo liderazgo regional de Hugo Chávez, el bloque regional Mercosur agachaba la cabeza a la influencia venezolana a pesar de las numerosas denuncias internas y externas por violaciones a los derechos humanos.
Esta semana, las tensiones entre miembros tradicionales del grupo —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— y un intransigente Venezuela, llegaron a un punto de no retorno.
“El plazo de concesión a Venezuela para que ajuste sus leyes a la normativa del Mercosur se agotó. La medida obedece a que se ha constatado la persistencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por Venezuela en el Protocolo de Adhesión”, establece un comunicado del ministerio de Exteriores de Paraguay, en el que asegura que la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, fue notificada.
Desde agosto, mes en que Venezuela debía asumir la presidente por-tempore del bloque, Paraguay y Argentina se empezaron a oponer fuertemente a la presencia de dicho país. Esa primera situación se evitó, pero en los últimos dos meses se amplió a la posibilidad de su expulsión. ¿El motivo? La grave situación de vulneración de derechos humanos y libertades políticas en territorio venezolano, que contraviene los principios y tratados del bloque.
“Por cuanto antecede, fundado en lo que dispone, en esta materia, la Convención de Viena, tanto en carácter de principio general del derecho como en su condición de norma consuetudinaria, se ha decidido el cese del ejercicio del derecho del Estado Parte ya citado”, añade el texto.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, respondió que “Venezuela no ha sido notificada conforme a las normas de Mercosur, y por lo tanto no sabemos lo que se pretende hacer, que no es más que un golpe de Estado”.
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