Autoridades locales pidieron la detención provisional del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sobre quien pesan señalamientos por narcotráfico y a quien Estados Unidos pidió en extradición el pasado 10 de febrero. Por esto, la noche del lunes se observó un fuerte dispositivo de seguridad en su residencia en la colonia San Ignacio de la capital Tegucigalpa.
La información fue proporcionada a la AFP por fuentes oficiales cercanas al caso, y se conoció poco después de que la Cancillería de Honduras informó en su cuenta de Twitter que remitió a la Corte Suprema “comunicación oficial de la Embajada de los EE. UU.”, solicitando formalmente el arresto provisional de “un político hondureño”, no mencionado, con el propósito de extradición a Estados Unidos.
En tanto, la cadena informativa CNN exhibió el documento en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras hace a la Corte Suprema la “solicitud formal de arresto provisional con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América de Juan Orlando Hernández Alvarado, alias JOH”.
El abogado de Hernández, Hermes Ramírez denunció en el telenoticiero TN5 que su representado estaba siendo objeto de “atropellos”, al ser rodeada su vivienda por un cordón policial que impedía el acceso de sus asesores y de la comisionada estatal de Derechos Humanos.
Explicó que no se le había notificado la orden de captura, ni “se ha nombrado juez natural” para llevar a cabo el proceso de extradición, como es habitual en este tipo de casos, reclamó.
Según conoció la AFP, la Corte Suprema convocó de urgencia para este martes a los magistrados para “la designación del juez natural” que se hará cargo del caso.
“Actos corruptos”
El pasado 7 de febrero el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, había afirmado que Hernández fue incluido el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras.
“Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a actos corruptos”, detalló Blinken. “Nadie está por encima de la ley”, subrayó.
Hernández, quien dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras ocho años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York en nexos con el narcotráfico. Su hermano, el exdiputado “Tony” Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por ese mismo delito.
En un comunicado, Blinken apuntó que “según múltiples informes creíbles de los medios”, Hernández “se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas”.
“Además, Hernández fue identificado por su nombre en el testimonio de un testigo bajo declaración jurada en un proceso penal federal de Estados Unidos por haber recibido ganancias del narcotráfico como parte de la financiación de su campaña”, agregó.
Fiscales estadounidenses se han referido al exgobernante como “co-conspirador”, aunque no existía una acusación formal en su contra.
El expresidente Hernández ha negado todos los cargos y asegura que las acusaciones son una venganza impulsada por los mismos capos de la droga que su gobierno capturó o extraditó a Estados Unidos.
Argumentó que entre 2014 y 2021 se extraditaron 28 capos y otros 31 se entregaron a Estados Unidos, en tanto se decomisaron 41.240 kg de cocaína, entre otros logros de su lucha contra el narcotráfico.
Temor de fuga
Tras entregar el poder a Xiomara Castro, primera mujer presidenta de Honduras, Hernández fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo, lo que le concede derecho a inmunidad y antejuicio.
Hernández “goza de la protección como diputado del Parlamento Centroamericano”, dijo su abogado.
Poco antes de dejar el cargo, JOH, como se le conoce por sus iniciales, viajó sorpresivamente a Nicaragua para firmar un tratado de límites marítimos con el gobernante Daniel Ortega, situación que despertó suspicacias sobre la posibilidad de usar ese territorio para escapar de la justicia.
“Hernández ha tenido reuniones con Ortega, y Ortega ya les dio refugio a dos expresidentes de El Salvador, y Nicaragua no tiene tratado de extradición con los Estados Unidos (...) Estando en Nicaragua, la justicia norteamericana no va a poder agarrarlo”, dijo a la CNN Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la agencia antidrogas estadounidense (DEA).
