Argentina declara servicios públicos y esenciales a internet, TV y telefonía

Alberto Fernández, presidente de Argentina. FOTO: AFP

Agencia EFE

22 de agosto de 2020

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El Gobierno argentino declaró que internet, la televisión paga y la telefonía celular y fija son “servicios públicos y esenciales” y decidió congelar sus tarifas hasta el 31 de diciembre.

“Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos”, anunció el presidente Alberto Fernández a través de su cuenta en Twitter.

Fernández señaló que de esta forma se recuperan “herramientas regulatorias que el Gobierno anterior quitó al Estado” y anticipó que no podrá haber ningún aumento de tarifas sin la aprobación oficial.

“La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”, informó el mandatario.

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La medida, establecida a través de un decreto de necesidad y urgencia presidencial, congelará las tarifas de los servicios telefónicos, de internet y de la televisión paga hasta el 31 de diciembre de 2020, informaron fuentes gubernamentales.

Esta decisión se suma al congelamiento de las tarifas de electricidad y gas hasta finales de año, luego de que en junio se decidiera prorrogar por otros 180 días la medida en ese sentido que se había dispuesto en la denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que aprobó el Congreso pocos días después de la asunción, el 10 de diciembre pasado, del Gobierno del peronista Fernández.

En aquel momento también se dispuso la prohibición de corte de los servicios de luz, agua, telefonía, internet y televisión por falta de pago.

Argentina se encuentra desde hace más de dos años en recesión, en una crisis que se profundizó por el impacto de la pandemia de coronavirus y llevó a un mayor deterioro de los indicadores sociales, con cerca del 40 % de la población bajo la línea de pobreza, un aumento del desempleo y una fuerte caída de la actividad económica.