El expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro comenzó desde este jueves un capítulo judicial que podría sacarlo de la vida política en Brasil por al menos 8 años. Eso, en la práctica, sería acabar de tajo con su carrera.
En efecto, el Tribunal Superior Electoral (TSE) lo juzga por ataques proferidos contra el sistema de votación electrónica en Brasil durante una reunión con embajadores en julio de 2022, tres meses antes de ser derrotado en las urnas por el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, el actual Jefe de Estado.
Los siete magistrados de la corte abrieron la sesión plenaria en la sede del tribunal en Brasilia, pero –tras tres horas de deliberación– quedó suspendida hasta el próximo martes. En todo caso, a los jueces les corresponde expresar a uno por uno su voto, en un escenario en el que Bolsonaro defiende su inocencia.
De hecho, este jueves viajó a Porto Alegre (sur), donde fue recibido en el aeropuerto por decenas de seguidores, algunos portando los colores de Brasil. En esta ciudad, se reunió con gente del Partido Liberal, con el cual ha hecho su carrera política.
“Caso Dreyfus”
En su discurso ante los diplomáticos en la residencia presidencial de la Alvorada, Bolsonaro aseguró sin pruebas que buscaba “corregir fallas” del sistema de urnas electrónicas vigente con la “participación de las Fuerzas Armadas”.
El excapitán dijo que la supuesta vulnerabilidad del sistema podía servir para manipular el resultado electoral en su contra. Ese argumento atizó posteriormente a parte de sus seguidores radicalizados, que el 8 de enero de 2023, días después de la toma de posesión de Lula, invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
La fiscalía pidió que el exmandatario (2019-2022) sea declarado “inelegible” debido a “abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación”.
El discurso, según la fiscalía, “intentó dar la impresión equivocada de que el proceso electoral es oscuro” y fue propicio a “manipulaciones”, con el “objetivo de desacreditar el resultado, mientras las encuestas indicaban ventaja de un adversario (Lula)”, destacó el juez Benedito Goncalves, en la lectura del relatorio con el que abrió el juicio.
Por su parte, el abogado de Bolsonaro Tarcisio Vieira comparó el caso al del célebre capitán Dreyfus, injustamente condenado en Francia a finales del siglo XIX.
“Se volvió uno de los mayores errores judiciales de la historia”, dijo el abogado, pidiendo que no se repita lo mismo con Bolsonaro.
El expresidente afirmó el miércoles que no hizo “ninguna crítica, ni un ataque al sistema electoral. (...) Hice una presentación sobre cómo funcionaban las elecciones en Brasil”.
Sin embargo, se da casi por descontado que Bolsonaro, de 68 años, será condenado, dijeron a la AFP dos fuentes judiciales que han seguido el trámite. “La duda es cuántos votos en contra tendrá”, aclaró una de ellas.
De nuevo ante la prensa
El expresidente ha tenido escasas apariciones públicas desde que regresó a Brasil el 30 de marzo después de residir tres meses en Estados Unidos, mientras ha mantenido reuniones con el PL, mayoritario en el Congreso.
Sin embargo, en las últimas horas dio varias declaraciones a la prensa. El miércoles aseguró “no saber” si volvería a ser candidato a algún cargo público, aunque dejó clara su intención de mantenerse “activo” en la política y “colaborar con el futuro de Brasil”.
Aunque fuera inhabilitado, Bolsonaro podría conservar un rol de liderazgo en la derecha brasileña, según analistas.
El ultraderechista perdió por una estrecha diferencia de votos frente a Lula, de 1,8 puntos porcentuales. Los partidos conservadores dominan además el actual Congreso.
Bolsonaro “tiene un gran electorado que se deja influenciar por él. Actuará entre bastidores y usará su poder de transferencia de votos e influencia en favor de candidatos”, dijo Marco Antonio Teixeira, politólogo de la Fundación Getulio Vargas.
Lula aún no se pronuncia
La del Tribunal Superior Electoral será la primera de una serie de decisiones que podrían recaer sobre el exmandatario, quien enfrenta más de una decena de procesos administrativos en el tribunal electoral. Además, es objeto de cinco investigaciones en el Supremo Tribunal Federal, con penas susceptibles de prisión, incluyendo una por su presunto papel como autor intelectual de la asonada del 8 de enero. Por su parte, el gobierno de Lula se ha mantenido a distancia de los problemas judiciales de Bolsonaro, sin dar recientemente declaraciones al respecto.